El resplandor del sol arremete contra una pila de embarcaciones multicolores ancladas en un improvisado puerto, mientras la oscura marea desciende. Enfrente hay un gran rótulo del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) que reza “Bienvenidos a Jaqué”.
Acto seguido, aparece uno de los agentes fronterizos que, libreta de apuntes en mano, pide los siguientes datos: nombre de cada persona, número de cédula, ocupación, motivo de la visita y duración de la estadía en el pueblo.
Es una muestra clara de quién controla Jaqué, un paraíso escondido entre la espesa selva de Darién y el agresivo océano Pacífico. La entidad de seguridad tiene presencia fija en al menos cinco comunidades de las 11 que conforman este corregimiento, en el que habitan aproximadamente 4 mil personas; un 80% de ellas tiene sus raíces en Colombia.
Para entender lo que sucede en Jaqué hay que tomar en cuenta que se trata de una zona marcada, de alguna manera, por el conflicto armado en el vecino país con las ya extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) —se desmovilizaron en 2016, tras la firma de los acuerdos de paz—, así como por los cárteles de ese país suramericano, que utilizan esa área del Pacífico para el tráfico de drogas ilícitas.
A lo anterior hay que agregar los altos niveles de pobreza —que alcanzan a más del 60% de la población— y el control que ejerce el Senafront, el cual irrita por momentos a autoridades locales, dirigentes indígenas y pobladores, cuando se les condiciona su movilidad por Jaqué.
La migración silenciosa
En 1999, llegaron a Jaqué procedentes del vecino pueblo de Juradó, en Colombia, unas mil personas. Huían de los enfrentamientos entre las FARC y el Ejército colombiano. Aquella vez, un grupo de cerca de 600 guerrilleros pertenecientes al bloque José María Córdoba de las FARC se tomó Juradó, con saldo de 26 muertos.
De esto se acuerda Celsa González, una de las desplazadas que se movilizó a suelo panameño y desde ese entonces vive en Jaqué. “Yo salí, con 16 años, con miedo de mi país, en medio de dos días de enfrentamientos y no quiero volver a Juradó”, subraya González, quien dice que hasta la fecha no ha podido superar lo ocurrido y que cada vez que escucha un helicóptero siente miedo.
Ahora, un poco más tranquila, narra que formó una familia en Panamá y tiene dos hijos. También agradece a Panamá por otorgarle residencia permanente, aunque reconoce que no fue nada fácil su andar en estas tierras, pues tuvo que comenzar de cero, cuando en Juradó era una estudiante destacada, con muchas aptitudes para ser una buena profesional. Afirma que uno de los hechos que más le duele es la pérdida de dos hermanos, quienes fueron reclutados por la guerrilla en Juradó.
Son las 6:03 p.m. y en Jaqué comienza a ponerse el sol. Algunos niños corren por las veredas y en la casa de María Bustamante juegan a las cartas. Ella también tuvo que escapar de la violencia en la frontera colombiana.
Sus recuerdos los mantiene a flor de piel: “Si no salimos aquel diciembre de 1999, quizás hubiéramos muerto. Todo lo nuestro quedó allá, pero no vuelvo porque tengo miedo a la violencia”.
Y aunque manifiesta que Jaqué es un pueblo con carencias, allí encontró la tranquilidad, lo que no cambia por nada del mundo. “Aquí por lo menos concilio el sueño y no tengo que preocuparme por una bala perdida”, indica Bustamante, mientras mira hacia cielo.
González y Bustamante, ambas desplazadas por la violencia, forman parte de esa migración silenciosa de la que poco se habla y la que se pierde entre las montañas e inhóspita selva de la extensa provincia de Darién.
Guerrilla y drogas
A 45 minutos de Jaqué cabecera y muy cerca del límite con Colombia, en un sector conocido como Guayabo, donde sólo hay una vivienda, se encuentra Horacia Chami. Perdió a su esposo hace tres meses y ahora vive en la selva con su hija y algunos nietos.
En su memoria está presente cómo miembros de las FARC salían de la montaña y llegaban a su vivienda, generalmente en horas de la noche. “Nos decían que si nos portábamos bien con ellos no habría problemas... y claro que sentía temor”, narra Chami y precisa que desde hace como seis años los guerrilleros no se asoman por el lugar, lo cual coincide con la firma de los acuerdos de paz.
