El presidente Laurentino Cortizo tiene en su despacho cuatro proyectos de ley sensitivos que debe sancionar u objetar. Se trata de propuestas legislativas promovidas principalmente por sus copartidarios del Partido Revolucionario Democrático (PRD) que han generado duras críticas, no solo a lo interno del Legislativo, y en los sectores afectados, sino también en la ciudadanía en general.
Se trata de los proyectos, 756 que permite la reelección de la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), el 550 que cambia la estructura de los patronatos de salud del país, el 638 que exige que un historiador en los museos, y el 776 que dificulta a los partidos políticos revocarle el mando a sus diputados.
La rectora
El proyecto de ley 756, que le permite a Etelvina Medianero de Bonagas optar por un tercer periodo como rectora de la Unachi, ha desencadenado semanas de protestas organizadas por los propios estudiantes de la universidad. La propuesta, impulsada por el diputado perredista Raúl Pineda, fue aprobada en tercer debate el pasado 24 de febrero en una polémica sesión en la que Pineda y otros diputados oficialistas llamaron a sus colegas para conseguir el quórum.
El pasado domingo, el Presidente de la República aseguró que “esta semana” estaría analizando el tema. Según él, “aún no lo ha visto”. “Yo tengo que analizar lo que viene de asesoría legal... las decisiones de un presidente obviamente no son 100% agradables a la gente”, manifestó a los periodistas en medio de un proceso electoral del PRD. El pasado 4 de marzo, durante un recorrido, se le cuestionó sobre el tema. Entonces, también aseguró que no se dejaría presionar. “Estoy revisando la ley”, añadió.
Para Noriel Gallardo, estudiante de la facultad de derecho de la Unachi, y uno de los que ha impulsado las protestas en contra de la reelección de la rectora, la sanción de la ley es un hecho. “Nosotros sabemos que el presidente la va a sancionar”, aseguró Gallardo, y agregó que a su juicio, Cortizo está “presionado por los poderes políticos”. Gallardo y sus compañeros ya están planeando la estrategia que pondrán en marcha para hacerle frente a la candidatura a la reelección de la rectora, proceso que se llevaría a cabo en el 2023. Medianero de Bonagas está en el centro de las críticas, además porque sus familiares han sido beneficiados con contratos estatales.
Patronatos políticos
Otro proyecto de ley sensitivo que espera la sanción o el veto del mandatario, es el 550 que establece el marco regulatorio general para patronatos, consejos de gestión pública, comisiones, programas y otras entidades similares creados por el Estado. Esta propuesta de ley no tuvo mayor debate en la Asamblea.
A raíz de su aprobación en tercer debate, representantes de cuatro clubes cívicos del país encendieron sus alarmas, pues aseguraron que el proyecto de ley trastoca las leyes de funcionamiento de los patronatos del Instituto Oncológico Nacional, del Hospital del Niño, del Hospital Santo Tomás, y el del Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación. Clubes cívicos como Club Activo 20-30, Club de Leones de Panamá, Club Kiwanis, y el Club Rotario son patronos de estos centros de salud. En un comunicado, los presidentes de estas organizaciones pidieron el veto de este proyecto de ley. Argumentaron que lo aprobado politiza los patronatos, al incluir más representantes del Estado en las juntas directivas. También reclamaron que no hubo un proceso de consulta para tratar este tema. Incluso, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), el pasado lunes hizo un llamado al presidente Cortizo para que vetara el proyecto en cuestión, el cual fue enviado al Ejecutivo el pasado 11 de marzo. El gremio empresarial planteó que los clubes cívicos son organizaciones de voluntariado, con un alto prestigio y confianza en la opinión pública por todas sus ejecutorias.
Ley del historiador
El proyecto de ley 638, que regula el ejercicio de la profesión del historiador, fue enviado al Ejecutivo para su sanción o veto el pasado 21 de febrero. El mismo crea un consejo de historiadores que deberá dar la idoneidad de historiador a quienes aspiren a conseguirla. Sin embargo, solo podrán ser idóneos, los nacionales panameños. El proyecto también establece que cada museo que trate con el tema de historia deberá contar un historiador idóneo.
La Red de Museos de Panamá pidió a Cortizo que vete parcialmente el proyecto de ley. Cuestionaron por ejemplo, el artículo 11, que establece que todos los museos deben contratar a un historiador idóneo de planta. A juicio de este grupo, este artículo resulta “lesivo”, al volver obligatorio un puesto de trabajo sin tomar en cuenta los contextos de cada museo.
Además, argumentaron que el mismo es inconsistente con otros artículos del proyecto de ley. Similarmente, el movimiento Ciencia en Panamá –organización sin fines de lucro integrada por más de 250 científicos de diferentes áreas del conocimiento en el país– también pidieron al Presidente que vete la propuesta por inconveniente.
La revocatoria de mandato
Mientras que el proyecto de ley 776, que adiciona artículos al Código Electoral y plantea cambios a la figura de la revocatoria de mandato, es otro que está en la oficina del mandatario del país. Esta iniciativa fue enviada a la Presidencia de la República el pasado 17 de marzo, en medio de los reclamos de quienes sustentan que esta propuesta viola la Constitución.
Las bancadas del PRD y Cambio Democrático (CD) se pusieron de acuerdo para introducir un camarón legislativo a una propuesta legislativa presentada originalmente por el Tribunal Electoral, sobre competencias de la Fiscalía Electoral. Esto con el propósito de ayudar a los 15 diputados de CD que enfrentan un proceso de expulsión y revocatoria en su colectivo. Incluyeron el artículo 438-A, que dice así: “Las decisiones que se tomen aprobadas por la mayoría de los diputados de la fracción parlamentaria a la cual pertenecen, no podrán ser utilizadas por los partidos políticos como causal de revocatoria de mandato, ni de expulsión de los diputados, inscritos o no en el partido político por el cual fueron postulados”. El artículo 151 de la Constitución y el artículo 488 del Código Electoral establecen que el partido político al que se le haya adjudicado la curul podrá revocar el mandato del diputado principal o suplente que haya postulado, inscrito o no en el partido. Con el camarón, los partidos perderían esa competencia.
