Jers Medical, empresa proveedora de la prueba de antígeno Sofía para detectar la Covid-19, ha logrado contratos con el Gobierno que suman al menos $29.8 millones.
En el sitio digital Panamá Compra en Cifras, constan 150 compras “autorizadas” (directas) a esta empresa. Sus principales clientes en el Estado han sido el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS), entidades que desde junio de 2020 forman parte de la llamada mesa de compras conjuntas Covid-19.
Las compras Covid-19 se rigen por la Resolución de Gabinete número 11 del 13 de marzo de 2020, que declaró el estado de emergencia por el virus SARS-CoV-2 y permite las contrataciones mediante procedimientos especiales, es decir, sin licitación. Solo basta presentar cotizaciones en línea.
Buena parte de las compras de 2020 (19 en total) a favor de Jers se realizaron en diciembre de ese año, aunque hay una que gestionó el Instituto Conmemorativo Gorgas en octubre de 2020. La mayoría de las transacciones son por la suma de $199 mil 983. Por ejemplo, en marzo de 2021, la mesa Covid-19 le compró 6 mil 675 pruebas a Jers Medical Panamá en $28 cada una. El servicio costó $186 mil 900, pero con el ITBMS, el precio se elevó a $199 mil 983. En Panamá Compra en Cifras también se destaca que la última de las transacciones se realizó en junio de este año.
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La CSS investiga
Jers Medical Panamá está en la mira pública luego de que la CSS anunció que abrió una investigación interna para determinar la posible comisión de faltas a la ética por parte de funcionarios de la institución.
La medida surgió a raíz de que se conociera que un funcionario de esa entidad, de nombre Iván Israel Ibarra Soto, sería uno de los directivos de esta sociedad.
Jers Medical Panamá, a su vez, es integrante del Consorcio PTY Covid Free, que administra las pruebas rápidas de detección de la Covid-19 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.
Ibarra hasta ayer en la tarde aparecía en el nodo de transparencia de la Defensoría del Pueblo, bajo el cargo de planificador y gestor de la capacitación II, con un sueldo de mil 928 dólares.
Sin embargo, al mediodía de ayer la CSS emitió un comunicado para informar que Ibarra solicitó una licencia sin sueldo (por un año) en enero de 2021, la cual le fue concedida en febrero pasado. La entidad también explicó que Ibarra presentó su renuncia al cargo el 21 de julio de este año y que, al momento de la contratación, la empresa mantenía otra junta directiva distinta a la de ahora.
“Las personas investigadas no participaron ni tienen relación directa ni indirecta con la mesa conjunta Minsa-CSS para la adquisición de insumos médicos en medio de la pandemia”, dice la nota de prensa. La CSS añadió que se mantiene “vigilante” para que todos los procesos de compras se realicen apegados a las normas vigentes y a los principios que componen su Manual de Ética y Conducta.
La relación de Ibarra y Jers Medical quedó al descubierto a raíz de una publicación de TVN.
Jers Medical publicó un comunicado de prensa en el cual informó que Ibarra Soto “no es funcionario actual de la CSS”, y que este es un especialista en “entrenamiento y capacitación técnica” que ha colaborado con la empresa desde febrero de 2021, mes en que se acogió a una licencia sin sueldo de la CSS, entidad de la que renunció en julio de este año. Añadieron que no son una “empresa improvisada, ni recién fundada”, ya que cuentan con 10 años de servicios.
La ética, la buena conducta y el conflicto de interés en la gestión pública son motivo de debate a raíz de un reciente escándalo en el Minsa, luego de que se detectara que dos altos funcionarios son los directivos de la empresa que realizaba las pruebas de hisopados a los viajeros a las islas del Pacífico panameño. Leonardo Labrador y Ana Lorena Chang, quienes fungían como director de epidemiología y jefa regional de salud, respectivamente, son directivos de Sermedic Panamá, la empresa en cuestión. Labrador y Chang fueron separados de sus puestos mientras el Minsa realiza una investigación interna. El Ministerio Público y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información también adelantan investigaciones.
Pero el pasado viernes, el presidente de la República, Laurentino Nito Cortizo, al referirse al tema, dijo que “no es bueno en este país señalar, condenar y juzgar”. Incluso, pidió a los medios de comunicación que presenten las “pruebas”.
