El Ministerio de la Presidencia renovará su flota vehicular

En medio de la crisis económica provocada por la pandemia de la Covid-19, que hasta ahora ha disminuido los ingresos del Estado en 30.6%, el Ministerio de la Presidencia licita el alquiler de 251 vehículos, entre ellos 144 camionetas 4x4, por un precio de referencia de $10.3 millones.

De acuerdo con el pliego de cargos disponible en PanamaCompra, los carros serán usados por funcionarios de la Presidencia y de otras dependencias de la cartera que dirige el vicepresidente José Gabriel Carrizo. En el documento no se detalla qué funcionarios los usarán.

El alquiler será por un periodo de 24 meses (dos años), aunque se estipula que el contrato surtirá efectos a partir de la orden de proceder, previo al respectivo refrendo por parte de la Contraloría General de la República.

La presentación de propuestas y apertura de sobres está pactada para el próximo viernes 11 de septiembre a las 9:00 a.m. en el anfiteatro del Palacio de Las Garzas.

Del presupuesto 2021

De acuerdo con documentos del proceso de contratación, los fondos para pagar este servicio saldrán del presupuesto de la Presidencia de 2021 (seis partidas).

Según el proyecto de ley de presupuesto para el próximo año que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó a la Asamblea Nacional, la Presidencia de la República tendría un presupuesto de $683.1 millones, $87.9 millones más que en 2020, año en que se le aprobó $595.2 millones (Gaceta Oficial 28899-A).

Los contratos serán adjudicados por renglón; es decir, que cada empresa puede presentar una propuesta de acuerdo con el tipo, cantidad y precio del vehículo. (Ver infografía).

Características

En términos generales, los carros deberán tener las siguientes características: nuevos o estar fabricados mínimo en 2019 y con un recorrido que no supere los 40 mil kilómetros; automáticos. También se dispone que deberán ser reemplazados por otros de iguales o mejores características en el momento en que recorran 100 mil kilómetros, en caso de que esto suceda durante la vigencia del contrato.

Los carros deberán poseer sistema de inmovilizador y alarma (ambos de fábrica), y vidrios con papel polarizado tipo intermedio. Deberán contar con Panapass para desplazarse por los corredores norte y sur, con mecanismo de cobro postpago, servicio que pagará el Ministerio de la Presidencia.

Según el pliego de cargos, los vehículos deberán estar disponibles para ser usados durante las 24 horas del día, en condiciones severas, durante todo el período de vigencia del contrato.

En el pliego de cargos se hace énfasis en que los proponentes deberán mostrar integridad profesional, con “una relación a distancia” y libre de “cabildeo” dirigido a funcionarios de la Presidencia. “Se prohíbe cualquier contacto inadecuado entre los proponentes y quienes laboren en el Ministerio, sus asesores, consultores y cualquier otra entidad del Gobierno. Se entiende por contactos inadecuados toda actividad, comunicación o acción dirigida a obtener ventajas, favores, consideraciones, renuncias especiales, influir o interferir en los procedimientos o resultados de la licitación”, se lee en el pliego de cargos.

También se advierte que los proponentes que estén en alguna situación que signifique conflicto de intereses, serán descalificados.

Este medio llamó a Lorenzo Bonilla, funcionario responsable del proceso de licitación, para que diera más detalles del trámite, pero en su oficina informaron que no estaba disponible. De igual manera, se le envió un correo electrónica con cuatro interrogantes, entre ellas, ¿por qué es necesario este alquiler? y ¿qué servidores públicos usarán los vehículos?. Al cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.

El proceso de licitación para el alquiler de los carros es uno de los últimos actos que se celebra con la actual Ley 22 de 2006, de contrataciones públicas, ya que a partir de hoy, 8 de septiembre, entran en vigencia los 75 cambios efectuados a esa norma en la Asamblea Nacional y sancionados por el presidente Laurentino Nito Cortizo el pasado 8 de mayo.

Economía en picada

La pandemia del nuevo coronavirus no solo generó una crisis sanitaria sin precedentes en el país, sino que desencadenó una depresión económica inédita.

Al inicio de la pandemia, el propio Cortizo tildó de dramática la caída de ingresos.

De acuerdo con cifras del MEF, los ingresos corrientes acumulados a julio de este año totalizaron $2,715 millones, lo que refleja un déficit de $1,372 millones comparado con lo que se había presupuestado, y una disminución de $1,136 millones contra lo recaudado a julio del año anterior.