Con una ley redactada prácticamente para su beneficio, (Ley 256 del 26 de noviembre de 2021, conocida como “Ley Ábrego”), el contralor Gerardo Solís intentó impedir que la Procuraduría de la Administración lo investigara administrativamente por una denuncia relacionada con su responsabilidad en la fiscalización de los fondos de los gobiernos locales.
Alegó que Rigoberto González, procurador de la Administración, no podía investigarlo, ya que eso es competencia del pleno de la Corte Suprema de Justicia. Pero este tribunal determinó que esa tarea no está dentro de sus funciones.
El pasado 5 de enero, en la Asamblea Nacional, el contralor defendió “la autonomía de los gobiernos locales” y, en consecuencia, las tan criticadas licencias con sueldo de alcaldes y representantes, así como la asignación del presupuesto de funcionamiento de los gobiernos locales.
“En ambos casos se efectúa un control previo en franco ejercicio de nuestras funciones”, aseguró. Y fue categórico: “es la ley”, para luego recitar una serie de artículos de varias normas relacionadas con el poder local.
Justamente por el manejo de los fondos de municipios y juntas comunales, la ciudadanía invoca su presencia. Representantes de corregimiento que mes a mes cobran más de $13 mil; alcaldes con emolumentos de más de $10 mil, fondos de movilización que le cuestan al Estado $12.3 millones anuales. Cifras que están en la opacidad, pues no aparecen en las páginas web de los gobiernos locales.
¿Tenemos contralor?, se preguntó Cristian Ábrego, de la organización Conciencia Ciudadana. “El contralor debería ser quien le pare la fiesta a alcaldes y representantes con los millonarios gastos de representación y movilización”, escribió en Twitter.
“Los fondos de la descentralización se han utilizado para jugosos salarios y prebendas. En Panamá nada parece funcionar”, aseguró el abogado y analista político Ebrahim Asvat, en la misma red social.
“Carrasquilla aumenta sus gastos de movilización ganando 10k mensuales y así está todo el distrito de San Miguelito: sin aceras, repleto de basura y sin espacios públicos de calidad”, escribió Raúl Conte en un tuit, acompañado por tres fotos en las que se observa la ausencia de aceras en el distrito y basura en las calles.
El mensaje era para Héctor Valdés Carrasquilla, alcalde de San Miguelito, quien forma parte del club de los alcaldes mejor pagados del país. Por mes cobra $10 mil 550. En ese grupo también está el jefe del Municipio de Panamá, José Luis Fábrega, quien cobra $12 mil 250 por mes, lo que lo convierte en el alcalde mejor pagado del país.
Los privilegios de este grupo de políticos le cuesta a los contribuyentes $1 millón 159 mil 416. Los de los representantes de corregimiento, una cifra muy similar: $1 millón 161 mil 360. El monto resulta de la suma de gastos de movilización, gastos de representación, salario y dietas por asistir a las reuniones de los consejos municipales y provinciales.
