Panamá ingresó al Parlamento Centroamericano (Parlacen) en mayo de 1994, en las postrimerías del gobierno de Guillermo Endara (1989-1994). Quince años después, Panamá decidió abandonarlo, luego de que este se convirtiera en refugio de políticos perseguidos por la justicia.
En la campaña electoral de 2009, y luego de tres lustros de escándalos, los entonces candidatos presidenciales Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela –por separado– prometieron sacar a Panamá del Parlacen. Sus campañas terminaron fusionadas en una sola nómina que derrotó a Balbina Herrera, candidata del entonces gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD).
El 19 de agosto de 2009, el entonces canciller, Juan Carlos Varela, comunicó al Parlacen la intención de retirar a Panamá de dicho organismo. Luego, la Cancillería hizo la denuncia formal del Tratado Constitutivo del Parlacen e inició una gira diplomática para lograr un acuerdo con los estados miembros.
Al no lograr el consenso necesario, mediante la Ley 78, de 11 de diciembre de 2009 –sancionada por Martinelli como presidente, y Varela como canciller– fueron derogadas las leyes que ratificaron el Tratado Constitutivo y demás protocolos del Parlacen.
Los expresidentes
Expresidentes y ex vicepresidentes de los países miembros se convierten automáticamente en diputados del Parlacen al concluir su mandato. En el caso del fenecido expresidente Guillermo Endara (1999-9194), jamás se incorporó al Parlacen.
Desde entonces y hasta la fecha, el único otro que no lo ha hecho es el expresidente Juan Carlos Varela.
Orígenes
La administración Endara se sumó al proyecto de integración regional influido en gran medida por la Unión Europea, que por entonces promovía replicar su modelo político en Centroamérica.
Pero la pertenencia de Panamá al organismo generó recelos desde sus inicios. Omar Jaén –que fungió como vicecanciller del gobierno de Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), en un artículo publicado en La Prensa en 1999, narró los orígenes de la vinculación de Panamá con el organismo.
“En octubre de 1994, justo cuando se instalaba el primer grupo de panameños electos en el Parlacen, hubo en Panamá dos corrientes: la Cancillería que se oponía, dirigida por Gabriel Lewis Galindo, y la Asamblea Legislativa, que presidió Gerardo González, que apoyaba decididamente la participación de Panamá en el Parlacen. El argumento de Lewis Galindo y de mi persona era que dicho organismo no servía en nada los intereses de Panamá, no tenía ninguna real función legislativa, era un foro costoso de discusión bizantina y sobre todo refugio, por la inmunidad parlamentaria, de algunos dirigentes regionales, acostumbrados a la impunidad. González, cuya tesis finalmente prosperó, parecía tener aspiraciones de liderazgo también en Centroamérica”.
Pérez Balladares, primer expresidente-diputado
Pérez Balladares fue el primer expresidente que se convirtió en diputado del Parlacen y el primero en utilizar sus privilegios, logrando obstaculizar una investigación en su contra: el caso PECC.
Dos años después de abandonar el cargo, al expresidente se le iniciaron investigaciones, tanto por la Contraloría, como por la Fiscalía Anticorrupción, por su presunta vinculación con el otorgamiento de una concesión en la entrada del Canal.
“El [entonces] contralor, Alvin Weeden, explicó que una diligencia realizada por la Dirección General de Auditoría tenía como propósito determinar la vinculación que podía tener el expresidente Pérez Balladares con el permiso de concesión entre la Autoridad Portuaria Nacional y la empresa Ports Engineering and Consultants Corp. (PECC), formalizada durante su periodo presidencial”, reportó el Panamá América el 11 de mayo de 2004.
“En su explicación, Weeden aseguró que a Pérez Balladares se le investigó por haber recibido dividendos de la empresa PECC, acreditándose que es accionista en el orden del 7.5% del total accionario de esta empresa y su plena vinculación con la empresa Fonte Investment Ltd., accionista de PECC”, añadió el rotativo.
