El singular coctel de la ‘Operación Furia’

La “Operación Furia” tiene mucha tela que cortar y más nudos que atar. La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada intenta precisar en este caso por qué una cantidad de armas compradas para entidades de seguridad del Estado estaban en manos de particulares y exjefes de los principales cuerpos de seguridad.

El pasado martes, cuando se hizo pública la operación, se habían recuperado 34 armas en 28 allanamientos realizados en varios puntos del país.

Ese día, en conferencia de prensa, el director de la Policía Nacional, Jorge Miranda, y el fiscal Emeldo Márquez informaron que 19 personas habían quedado aprehendidas por el supuesto desvío de 86 armas de fuego que pertenecían a los estamentos de seguridad.

Al día siguiente, el miércoles 15 de julio, en una audiencia que duró más doce horas, se le formularon cargos a Omar Pinzón, Frank Ábrego y Belsio González, exdirectores de la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), respectivamente. Fueron imputados por la presunta posesión ilegal de armas de fuego y de municiones.

El juez de garantías Eric González también imputó a otras cinco personas: Juan Pineda, exjefe de escoltas del Senan; Luis Zegarro, exdirector de la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública (Diasp); Rafael Bárcenas, exdirector de la Autoridad Aeronáutica Civil; Roberto García Dapena, abogado; y Jack Betesh, de la empresa Aerotécnica de Panamá, S.A., que importó al país el lote de armas investigadas.

El juez impuso medidas cautelares de reporte dos veces al mes a García Dapena y a Pineda. El resto tiene detención domiciliaria e impedimento de salida del país.

La fiscalía había solicitado la detención provisional de todos.

Varios de los abogados de los investigados coinciden en que la Fiscalía mezcló los casos: los que tenían armas que habían recibido en calidad de obsequios y los que las compraron, pero tenían sus permisos.

Se vio a un desfile de personas esposadas llegando a la sala de audiencia. La mayoría había sido aprehendida el martes. Pero otro grupo, que también había quedado detenido, quedó libre de cargos el miércoles en la mañana. Incluso, hubo uno que fue aprehendido, desaprehendido horas después y llegó en su propio carro a la sede del Primer Distrito Judicial, donde se desarrolló el acto: el exdirector de la Policía Nacional, Omar Pinzón.

Rosendo Miranda, abogado de Pinzón, afirmó que el cargo de tráfico de armas sustentado por la fiscalía en la audiencia de imputación “es irreal”, debido a que las dos armas que poseía su cliente entraron al país “de manera legal”, a través de los estamentos de seguridad. “La mayoría de quienes las compraron tienen sus permisos, que fueron adquiridos con la anuencia de la Diasp”, añadió.

Para imputar, relató, la Fiscalía usó el artículo 355 del Código Penal, en el que se establece como delito introducir sin autorización legal armas de fuego, pero que, en este caso, las armas entraron a Panamá lícitamente.

Luis Eduardo Camacho González, abogado de Roberto García Dapena, aseguró, en tanto, que la imputación hecha por el fiscal “fue muy complicada y difícil de entender”. Alegó que a su cliente se le imputa por haber hecho gestiones relacionadas con armas a favor de una empresa en calidad de abogado y esto, a su juicio, “no es un delito”.

A la vez, explicó que se ha hecho un show con algunos, pero otros quedaron excluidos del proceso. Cuenta que su cliente adquirió un arma, pero que tiene su correspondiente permiso.

Mientras que Julio Macias, abogado de Belsio González, aseguró que su defendido no puede ser responsable de delito alguno, pues cuenta con los permisos necesarios para el porte de armas de fuego. A su juicio, mientras no exista una resolución en la que dicho permiso se anule, ese documento goza de legitimidad.

Macias también dijo que en esta investigación el cargo de tráfico ilegal de armas no es consecuente con la realidad. “La mayoría de las armas tiene permiso”, manifestó.

Narró que su cliente tiene dos armas debidamente registradas. “Una de las armas la donó voluntariamente al Senan, de manera que él no tiene la posesión de esa arma, que se encuentra, precisamente, en custodia del Estado”, afirmó.

Teoría de la fiscalía

El fiscal Emeldo Márquez argumentó que los señalados se valieron de los cargos que ostentaban en las instituciones de Seguridad del Estado para obtener certificaciones de usuarios finales y así poder importar armas de fuego, entre estas, armas de guerra, cuya tenencia en manos de civiles es, a su juicio, un delito.

“Las armas han sido enviadas [al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses] para sus pericias correspondientes y determinar si son o no calificadas como armas de guerra. Debemos resaltar que es de reconocimiento público que se recuperaron varias armas en los diferentes allanamientos”, dijo.

Para Márquez, esta pesquisa “va a demorar”, pues tienen que hacer el peritaje de cada una de esas armas incautadas, para así determinar su idoneidad y establecer si disparan tiro a tiro o si disparan en ráfagas.

“Eso es lo que va a determinar si son armas de guerra o si son armas que se pueden considerar como rifles”, explicó.

Insistió en que el usuario final de las armas que hallaron en la “Operación furia”, con la excepción de dos, era algún estamento de seguridad del Estado.

Adelantó que aún les falta ubicar otras armas y que esperan que las personas que las tienen den las expoliaciones sobre cómo las adquirieron, para así determinar responsabilidades.

“Nosotros no descartamos que más adelante se pueda imputar a otras personas y acusar de otros hechos delictivos a quienes ya hemos imputado”, puntualizó.

Rolando López

Hasta ayer no se había agendado la audiencia de garantías para el caso de Rolando López, exjefe del Consejo de Seguridad Nacional.

El pasado miércoles se celebró una audiencia de afectación de derechos ante el juez de garantías de Veraguas, Franklin Pinzón, solicitada por Ángel Álvarez, abogado de López.

La residencia del exfuncionario en Río de Jesús, Veraguas, fue allanada el martes. López no está detenido.