El secuestro de las cuentas corrientes, de ahorros, plazo fijo, acciones y cajillas del abogado Moisés Bartlett, precedido por una denuncia por el delito de extorsión interpuesta por la representación legal de la sociedad Panamá NG Power, según ha informado Wilfredo Jordán el jueves 16 de septiembre de 2021 en La Prensa, representan los hitos más recientes de una peligrosa tendencia en Panamá: el uso del sistema judicial para silenciar a los críticos sociales.
En el caso de Bartlett su pecado ha sido cuestionar lo relativo al desarrollo de una concesión de generación eléctrica en base a gas natural, que desde un principio fue sumamente llamativa, ya que, este proyecto “... que nunca construyó Panamá NG Power y que se había ganado a través de una licitación en la que no hubo otros proponentes” (Wilfredo Jordán, La Prensa 2 de junio de 2021), ha vuelto a la vida gracias a que un consorcio de capital estadounidense compró la concesión.
El abogado Bartlett ha señalado públicamente que la nueva empresa generadora de gas natural requerirá que el Estado deba pagar el exceso de energía en el sistema de generación y, por consiguiente, para evitar que la tarifa eléctrica aumente, el Estado tendrá que incrementar el subsidio a este sector. Por estas críticas y su actividad como abogado en favor de los bienes públicos, Bartlett enfrenta la denuncia de extorsión, el secuestro de sus bienes, acompañados de una campaña propagandística de desprestigio.
Bartlett no es el único panameño que es víctima del acoso judicial. La imputación, el 1 de septiembre pasado, al periodista Mauricio Valenzuela por el delito de “violencia de género” inexistente representa otro ejemplo del acoso judicial. En el caso de Valenzuela, la diputada Zulay Rodríguez lo denunció por este delito tan serio con la obvia finalidad de producir censura y causar escarnio entre periodistas y opositores de la diputada.
Valenzuela, un periodista y activista conocido por desenmascarar escándalos como la fiesta en La Fragata, las 500 bolsas de comidas en San Francisco, y otros ejemplos de abusos de poder es un blanco de alto perfil, para el acoso judicial.
Algunos sectores, incómodos con el activismo de Valenzuela, han demeritado la imputación como una excentricidad de la que algunos diputados son capaces. Más allá de este caso particular, la imputación de Valenzuela confirma una tendencia salida de control, según lo han denunciado organizaciones como el Consejo Nacional de Periodismo y el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información.
Una tendencia preocupante
El uso del sistema judicial para el acoso de periodistas y críticos ha retomado vigencia en los últimos años. El año pasado, la jueza de Garantías Elkis Martínez, aplicando las normas de protección de las víctimas, ordenó a la Corporación La Prensa y al periodista Rolando Rodríguez no investigar ni publicar más sobre la trama de posible corrupción judicial descubierta por el periódico español El Mundo.
La absurda medida contó con el visto bueno de la Corte Suprema, principal órgano sospechoso de la posible corrupción. La medida de censura de la jueza Martínez no solo atentó contra la libertad de expresión, si no que violó el principio de defensa del periodista Rodríguez y de La Prensa, ya que no podrían investigar sobre las situaciones que le servirían de defensa en su propio caso.
Por otra parte, la periodista Linett Lynch fue condenada a pagar 2 millones de dólares como indemnización de una demanda civil interpuesta por una ex funcionaria judicial, sobre la que Lynch había escrito.
El caso tenía sus elementos de Ripley, ya que la periodista fue demandada solidariamente con el medio impreso que publicó el reportaje. A medio camino, el diario quedó excluido de la demanda y la periodista quedó sola, prácticamente sin defensa legal. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, en la que se confirmó la cuestionable decisión.
Los periodistas y los medios no son las únicas víctimas del acoso judicial. Por ejemplo, Max Crowe, un empresario residente en el barrio de Albrook, fue secuestrado civilmente porque la asociación de propietarios que presidía se había opuesto a que se violaran las normas de zonificación del sector residencial de su comunidad.
A Crowe le sacaron sus artículos personales, incluso sus muebles, de su casa, para guardarlos en un depósito a la espera de que algún día haya justicia en este país.
El caso de Katy Mcgrath es muy emblemático. En un país sediento de inversión extranjera, lo sucedido a esta inversionista estadounidense es de película de terror.
Después de adquirir un apartamento en el PH Crystal, la estadounidense se encontró con la sorpresa de que sus vecinos de arriba, habían convertido su apartamento para otros propósitos distintos a los residenciales, afectando el techo de Mcgrath, y poniendo en riesgo su vida.
Luego de obtener el respaldo determinado del Sinaproc y ganar las instancias judiciales, el municipio de Panamá se salió con que no tenía fondos para la demolición de las obras irregulares. Mientras tanto, los responsables del desmán secuestraron la administración del PH Crystal, e interpusieron acciones legales contra los exfuncionarios que respaldaron a Mcgrath.
El costo de la crítica al poder
Los casos arriba presentados podrían dar la impresión de que se trata de prácticas limitadas a la capital de la República. Esto no es cierto. Así, la activista Larissa Duarte, residente cercana al Río Cobre en Veraguas, fue demandada por 10 millones de dólares por una empresa que culpa a Duarte por haber organizado la oposición comunitaria contra su proyecto hidroeléctrico.
A su vez, la comunicadora Ligia Arreaga, quien dedicó años de su vida a darle voz a las preocupaciones comunitarias y ambientales en Darién, tuvo que salir de Panamá por las amenazas que recibía contra su vida y bienestar.
La Causa: denunciar la corrupción y la devastación ambiental en Darién. Luego de regresar al país Arreaga se encontró con la realidad de que algunos de los señalados por ella, terminaron interponiendo un caso penal en su contra, por delitos contra el honor. Al no contar con los vastos recursos necesarios para una buena defensa legal, Arreaga optó por abandonar nuevamente el país.
Estos casos son la punta del témpano de hielo, que demuestran la fragilidad de un sistema de justicia que es incapaz de detener lo que abiertamente constituye un acoso judicial desmedido y una perversión del Estado de derecho. Manchar la reputación de Mauricio Valenzuela con el estigma de que fue imputado por violencia de género es una canallada de la peor clase.
Dejar a Moisés Bartlett sin cuentas bancarias equivale a una amenaza pública contra todos aquellos que osen cuestionar a las empresas de gas natural. La viabilidad de la democracia panameña y de las libertades de los ciudadanos dependen de que los fiscales y jueces entiendan que tienen que defender la libertad de expresión y el derecho a criticar los asuntos públicos, como fundamentos de una sociedad abierta y funcional.
El acoso judicial contra periodistas, abogados, inversionistas extranjeros y activistas dice mucho sobre el tipo de sociedad en la que vivimos, si permitimos que ellos sigan siendo acosados, el camino queda despejado para todos los demás ciudadanos y habitantes de este país.