Interviene la Corte
Los abogados de Pérez Balladares presentaron un amparo de garantías constitucionales contra las resoluciones emitidas por las autoridades que lo investigaban.
“La apertura de una auditoría, a fin de investigar un posible enriquecimiento injustificado por parte del expresidente Pérez Balladares, implican, además de las violaciones al debido proceso, una flagrante violación de la inmunidad parlamentaria que goza el prenombrado, situación que es motivo suficiente para que el presente amparo de garantías constitucionales sea concedido”, dijo la Corte Suprema.
En un fallo, cuyo ponente fue José Troyano –esposo de Dania de Troyano, la secretaria del expresidente, que lo había designado magistrado–, y que sumó el voto del resto de los magistrados designados por él, decretó “la nulidad de las investigaciones iniciadas en su contra”.
Paradójicamente, una década después, la propia Corte anuló la concesión otorgada por Pérez Balladares, indicando que “la concesión a PECC se hizo sin cumplir los procedimientos de la Ley 16 de 1992 sobre privatización de los servicios públicos”.
Mireya Moscoso
Como candidata y presidenta, Mireya Moscoso (1999-2004) denunció reiteradamente el Parlacen. “Se debe eliminar, pues se gasta plata inútilmente”, y afirmó que no formaría parte de este.
Por ello, cuando en enero de 2005 fue a Guatemala a tomar posesión, fue duramente criticada. “La sorpresiva llegada de Moscoso al foro regional causó la molestia de varios diputados que abandonaron el hemiciclo en señal de protesta”, reportó la agencia de noticias Acan-Efe.
Tal fue el disgusto, que miembros del Parlacen pidieron que no se juramentara. “Moscoso es investigada en su país por la pérdida de las facturas que comprueban el destino de $23 millones en donaciones de Taiwán”.
Laura Peña, diputada de El Salvador, calificó como una ironía la llegada de Moscoso, pues acusó al Parlacen de ser “una cueva de ladrones y ahora se refugia en él”.
Martín Torrijos
Antes de dejar su mandato, el expresidente Martín Torrijos (2004-2009) fue claro: no habría dudas de que él se juramentaría como diputado.
A Torrijos lo venía persiguiendo, desde años atrás, el escándalo del Cemis. Por su condición de diputado del Parlacen, las pesquisas por su vinculación al caso quedaron en la Corte Suprema de Justicia.
En 2010, la defensa de Torrijos presentó una serie de recursos en la Corte, alegando, entre otras cosas, la nulidad del caso por violación a su fuero de diputado del Parlacen. Dos años después, en una jugada que luego imitaría Ricardo Martinelli, Torrijos renunció al Parlacen a fin de que la Corte perdiera competencia y el caso quedara en el limbo.
En agosto de 2014, la Corte terminó favoreciéndolo. El fallo se produjo tras acoger el argumento de la nulidad esgrimido por Torrijos: “se le estaba procesando mientras tenía inmunidad como diputado del Parlacen”.
Ricardo Martinelli
La historia del expresidente Martinelli (2009-2014) en relación con el Parlacen es harto conocida. Atacó duramente el organismo en su campaña; sancionó la ley para que Panamá oficialmente se saliera de este, pero terminó viajando a Guatemala para juramentarse como diputado al día siguiente que dejó la Presidencia.
Cuando el caso de los pinchazos avanzaba en la Corte Suprema –por su condición de miembro del Parlacen–, anunció que renunciaba a su condición de diputado, a fin de que la Corte perdiera competencia en su caso. Martinelli terminaría siendo declarado “no culpable” por un tribunal inferior, compuesto por tres jueces interinos.
Corte aborta la salida
Mientras Martinelli era presidente, ocurrió otro hecho sorprendente. Al inicio de su gobierno, la Cancillería recurrió a la aprobación de la Ley 78 de 2009, luego de que Guatemala y Nicaragua se opusieron a que Panamá abandonara el Parlacen, con lo cual no pudo conseguir la unanimidad requerida para salirse del foro regional.
