El Órgano Judicial publica propuesta de Código Procesal Civil

El Órgano Judicial publica propuesta de Código Procesal Civil


El Órgano Judicial publicó el anteproyecto de ley que adopta el Código Procesal Civil de la República de Panamá y habilitó un correo electrónico para sugerencias y aportes (cendoj@organojudicial.gob.pa) antes de que el documento sea presentado a la Asamblea Nacional para su consideración.

La propuesta de reformas del pleno de la Corte Suprema de Justicia se hace “con el fin de modernizar y mejorar el modelo de gestión de los procesos civiles para resolver los conflictos en tiempos razonables”, según detalla un comunicado del Órgano Judicial.

Según la Corte se pretende modernizar los procedimientos en materia civil a las nuevas tendencias contemporáneas para brindar un mejor servicio de administración de justicia y contribuir con la competitividad del país.

El documento (disponible en la página web del Órgano Judicial organojudicial.gob.pa o en https://goo.su/a7rE) forma parte del proyecto de modernización del proceso civil del pleno de la Corte, a cargo del magistrado de la Sala Civil, Omedo Arrocha.

El pasado 22 de diciembre el documento fue entregado a los miembros de la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia, que preside el procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro.

Para González el nuevo código implicaría una nueva visión, un cambio de paradigmas en materia procesal civil.

En una entrevista con este diario publicada el pasado 26 de diciembre Arrocha dijo que el anteproyecto no está escrito en piedra. “Se trata de impulsar cambios, a partir del reconocimiento de los defectos del servicio, proponiendo una solución, asumiendo la responsabilidad y ejerciendo liderazgo. No es una opción mantener el statu quo”, señaló.

Arrocha señaló que las reglas de procedimientos de la jurisdicción civil (Libro II del Código Judicial) fueron promulgadas en 1984 y entraron a regir el 1 de abril de 1987, por lo que responden a otra época y producen empantanamiento, complejidades y exceso de formalidades. Eso hace que un proceso, en promedio, puede durar entre 7 y 8 años en todas sus instancias.

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