Pese a que el lugar no cumplía con las condiciones y el personal para atender a menores de edad, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) envió a principios de año unas 10 niñas y adolescentes a un albergue para adultos en Veraguas.
Se trata del Refugio Amor de Damas que está bajo la administración de la Fundación Sólo es Cuestión de Fe, la cual lideriza el pastor Dorian Mena. No obstante, en mayo pasado, un grupo de las menores de edad se fugó del refugio y terminaron contando a vecinos y autoridades de la Policía Nacional que huyeron por supuestos maltratos.
Estas anomalías sobre posible vulneración a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes generó investigaciones a nivel judicial y administrativo, que siguen actualmente en curso.
Tanto Mena como la vicepresidenta de la Fundación Sólo es Cuestión de Fe, Alicia Martínez, dijeron a La Prensa que advirtieron a la Senniaf que su refugio no era apto para atender a menores. “Ellos [Senniaf] sabían que el centro no se prestaba para eso y aún así decidieron dejarlas [a las menores]”, acotó Martínez.
Además, negaron las acusaciones de las niñas y adolescentes sobre maltratos.
Idania Fernández, de la secretaría técnica de la Senniaf, subrayó que ante la Covid-19, han tenido que “buscar espacios” para el cuidado de niños, niñas y adolescentes, ya que muchos albergues están cerrados.
Refugio Amor de Damas, un albergue de gritos y lamentos
Los días y las noches no son los mismos desde hace dos años en la remota comunidad de Los Caratales, a una hora de Santiago, en la provincia de Veraguas. Los “gritos” y “lamentos” se volvieron el denominador común por un tiempo prolongado, según los vecinos del lugar.
Todo comenzó con la habilitación en el sitio de un albergue denominado Refugio Amor de Damas, el cual es administrado por la Fundación Sólo es Cuestión de Fe. La organización está dirigida por el pastor Dorian Mena.
Inicialmente se albergaba allí a mujeres mayores de edad con problemas de adicción a drogas y con enfermedades psiquiátricas.
No obstante, a partir de enero de este año, comentan pobladores que en el lugar habían entre 10 y 12 menores de edad, de entre 14 y 17 años, lo que les sorprendió, porque a primera vista no parecía un lugar para recibir niñas y adolescentes.
Relata Yulisa Andrade, residente de Los Caratales, que a medida que pasaban las semanas se empezaron a escuchar gritos y lamentos, que, presuntamente, provenían del refugio. Asegura que la situación se tornó más compleja cuando una de las adolescentes llegó a su vivienda “algo asustada”.
“A la primera niña no le presté atención, porque pensé que tal vez se había fugado del lugar”, comentó.
Días después llegó una segunda adolescente, que afirmaba que los responsables del albergue las maltrataban y golpeaban. “Cuando ella me contó eso quedé paralizada. Lo que hice fue que le regalé un vestido, la peiné y le brinde alimentación y dinero, porque deseaba volver donde sus familiares. De allí no supe más de ella”, manifestó.
La paciencia de Andrade se agotó cuando en mayo de este año llegó a su hogar una tercera niña que se había escapado del albergue, pidiendo ayuda . Ya todo eso no le parecía “normal”. De allí que se armó de valor y llamó a la estación de la Policía Nacional más cercana.
Narró que a Mena lo vio muy pocas veces por el lugar, y que los señalamientos de las niñas y adolescentes iban en contra de los que custodiaban el refugio. “Yo nunca vi un médico o psicólogo en el albergue. Tampoco percibí una investigación profunda por parte de las autoridades”, concluyó la denunciante, quien dice estar dispuesta a que se le tome declaración para revelar lo que le tocó vivir en primera persona con las jóvenes.
Pero Andrade no fue la única testigo de lo ocurrido. Olivia Gil, otra residente de Los Caratales, también acudió al juzgado de paz para exponer las irregularidades que supuestamente acontecían en el refugio. Eso fue a principios de 2020.
