Nunca en la historia de Estados Unidos, la bandera confederada, el símbolo representativo de los estados racistas del sur, había sido colocada en el Capitolio del Congreso de ese país. Hasta el miércoles 6 de enero, cuando se rompieron todas las convenciones y consensos políticos del país norteamericano, no había ocurrido un ataque contra el poder legislativo desde antes de la Guerra Civil norteamericana transcurrida entre 1861 hasta 1865.
Los antecedentes del terrible evento estaban a la vista de todos. Donald Trump como candidato a la presidencia había venido cultivando a la extrema derecha, a los “conspiranoicos” del internet, y a los sectores más resentidos de la población blanca de su país.
El 12 de agosto de 2017, cuando los grupos supremacistas raciales salieron a desfilar por Charlottesville en el Estado de Virginia, en defensa de los símbolos tradicionales de racismo sureño, fueron encontrados por una protesta multiétnica que rechazaba sus planteamientos. Heather Heyer, una mujer de 32 años, afroestadounidense murió luego de ser embestida por un conductor supremacista blanco que arremetió contra ella con su camioneta. Este hecho, dejó como resultado otros 20 heridos. El presidente Trump reaccionó calificando de buenas personas a ambos bandos. Así Trump se convirtió en el primer presidente estadounidense desde Franklin Delano Roosevelt (1933-1945) en no cuestionar públicamente al supremacismo blanco.
El 14 de mayo de 2020, un grupo supremacista de Michigan se tomó la sede de la asamblea estatal y la sitió, impidiendo que los diputados estatales sesionaran. La causa de la protesta fue su oposición a las medidas de restricción sanitaria y el uso obligatorio de mascarilla propuesto por la gobernadora demócrata de ese Estado. La toma del edificio parlamentario por los manifestantes armados fue respondida muy tibiamente por las autoridades estatales y federales. Meses más tarde, el FBI detuvo un intento de secuestro de la gobernadora de Michigan Gretchen Whitmer. Según se dio a conocer, el grupo de secuestradores había participado en el asalto al parlamento.
Desde principios de 2020, aun sin pandemia y sin un candidato definido del Partido Demócrata, el presidente Trump había hecho distintas declaraciones en las que avisaba que si él no ganaba el torneo electoral del 3 de noviembre, sería por la comisión de un gigantesco fraude en su contra. Trump fue acompañando estas declaraciones con la reducción de fondos federales para la asistencia electoral a los Estados, así como la ralentización del reparto de correo por parte del Servicio Postal de Estados Unidos, con vistas a sabotear el voto por correo ampliamente usado en los comicios de dicho país.
Luego de los resultados del 3 de noviembre, que claramente tuvieron como ganador al demócrata Joe Biden, Trump y su campaña electoral interpusieron 62 demandas judiciales ante 90 jueces y magistrados estatales y federales y las perdieron todas. Incluso, en dos ocasiones la propia Corte Suprema de Justicia le negó a Trump sus pretensiones. Ademas, los Estados “controvertidos” hicieron recuentos que confirmaron que Biden había ganado. A pesar de esto, Trump y sus aliados del Partido Republicano descargaron una campaña masiva de infundios y mentiras que fueron divulgadas por los medios de comunicación afines al mandatario.
Esto tuvo como resultado que el 30% de los estadounidenses afirmara a las encuestas de opinión pública, que Trump había ganado la elección y que se la habían robado.
Una semana memorable
De acuerdo con el calendario político, se suponía que el domingo 3 de enero la noticia sería la reelección de la demócrata Nancy Pelosi como líder de la Cámara de Representantes.
Sin embargo, dos noticias le robaron el protagonismo a la victoria de Pelosi. Por una parte, el Secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, divulgó la grabación de una conversación de casi una hora que había tenido con el Presidente Trump ese día, en la que el mandatario lo presionaba para que le encontrara los suficientes votos para ganar las elecciones en ese Estado. El funcionario se negó y le respondió a Trump, que ya los resultados estaban certificados.
