Cuando una menor de edad queda embarazada, la crítica se enfoca en ella y, sin detenerse a pensar en su edad, en las circunstancias, la sociedad la etiqueta; hombres y mujeres por igual señalan a la niña, y hasta llegan a afirmar que ella sabía lo que hacía.
Y no se trata de ignorar lo que sucede. Las cifras son tan alarmantes que la carrera para tratar de frenar la espiral de vulnerabilidad de estas niñas-madres y asegurar que el crecimiento económico de Panamá se acompañe de desarrollo humano es hoy contrarreloj: 169 mil 401 nacimientos vivos de mujeres entre 10 y 19 años entre 2007 y 2018, de los cuales 6 mil 993 fueron de niñas de 10 a 14.
Solo en 2018 hubo 522 niñas menores de 15 años embarazadas y aunque las cifras de 2019 no están disponibles aún, expertos en el tema proyectan que esa cifra se duplicará.
Con las estadísticas disponibles, estamos hablando de un promedio de 14 mil 116 niñas y adolescentes que, por año, han visto interrumpida o afectada su educación formal y, por ende, han mermado sus posibilidades futuras de acceder a un trabajo digno y tener mejor calidad de vida. Un círculo vicioso del que, además, el niño no planificado tendrá dificultades de salir.
¿Dónde está el problema? ¿Cómo llegamos a este punto?
“Decir que las adolescentes embarazadas saben lo que están haciendo es un problema sistémico que tenemos que atacar con educación y visibilización”, advirtió María Inés Castillo de Sanmartín, ministra de Desarrollo Social durante un conversatorio organizado por el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) a propósito del Día Mundial de la Prevención del Embarazo en Adolescentes.
“Si saben tanto, ¿por qué tienen relaciones sexuales sin protección?” preguntó de manera retórica Amanda Gabster, investigadora del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, especialista en VIH y otras enfermedades de transmisión sexual.
“Para cambiar las generaciones futuras tenemos que cambiar las formas en que educan a las niñas, son las madres las que les dan las bases. Tenemos que empezar trabajando con estas madres que hoy son adolescentes para que cambien su manera de pensar, para que nuestra sociedad pueda mirar a logros de mediano y largo plazo”, reflexionó Yamilette Rivera, coordinadora nacional del Programa de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Salud (Minsa), quien también destacó la importancia de trabajar con líderes comunitarios que hagan que las mujeres se empoderen.
Malena Sáenz, coordinadora pro témpore de Aliados por la Niñez y la Adolescencia y directora ejecutiva de Fundación Valórate lo resumió así: “Definitivamente nuestra mirada va a llegar hasta donde llega nuestra conciencia, y la conciencia hasta donde llega el conocimiento, y ese conocimiento solo vamos a alcanzarlo con una educación integral que le dé esa condición de sujetos derecho a los niños y adolescentes”.
Sáenz remarcó que lo que no entiende la sociedad es que esa etiqueta negativa que se le pone a la niña o adolescente es una auto-etiqueta, porque el Estado ha fallado en darles la protección.
Al final, lo señalado por las especialistas gira en torno a la educación —desde el hogar, en la escuela—, y no solo la integral en sexualidad, sino aquella enfocada en cómo tener un estilo de vida saludable, cómo valorarse como ser humano y tener un proyecto de vida.
Mirada regional
Alma Camacho Hubner, asesora en Salud Sexual y Reproductiva del UNFPA para América Latina y el Caribe, explicó –en otro webinar sobre el tema-- que el embarazo adolescente en la región se considera una “anomalía en materia de fecundidad adolescente”, porque mientras la tasa de fecundidad global ha disminuido considerablemente en la región, “la velocidad de la disminución de la tasa de fecundidad adolescente no ha tenido el mismo nivel de descenso”, mas bien, es “altísima”.
Camacho detalló que la tasa de fecundidad específica en adolescentes se redujo de 65.6 en el periodo 2010-2015 a 60.7 en el período 2015-2020, una reducción del 7.47%, de acuerdo con un reporte reciente de la División de Estadísticas del Sistema de Naciones Unidas. Sin embargo, remarcó que las estadísticas también revelan que se está dando un aumento en la fecundidad en niñas menores de 15 años, un hecho que debería hacer sonar las alarmas.
Creo que estamos asumiendo que los padres tienen las formas de conversar y poder brindar esa información a los adolescentes, de prevención, de embarazo. Estamos fallando en darles ese lenguaje que como no lo han recibido tampoco saben cómo hacerlo".