Pero la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley dos años después y, por ende, todo el proceso de salida de Panamá del organismo. El 24 de enero de 2012, el entonces presidente de la Corte Suprema, Alejando Moncada Luna, anunció en conferencia de prensa que “la Ley 78, que deroga las leyes que aprueban los instrumentos internacionales relativos al ingreso de Panamá al Parlacen, fue declarada inconstitucional”.
El fallo tuvo como ponente a Harry Díaz y respaldado por Luis Ramón Fábrega y Hernán De León, todos designados por Martinelli. A la opinión se sumaron los perredistas Oydén Ortega, Víctor Benavides y Harley Mitchell, así como Luis Carrasco, suplente de Jerónimo Mejía.
El analista de políticas públicas del Centro para la Libertad y Prosperidad Global, Juan Carlos Hidalgo, opinó en julio de 2013 que “era lamentable que el gobierno de Ricardo Martinelli diera un giro en su posición y ahora buscara reincorporar a Panamá a lo que tildó de desprestigiada institución”.
Martinelli, a su turno, dijo que solo le quedaba “acatar un fallo de la Corte que declaró inconstitucional la salida del país de ese organismo”.
Para Torrijos, que entonces ocupaba su escaño en el Parlacen, Panamá se equivocó al retirarse del organismo. “Quién puede entender a un Estado que, por un lado, dice que está comprometido con la integración y se empeña en firmar acuerdos comerciales y, por otro lado, sin ninguna razón, se retira del Parlacen”, dijo Torrijos a La Estrella de Panamá.
La familia Martinelli y su larga vinculación con el Parlacen
La controversia sobre la juramentación de los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares no es la primera que vincula a esta familia con el Parlacen. Tampoco lo fue la juramentación que hizo su padre, el expresidente Ricardo Martinelli, al día siguiente de haber dejado el poder, en 2014.
En 2009, Ramón Ricardo Martinelli, primo del entonces mandatario, y quien era diputado al Parlacen por el partido Cambio Democrático (CD), fue capturado en México, por presunto lavado de dinero. En 2013 fue absuelto.
Ya en 2001, la inmunidad que le dio el Parlacen a Ramón Ricardo Martinelli fue un escollo al que se enfrentaron las autoridades electorales en la investigación que se le siguió por la presunta violación del Código Electoral, por un caso relacionado con el cobro de cuotas a trabajadores del Idaan, mientras él era el tesorero de CD.
En las elecciones generales de 2019, los hermanos Martinelli Linares fueron incluidos en la lista del CD y del Partido Alianza como candidatos a suplentes de diputado del Parlacen.
Ante la solicitud de extradición que han presentado las autoridades de Estados Unidos a Guatemala –para que los hermanos Martinelli Linares enfrenten procesos judiciales– acusados de conspiración para lavar dinero y otros cargos criminales, ante una corte de Nueva York, estos han alegado, precisamente, tener los fueros y privilegios diplomáticos que el Parlacen regala a sus miembros.
La primera controversia
Dado que Panamá carecía inicialmente de un mecanismo para elegir a los 20 diputados que representarían al país ante el Parlacen, se estableció que sería el Ejecutivo quien designara a los primeros representantes, de forma que la delegación fuera representativa de los partidos políticos vigentes.
El presidente Guillermo Endara acordó en 1994 nombrar los 10 primeros “observadores” al organismo, y dejar que su sucesor, Ernesto Perez Balladares, que tomaba posesión el 1 de octubre, nombrara los 10 restantes.
El nuevo presidente, empero, no respetó el acuerdo, y revocó las designaciones hechas por su antecesor.
“Endara informó cuando procedió a designar a los observadores que luego fueron destituidos por Pérez Balladares, que ambos habían llegado a un acuerdo para nombrar cada uno la mitad de la delegación que representaría al país ante el organismo”, reportó Inter Press Services el 12 de noviembre de 1994.
“Voceros de la oposición acusaron a Pérez Balladares de haber faltado a la palabra empeñada con el gobierno saliente y dijeron que la designación de una delegación afín al actual gobierno no sería un fiel reflejo de las distintas posiciones que existen en el espectro político panameño”.