Comentó que hasta ella también llegó una de las jóvenes, que le pidió que “por favor” la escondiera y le dijo que no quería volver al albergue, porque sería maltratada.
Esto motivó que, junto a otros familiares, llamara también a la Policía Nacional y, finalmente, el pasado 18 de mayo retiraron a las niñas y adolescentes del lugar.
Gil manifestó que, hasta la fecha, en el refugio se mantienen algunos adultos mayores y mujeres. “Eso venía ocurriendo hace dos años. Aquí vino una trabajadora social y yo comuniqué todo lo que ocurría, pero todo sigue igual”, se lamentó.
Este medio obtuvo información de que las menores de edad reportaron a la Policía los maltratos que se daban en el refugio, y a raíz de eso no volvieron.
Las anomalías
¿Cómo llegan menores de edad a un refugio para adultos que no tendría las condiciones para alojar y atender a niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad?
Se consultó a Mena, responsable del albergue, y su respuesta fue que la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia (Senniaf) llevó a las menores de edad al lugar. “El Senniaf, durante esta pandemia, no tenía dónde tenerlas y se acercó a nuestra oficina en Veraguas y las trajeron temporalmente, mientras las ubicaban en otros sitios”, dijo.
Según el pastor, eran niñas en riesgo social que no querían acoger en otros albergues. Reconoció que varias de las adolescentes se evadieron y que algunas quedaron en manos de la Policía Nacional.
Sobre los moretones y rasguños que presuntamente presentaban algunas de las menores, indicó que fue consecuencia de peleas entre ellas mismas. “Nosotros no tenemos la costumbre de maltratar”, aseguró Mena, quien está al tanto de que el Ministerio Público adelanta una investigación sobre estos acontecimientos.
Aunque no ha rendido declaración, tanto a su oficina como al albergue en Los Caratales acudieron agentes de la Dirección de Investigación Judicial.
Según el responsable del Refugio Amor de Damas, el sitio “no era apto” para recibir menores y se lo hicieron saber a Senniaf. “Después del suceso, el Ministerio de Desarrollo Social en Veraguas nos recomendó que no tuviéramos a menores y que Senniaf resolviera sus propios asuntos”, añadió.
Alicia Martínez, vicepresidenta de la Fundación Sólo es Cuestión de Fe, argumentó que ellos no tienen albergue para menores de edad, sino un centro de rehabilitación para damas y caballeros adultos.
“Nos contactaron de Senniaf en Panamá y que necesitaban un albergue para esas niñas que tenían problemas de rebeldía y de psiquiatría. Como nosotros somos un centro cristiano, le cedimos el espacio por un tiempo mientras las reubicaban. Nosotros les explicamos que no atendemos ese tipo de población y luego que vieron el refugio, las enviaron”, contó.
Cuando se le preguntó por qué aceptaron si estaban al tanto de que sus instalaciones no eran aptas para una población como esa, su respuesta no pudo ser más clara.
“Ellos [Senniaf] sabían que el centro no se prestaba para eso y aún así decidieron dejarlas [a las menores]. Luego de esto, nosotros no albergamos a más menores de edad”, contestó Martínez.
Falta de espacio
Tras conocer que este diario realizaba una investigacion del tema, Senniaf inspeccionó ayer el albergue.
Idania Fernández, de la secretaría técnica de la Senniaf, manifestó que en relación a la información sobre la existencia del albergue en Los Caratales, el equipo regional de Senniaf realizó una supervisión y se pudo constatar que, en efecto, existe un refugio.
En cuanto a su condición actual, dijo que ya no tiene la población de niños, niñas y adolescentes. “Se pudo verificar que la población que albergada asciende a siete personas adultas mayores, con alguna condición de discapacidad”, detalló.
En lo referente a la posible vulneración de los derechos de las niñas, manifestó que dichos eventos derivaron en diversas instancias. “Como es de su conocimiento, existe un proceso a nivel judicial y administrativo”, explicó la funcionaria sobre las investigaciones que se adelantan.
