El caso de la comida deshidratada del PAN: jueza decidirá en 30 días

El caso de la comida deshidratada del PAN: jueza decidirá en 30 días


La titular del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, Lorena Hernández, se acogió al término de 30 días para decidir si abre o no causa criminal a ocho personas acusadas de la presunta comisión de delitos contra la administración pública, contra la salud pública y tráfico de influencias, como parte del proceso que le sigue la pista a supuestas irregularidades en la compra de comida deshidratada con fondos del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Durante tres días de audiencia, la fiscal anticorrupción Kyra Tascón presentó pruebas y solicitó llamamiento a juicio para el exdirector del PAN Giacomo Tamburelli; al igual que para Rubén De Ycaza, dueño de la compañía Lerkshore International, a la que se le adjudicó el contrato, y para otras seis personas. Pidió el sobreseimiento de una más.

Los abogados defensores, en tanto, pidieron el sobreseimiento para cada uno de sus representados.

En este proceso se busca deslindar responsabilidades por supuestas irregularidades “en el proyecto de compra de alimentos deshidratados para las escuelas oficiales en los corregimientos con mayor índice de pobreza en el año 2010, a través del PAN, donde una auditoría de la Contraloría General de la República reveló una lesión de $14.5 millones”, indica una nota de prensa del Ministerio Público (MP).

El MP también recordó que la vista fiscal en este caso fue enviada en octubre de 2016, documento en el que se concluyó “que ese proyecto [compra de comida deshidratada] no cumplió con el fin para el cual fue creado”.

La audiencia se inició el pasado martes 22 de junio y culminó ayer. El acto se desarrolló en el salón de audiencias del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales.

En la audiencia también actuó el fiscal anticorrupción Adecio Mojica.

Este es el segundo caso que el MP investigó sobre la compra de alimentos deshidratados. El primer proceso implicó un monto más alto: $44.9 millones, y el extinto Juzgado Decimoquinto Penal, a cargo del juez Leslie Loaiza, sobreseyó en 2015 a varios de los procesados, entre ellos, dos exministros.

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