Cuenta que es feliz viviendo sola entre la jungla y la playa, aunque reconoce que por momentos se queda sin productos básicos, como la sal o el azúcar. No obstante, sostiene que nunca le falta el aceite, porque con las palmeras del sitio produce con frecuencia aceite de coco. “Aquí, en medio de la nada, estamos tranquilos”, indica Chami, mientras las olas golpean con furia su amada playa.
A pesar de que la presencia de los grupos armados ha menguado en Jaqué, los estamentos de seguridad señalan el Pacífico panameño como una de las rutas más utilizadas por los cárteles para el tráfico de estupefacientes, entre ellos el temido Clan del Golfo.
De hecho, en un informe presentado la semana pasada, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) detalló que en este litoral se han incautado este año 3.6 toneladas de drogas. Asimismo, el Senafront reporta que en su área de jurisdicción este año han incautado 11 mil 421 kilogramos de sustancias ilícitas y aprehendido a 259 personas.
En medio de todo este contexto están los moradores y autoridades locales e indígenas de Jaqué, que reconocen que el Senafront debe estar presente en el lugar, pero también indican que por momentos se les trata como si todos fueran narcotraficantes.
Daniel Bacorizo, cacique regional suplente de Jaqué, manifiesta que en la zona hay 10 comunidades indígenas y siente que hay momentos en los que se les priva de su libertad de movimiento.
“Nos ven como colaboradores de la guerrilla, cuando en realidad somos comunidades olvidadas. Nuestros ancestros han vivido libres y nosotros queremos lo mismo. A veces [el Senafront] nos establece horas para circular o pescar y nosotros nunca hemos vivido así... Es como una prisión”, indica el dirigente.
Bacorizo fue testigo de cómo el mayor Anselmo Taylor, uno de los responsables del Senafront en Jaqué, impidió que el equipo de La Prensa se trasladara de la comunidad de Guayabito a la de Cocalito, para tratar de conocer la realidad de sus habitantes.
Inicialmente, Taylor envió un mensaje a través del representante de corregimiento, Macario Morales, indicando que los periodistas no podían moverse hacia Cocalito por un tema de bioseguridad. Luego, cuando se le confrontó, dijo que era por seguridad, aunque agregó que no estaba autorizado para dar entrevistas sobre el tema.
Mientras caminábamos por el pueblo, nos abordó María Perea, una residente de Jaqué, quien manifiesta que se sintió agredida por agentes del Senafront.
“Yo volví a Jaqué el 13 de agosto, luego de vender mi pescado en Panamá. Ese día que llegué, les mostré el aviso de operación, el talonario del cheque de la venta y, aún así, me encerraron para conocer la procedencia del dinero. También me desnudaron, lo que considero un abuso. Muchos callan por miedo, pero no me gusta cómo está trabajando la Policía aquí. Ellos pueden hacer su trabajo, pero tampoco pueden atropellar a la población”, acotó la comerciante. Perea añade que luego de una hora fue liberada, pero aún no supera cómo fue abordada por el Senafront aquel día de agosto, en su propio pueblo.
El representante de Jaqué, Macario Morales, resume lo que ocurre con el Senafront en el corregimiento como un “control excesivo”, aunque también admite que ellos deben encargarse de la seguridad, ya que es una zona compleja desde hace décadas.
La seguridad
Frente a los señalamientos de la comunidad, el Senafront plantea que la entidad no restringe o limita la movilidad de los ciudadanos en Jaqué, aunque precisa que con la pandemia su labor de protección esta direccionada a puertos, atracaderos y aeropuertos, con el objetivo de mantener el orden y velar por la seguridad, ante la falta de presencia de entidades públicas.
“Es de resaltar que la situación que acontecía en años anteriores en el litoral Pacífico y en las comunidades de Jaqué cabecera, Guayabito y Cocalito, refleja un ambiente de inseguridad por la presencia de células de organizaciones narcoterroristas, en la que varios pobladores eran colaboradores”, dice la entidad, en una nota en la que da su versión de los hechos.
En ese contexto, agrega que actualmente la zona se mantiene con menor incidencia delictiva y faltas administrativas, en gran medida por el trabajo conjunto con la comunidad.
En cuanto a prohibir que el equipo de La Prensa se movilizara hacia Cocalito, el Senafront detalló que el oficial responsable de la zona estimó prudente el control y salida de la embarcación debido a fenómenos climáticos, como tiempo lluvioso, marea alta y fuerte oleaje.
“Senafront no limita la movilidad de ningún ciudadano en nuestras áreas de responsabilidad; lo que implementamos son medidas de seguridad para salvaguardar la vida de ciudadanos”, concluye el estamento de seguridad.