Además, cuando se le preguntó por qué enviaron a menores de edad a este refugio, Fernández explicó que ante la Covid-19 han tenido la necesidad de buscar espacios para el cuidado de niños, niñas y adolescentes que requieren protección especializada, en vista de que los albergues del país, siguiendo las instrucciones y medidas sanitarias, se encuentran cerrados.
En vista de ello, indicó que desde la Senniaf se han creado Centros Transitorios de Protección de Niñez que funcionan 24 horas, los 7 días de la semana. “Este año, se han puesto en funcionamiento dos de estos centros con la proyección de desarrollo de otros espacios de este tipo”, concluyó.
Mides, sin competencia
Itzela García, directora regional del Ministerio de Desarrollo Social en Veraguas, manifestó que aunque no era su competencia, cuando ocurrieron los hechos descritos enviaron un equipo técnico a Los Caratales. “Yo no soy la más adecuada para este tema, pero cuando vi lo que era envié un equipo de la entidad”, afirmó.
Según García, intentó ayudar, pero ya el tema se encuentra en otras instancias: el Ministerio Público y la Policía de Menores.
“Por lo general, allí habían mujeres adultas, pero luego se enviaron menores, aunque este tema es competencia de Senniaf. De hecho, cuando yo me di cuenta, llamé a Senniaf”, expresó García. Informó que la Fundación Sólo es Cuestión de Fe no recibe subsidio del Mides.
Tras lo ocurrido, las menores de edad fueron remitidas a otros albergues.
En Los Caratales, aún los vecinos no salen del asombro por lo sucedido en el refugio. Tampoco comprenden cómo el Estado envía a menores de edad allí.
“Yo la verdad aún no entiendo en qué manos ponen a nuestros niños”, remarcó Olivia Gil.
Uribe: ‘En el país no hay 500 albergues; no es imposible su supervisión’
Organizaciones defensoras de los derechos de los niños, niñas y adolescentes lamentan lo que está ocurriendo con la atención de esta población vulnerable.
Rossana Uribe, presidenta de la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia (Aplafa), indicó que en el país no hay 500 albergues para niños. “En Panamá hay una cantidad razonable de albergues, por lo que no es imposible su supervisión”, acotó.
De acuerdo con Uribe, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) debe cumpir con su papel, porque de lo contrario el Estado quedará como “un mal padre”.
Además, exhortó a las autoridades del Ministerio Público a llevar la investigación hasta las últimas consecuencias, ya que por ninguna razón las violaciones a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes deben quedar impunes.
“Para nosotros, en Aplafa, esto es absolutamente inadmisible. Los organismos a cargo de la niñez deben garantizar sus derechos humanos”, puntualizó.
Roderick Chaverri, presidente de la Red de Niñez y Adolescencia de Panamá, subrayó que hay una cantidad enorme de personas que se está dedicando a habilitar albergues que no cumplen con las condiciones mínimas para atender a la población menor de edad en riesgo.
“Creo que no se debe dar permiso para un albergue más. Primero, se necesita una infraestructura física; también sostenimiento económico, y tercero, no es cualquiera el que está en la capacidad de cuidar niños, porque deben estar entrenados y capacitados”, dijo.
Usó como ejemplo el Hogar Malambo, donde hay psicólogos, trabajadores sociales, contadores, cuidadores y conductores, así como un proceso de capacitación cuatro veces al año. Además, resaltó que dentro del sitio también hay personal médico y otros profesionales, para la atención de los menores de edad.
“No puede ser que cualquiera pueda armar un albergue de la noche a la mañana. Aquí debe jugar un papel determinante Senniaf y los ministerios de Desarrollo Social y de Gobierno”, añadió.
En el país hay unos 55 albergues para atención de la población menor de edad en riesgo social y la mayoría está bajo la administración de fundaciones. Además de estar encargado de la fiscalización de estos sitios, el Estado entrega aportes económico a través de subsidios y donaciones.