Por si esto fuera poco, un grupo de 10 ex Secretarios de Defensa de Estados Unidos, entre republicanos y demócratas, hizo pública una carta a la dirigencia del Pentágono en la que le recordaban que su juramento no era a favor de una persona o partido político, sino por la Constitución de su país. El documento parecía responder a los rumores de que Trump estaría pensando declarar ley marcial para suspender las garantías constitucionales y compulsar a los militares a reprimir cualquier resistencia a su gobierno.
El lunes 4 de enero era notorio el aumento de senadores y representantes republicanos que apoyaban la intención de cuestionar los resultados electorales de hasta seis Estados, durante la reunión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes, programada para dos días mas tarde. La intención de este movimiento era retrasar la proclamación de Biden, exponer ante millones de estadounidenses las falsas acusaciones del fraude electoral y otras irregularidades, y así aumentar el perfil a Trump como víctima.
El martes 5 de enero se efectuó la elección senatorial en el Estado de Georgia. El resultado de este torneo era clave para definir el futuro de la gobernabilidad de la administración de Biden. Los demócratas necesitaban ganar los dos escaños para tener 50 senadores, con lo que empataban con los republicanos y así el voto para el desempate le correspondería a la vicepresidenta electa de Estados Unidos, Kamala Harris. Así lo establece la Constitución. Esto permite que Biden obtenga la aprobación rápida de sus nombramientos, y sobre todo, el respaldo del Senado a sus iniciativas legislativas.
Como una advertencia de lo que se vendría, el senador republicano de Utah, Mitt Romney, tomó un vuelo comercial hacia Washington DC para participar de la votación al día siguiente. Durante el vuelo, fue abucheado vehementemente por un grupo de pasajeros, que lo acusaban de “traidor”, por su postura crítica contra el presidente Trump.
Para el miércoles 6 de enero, Trump había convocado a un mitin en las cercanías de la Casa Blanca. Después de una serie de discursos incendiarios del mismo Trump, su familia y algunos seguidores, Trump los invitó a caminar hacia el Capitolio, diciendo que él los acompañaría con la finalidad de convencer a los “senadores débiles” para que defendieran su supuesta victoria. La Casa Blanca y el Capitolio están en extremos de la misma avenida, a unos 3.8 kilómetros de separación. Trump abordó la limosina presidencial con su familia y se fueron de vuelta a la Casa Blanca para seguir por televisión la protesta.
Al llegar los manifestantes, un grupo se separó de la marcha e irrumpió en el Capitolio de forma violenta. Curiosamente, parte de los policías que debían dar seguridad a los predios parlamentarios, le abrieron la puerta a los manifestantes, se tomaron selfies y hasta los dirigieron dentro de los pasillos del monumental edificio. ¿Qué buscaban los atacantes? Había una diversidad de agendas. Mientras un grupo vociferaba que quería ahorcar al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, otra parte de los atacantes, quería agredir a Pelosi. Todo el Congreso fue evacuado hacia los refugios subterráneos que existen desde la Segunda Guerra Mundial. Mientras estaban escondidos Trump seguía llamando a los senadores republicanos para obtener su voto.
En el momento de mayor desenfreno, el presidente electo, Joe Biden, dio un fervoroso discurso exigiendo que los agresores se fueran del Capitolio y que las fuerzas de seguridad federal acudieran a reforzar la protección del sitio. Minutos más tarde, Trump en un mensaje grabado pidió a sus seguidores que se fueran, les dio las gracias, expresándoles lo mucho que los quería y lo especial que eran. El asalto del Capitolio dejó un agente de policía asesinado por la turba y cuatro atacantes muertos.
La maniobra de Trump fue un balde de agua fría para los republicanos. El Congreso reinició sus labores y las objeciones de los seguidores de Trump se redujeron a dos estados, en lugar de los seis que habían propuesto inicialmente. En la madrugada del jueves 7 de enero, Biden fue declarado nuevamente como el 46 presidente de Estados Unidos.