Melanie Guajardo, Fundación Unidos por la Niñez
Enumeró como determinantes del embarazo en niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe las desigualdades sociales y económicas: pobreza, nivel educativo, la falta de acceso que tienen los niños y niñas a la información, así como la pertenencia étnico racial y cultural (ser indígena o afrodescendiente). Y todo esto, dijo, se ha agravado con la pandemia porque los chicos están en casa en forma obligada más tiempo y, en muchas ocasiones, con personas que los abusan o los maltratan. Como consecuencia de esto, están alejados de los espacios de contención (la escuela, por ejemplo), al tiempo que están expuestos cada vez más y a edades más tempranas a los riesgos del uso del celular y las redes sociales y, por ende, al sexting, al grooming, al ciberbullyng, a la violencia de género e, incluso, el acoso sexual.
La experta expresó que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para abordar este problema -con base en la mejor evidencia científica- es trabajar en programas multicomponentes, es decir, que incluyan educación sexual integral, consejería y acceso a métodos anticonceptivos, además de otras acciones a nivel de los individuos, la familia y de las comunidades.
Educación y derechos
Sin embargo, son esos componentes a los que la OMS alude los que la sociedad rechaza y en los que autoridades de salud y organizaciones sociales no han logrado consenso en los últimos años en Panamá.
“Hay muchas limitantes que dependen de todo el entorno, porque venimos de una cultura en la que es un tabú hablar de sexualidad y se ven estas actividades [orientación sobre sexualidad y acceso a medidas de anticoncepción] como un sacrilegio. Así que [tenemos que] caminar hacia entender que esta es una necesidad fisiológica escrita en nuestro cerebro primitivo y empezar a mejorar nuestra regulación para que los adolescentes puedan acceder a estos servicios -guiados por un especialista- y que se les brinde educación sexual basada en derechos”, apuntó la coordinadora del Programa de Niñez y Adolescencia del Minsa, al puntualizar que en el país la ley solo permite acceso a anticonceptivos a menores a partir de los 14 años y solo con el consentimiento del tutor, que el menor debe tener 16 años para acceder solo a estos servicios y aún a esta edad, cuando acuden a las instalaciones de salud todo se hace como a escondidas, como si fuera un delito, por la actitud que tienen los adultos.
Carlos Pavel, psicólogo clínico de niños y adolescentes, director del Programa Enlaces de la Fundación Espacio Creativo y miembro del grupo Masculinidad por la Equidad, calificó las cifras de embarazo como una tragedia individual, familiar y colectiva, por las implicaciones que tienen a futuro, y se mostró alarmado por la naturalización de la violencia sexual perpetrada por hombres cercanos a las menores. “Hay una deuda de más de 20 años en materia de educación integral en sexualidad, que sería uno de los componentes que permitiría a las niñas identificar situaciones de violencia”, dijo.
Sobre este aspecto, la investigadora Gabster destacó que hay una manera de dar educación sexual, a través de una educación integral en la salud que se ofrezca en la escuela. “La sexualidad es un componente de la salud pero hay muchos otros temas interrelacionados […] si damos una educación en la salud en general, donde hay una materia en la que los chicos aprendan de salud mental, educación física, sexualidad podríamos llegar un poquito más lejos […] lo que todos queremos es que los adolescentes tomen decisiones informadas y eso se hace también a través de un enfoque multifacético, más amplio que la salud sexual”, explicó.
La discusión sobre el embarazo adolescente propiciada por UNFPA durante los últimos días abordó de manera profunda la importancia de ver al niño como sujeto de derechos y el papel que está dejando de jugar el Estado a pesar de estar obligado a garantizar sus derechos y a poner el interés superior del niño por delante en cualquier acción o decisión que lo involucre. Y un elemento puesto sobre la mesa por una de las especialistas, que se relaciona con esto, es que el 60% de los embarazos no intencionales o en adolescentes no son de otros adolescentes, sino de hombres que les llevan a esas menores cinco y 10 años.
La Convención sobre los Derechos del Niño –ratificada mediante la Ley 15 de 1990- obliga a Panamá a establecer políticas de protección de los menores de edad, entre ellas para prevenir el abuso o la violencia sexual.
