El Ministerio de Ambiente está en la mira de urbanistas y ecologistas por admitir, para evaluación, un estudio de impacto ambiental, categoría III, para el desarrollo de un relleno marino de 50 hectáreas en Amador, corregimiento de Ancón.
Ambos grupos dicen estar sorprendidos por cómo un proyecto de esa magnitud, que acapara la misma cantidad de hectáreas del Parque Omar, en San Francisco, o el Casco Antiguo, en San Felipe, fue considerado para evaluación sin ningún tipo de planificación o sustento urbano y ecológico.
La otra razón y la que consideran de “mayor peso” es que en junio de 2021, el pleno de la Corte Suprema de Justicia hizo público un fallo en el cual establecía que no era posible rellenar playas, riberas y fondo marino con el objeto de que esos terrenos se convirtieran en propiedad privada, por considerar que la Constitución Política de la República establece que esos bienes son de dominio público, es decir, inadjudicables.
Para Gustavo Bernal, expresidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, el uso del lecho marino ya está definido en la Constitución y lo otro que consideró a tomar en cuenta es el impacto ambiental que tendrá este relleno para la bahía de Panamá.
A pesar de que el desarrollo supone 50 hectáreas de relleno marino, el estudio ambiental precisa que el área de influencia directa del proyecto comprende una superficie aproximada de 156 hectáreas, definida por área acuática y terrestre. El área acuática corresponde al océano Pacífico, abarcando una superficie de 146 hectáreas, y el área terrestre, conformada por el relleno frente al Figali Convention Center, donde se plantea ubicar el campamento del proyecto, con 10 hectáreas.
“Yo me cuestionaría la capacidad de la infraestructura existente allí para entrada y salida. Eso está muy restringido en Amador. Esto no es un análisis sencillo. No es algo que se debe definir de la noche a la mañana”, acotó Bernal sobre el proyecto que se denomina Desarrollo Marítimo Amador y cuyo promotor es L.G.S. Panama Tourism Development, S.A.
José Antonio Domínguez, exdiputado y exministro de Obras Públicas, recordó que la Constitución es bien clara en estos temas: los rellenos no pueden convertirse en propiedad privada, al menos que se trate de obras de uso público, como es el caso de la cinta costera.
En palabras de Domínguez, el Ministerio de Ambiente no debió admitir el estudio ambiental, dado que riñe con lo que establece la Carta Magna.
Impacto ambiental
Félix Wing, abogado ambiental y exsecretario del Ministerio de Ambiente, subrayó que en este caso hay que tomar en cuenta la legalidad o no del proyecto y las consecuencias ambientales de un desarrollo de esa proporción en Amador.
“Pese a que esta área está intervenida, el tema es que allí se construyó Amador como un rompeolas para el buen funcionamiento del canal de Panamá. El Ministerio de Ambiente debe pensar muy bien su decisión, ya que existen los elementos suficientes para no darle trámite a este proyecto”, afirmó.
En esa misma línea se manifestó la exvicealcaldesa y directora de la Fundación Panamá Sostenible, Raisa Banfield, quien adujo que la calzada de Amador es producto de la extracción de piedras cuando se hizo el Corte Culebra, durante la construcción del canal.
“Se hizo para regular el oleaje ante la entrada de barcos. Además, tenía un plan de desarrollo turístico de muy baja escala, aunque con el tiempo se han hecho ampliaciones”, explicó.
Sobre el relleno de 50 hectáreas que está en evaluación por el Ministerio de Ambiente, lo calificó como una “falta de respeto”, para la ciencia y la ciudad. “Debemos ser más resilientes ante el cambio climático, pero ahora estamos evaluando y queremos hacer rellenos en el mar”, resaltó Banfield.
Incluso, dijo no entender cómo el Ministerio de Ambiente admitió este estudio, ante los precedentes legales que hay en cuanto al uso de fondo marino en el país.
Se intentó obtener una reacción del ministro de Ambiente, Milciades Concepción, pero al cierre de la edición no hubo respuesta.
También se consultó a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) sobre cómo avanza la solicitud de concesión marina hecha por L.G.S. Panama Tourism Development, S.A. el 11 de enero de 2022 y respondieron a través de su directora de Puertos, Flor Pitty, que la misma está en trámite y aún no se ha aprobado.
La solicitud de concesión marina para este desarrollo tiene una extensión de 108 hectáreas, según la información que reposa en el estudio de impacto ambiental.
Al ser un estudio de impacto ambiental de categoría III, se requiere la celebración de una consulta pública. Todavía no se sabe la fecha en la que ésta se llevará a cabo.