Reacciones y revueltas
El mismo 6 de enero, la condena mundial al asalto al Capitolio no se hizo esperar. Desde George Bush hasta Michelle Obama, y desde Boris Johnson hasta Justine Tradeau expresaron su condena pública y culparon a Trump de los hechos. Un gremio empresarial simpatizante con los republicanos, la National Association of Manufacturers —equivalente al Sindicato de Industriales de Panamá— pidió que a Trump se le aplicara la Enmienda 25 de la Constitución, la cual establece la forma para incapacitar a un presidente, por medio de una resolución liderada por el Vicepresidente y la mayoría de los miembros del gabinete. Fue sorprendente que el Wall Street Journal, un periódico de corte empresarial y muy favorable a la política de Trump publicara un editorial denunciándole y pidiera su enjuiciamiento por los actos cometidos. Este periódico es propiedad de la familia Murdoch que también es dueña de la cadena televisiva Fox. Al parecer, el memo no le llegó a la televisora, que siguió respaldando a Trump y descalificando las criticas del ataque.
Para el sábado 9 de enero, ya había renunciado una docena del personal más allegado a Trump en la Casa Blanca y varios secretarios de su gabinete. Según algunas versiones, un número importante de otros funcionarios no se atrevía a renunciar por temor a lo que Trump pudiera hacer en los últimos días de la soledad del poder.
Al final de la semana, quedó claro que el vicepresidente Pence no respaldaría la invocación de la Enmienda 25, y tampoco el Senado tendría apetito para enjuiciar a Trump por incitar el asalto al Capitolio. Sin embargo, la empresa privada estadounidense sí actuó con contundencia, tanto Facebook como Twitter le cancelaron las cuentas a Trump y numerosos altos ejecutivos de las grandes empresas de esa nación han expresado su condena al comportamiento de Trump y sus partidarios.
Por su parte, Biden ha querido evitar la controversia sobre el futuro legal de Trump promoviendo una imagen conciliadora, muy necesaria para su gobernabilidad. En cambio, la líder de la Camara de Representantes Nancy Pelosi ha enfilado toda la artillería contra Trump. La Cámara de Representantes empezará el proceso de impeachment o juicio político la semana venidera. Aunque los republicanos no convoquen al Senado, después del 19 de enero, cuando tome posesión la nueva mayoría democrática, es muy viable que se le dé aliento al juicio en la Cámara Alta. A diferencia del ordenamiento procesal panameño, en Estados Unidos el Congreso mantiene la jurisdicción sobre el funcionario, aunque renuncie o se acabe su mandato porque sus supuestos delitos se cometieron en ejercicio del cargo.
Pelosi lo que busca es que a Donald Trump se le condene por la grave agresión al Capitolio y de esta forma quede inhabilitado para aspirar a un cargo público en Estados Unidos.
Aun si Pelosi fracasara, los fiscales federales podrían investigar a Trump por la insurrección como un acto de terrorismo doméstico ocurrido el pasado 6 de enero. Aunque solo se conocen las comunicaciones públicas de Trump invitando al evento, es posible que una investigación profunda de sus llamadas y correos indique algo más grave. Una condena por este delito también implicaría su inhabilitación para ejercer un cargo público.
En su comunicado, la empresa de redes sociales Twitter fundamentó entre otras razones, la cancelación de la cuenta de Trump, por el peligro de nuevos actos de violencia. Algunos expertos que siguen a los grupos de ultraderecha y de supremacismo racial en Estados Unidos anotan que tanto el 17 de enero, como la toma de posesión de Biden el 20 de enero, son fechas sobre las que existe mucho movimiento en las redes sociales de los grupos de extrema derecha. En todo caso, el narcisismo de Trump y la irresponsabilidad del Partido Republicano han inaugurado una nueva época en Estados Unidos.
En los próximos 9 días, el mundo estará alerta a los próximos pasos de Trump y sus seguidores.