Además, en materia de salud sexual y reproductiva, en 2003, durante el 33 período de sesiones del Comité de los Derechos del Niño –que evalúa los avances en el cumplimiento de la Convención-, se emitió la Observación General #4, relativa a la salud y el desarrollo de los adolescentes. En ella, entre otros aspectos, se expresa que "a la luz de los artículos 3, 17 y 24 de la Convención, los Estados Partes deberían facilitar a los adolescentes acceso a información sexual y reproductiva, con inclusión de la planificación familiar y de los contraceptivos, los peligros de un embarazo precoz, la prevención del VIH/SIDA y la prevención y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual (ETS). Además, los Estados Partes deberían garantizar el acceso a información adecuada, independientemente de su estado civil y de que tengan o no el consentimiento de sus padres o tutores [...].
Para la coordinadora pro témpore de Aliados por la Niñez y la Adolescencia parte del problema es que estamos frente a derechos relativamente nuevos y la generación actual está asimilando estos paradigmas, aunque, afirma, esto no la exime de la responsabilidad. “El acercamiento solo lo vamos a tener si los consideramos a ellos [a los niños y adolescentes] parte de esta propuesta. Y hacer el monitoreo para saber qué está funcionando y qué no, hacer encuestas rápidas, de una manera eficaz poder identificar dónde está el acceso a los métodos de prevención; y tiene que venir acompañado de sensibilización, distintos actores tienen que sentarse para no tener la polarización de los distintos paradigmas”.
Maruquel Castroverde, secretaria de Derechos Humanos, Acceso a Justicia y Género de la Procuraduría General Nación, manifestó que para ella lo más grave es el desentendimiento tácito que se tiene desde las políticas del Estado frente a la educación integral en sexualidad, que tiene un componente muy importante de consejería y de acceso a anticonceptivos. Luego, dijo, le preocupa enormemente que todo el mensaje pone el acento en la responsabilidad que se endosa en las niñas y adolescentes, sin hacer lo mismo con los varones. “Sigue siendo la niña la que sufre el castigo, la responsable porque se embarazó, y a la que se le impone la maternidad forzada”.
Yo tampoco me atrevería a romper el silencio cuando sé que voy a recibir esos cuestionamientos siendo víctima [...] estas expresiones vienen de una mirada y perspectiva patriarcal, endógena, machista, autocéntrica, que mientras no cuestionemos paralelamente se va a seguir perpetuando".
Carlos Pavel, colectivo Masculinidad por Equidad
Castroverde aludió a lo apropiado de referirse a los embarazos en niñas y adolescentes como embarazos no intencionales, porque debajo de lo no intencional está el vicio de consentimiento, la vulneración flagrante a su derecho humano de decidir incluso en un tiempo en el que todavía no puede decidir. “Si [la niña o adolescente] no puede decidir tener una relación sexual con responsabilidad y madurez y asumir las consecuencias, mal puede decidir nadie por ella ser madre, pero eso está ocurriendo y las maternidades entonces son forzadas”, advirtió.
El más reciente estudio del Guttmacher Institute dice que en América Latina y el Caribe el 65% del embarazo en niñas menores de 19 años es no intencional y, además, es el más alto del mundo porque en las otras regiones tienen el 20%, el 15% y el 10%. Ese 65% se expresa en más de 2 millones de niñas que han reportado que su embarazo fue no intencional.
Castroverde también cuestionó que, independientemente de la edad de la mujer, el tránsito hacia hacer efectivo el derecho a la tutela judicial efectiva en casos de violencia sexual o abuso es altamente revictimizante, ya que el cuestionamiento está sobre ella, sobre su credibilidad como testigo de cargo por excelencia, porque ella fue la que vivió la situación, y durante el proceso, a veces luego de varios años, se ve obligada a relatar lo sucedido, con detalles y sin inconsistencias, para que entonces le crean.
La comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño, llamó la atención sobre cómo en Panamá aún existe discusión sobre la decisión de educar, de informar sobre un tema tan humano como lo es el desarrollo de la sexualidad. “Y lo planteo un poco con la preocupación de lo que representan movimientos que cuestionan este derecho que tiene el niño, la niña y el adolescente a esta parte de su humanidad para la protección de su salud y la protección de su vida”, dijo.
Y esto va conectado, agregó De Troitiño, con el cuestionamiento que tenemos que hacer a una responsabilidad del Estado de generar una política pública de protección a la infancia con enfoque de derechos humanos. “Nos falta mucho todavía por comprender que son personas, sujetos de derechos y que como sujetos de derechos nuestra responsabilidad de sociedad adulta es lograr ese desarrollo pleno de su personalidad […] y eso incluye el derecho de la niña y el niño a informarse para su protección”.
