A las serias circunstancias actuales, los diputados del partido oficialista –el PRD– han sumado otra crisis: una de índole política, que es, además, innecesaria. Se trata de las reformas al Código Electoral, legislación que es revisada tras cada comicio. Para ello se instala una comisión permanente que se reúne cada semana –durante meses – para discutir y llegar a consensos sobre las reformas, aquiescencia a la que se llega con la participación activa, tanto de la sociedad civil como de los partidos políticos representados en la Asamblea Nacional (AN).
Pese a los consensos, muchas reformas aprobadas en la mencionada comisión, al llegar a la AN, se eliminan o modifican, perdiendo su esencia y espíritu. Pero en esta ocasión, las cosas en la AN se han salido de control. Los magistrados del Tribunal Electoral (TE) –que sustenta las reformas ante los diputados– abandonaron la mesa de discusión y pidieron suspender el debate del proyecto.
Esta petición fue abiertamente desoída por los diputados, quienes continuaron aprobando sus propias reformas, moldeadas a su medida y conveniencia, desvirtuando por completo el trabajo realizado y creando justificadas preocupaciones en la sociedad, ya que lo que pretenden es un claro retroceso en materia electoral.
El desenfreno presenciado en la sesión de la Comisión de Gobierno de la AN provocó reacciones de la sociedad civil organizada que, sumándose a la solicitud del TE, pidió a los diputados –también sin éxito– suspender de inmediato la discusión del proyecto. Tan lejos han llegado los diputados en su insaciable sed de poder, que el propio presidente de la República ha tenido que intervenir en una suerte de mediación, a fin de que los magistrados del TE y los diputados se reúnan la próxima semana, “teniendo presente que cada quinquenio el país debe modernizar y fortalecer sus normas en esta materia, con responsabilidad y respeto para contribuir a la consolidación de nuestra democracia”.
La respuesta del presidente de la AN, Crispiano Adames, no solo es desafiante, sino sobrecargada de una soberbia que poco ayuda, y más bien irrita aún más los ánimos ya caldeados. Según Adames, las opiniones que surjan sobre este tema deben conducir a la conciliación “y no exacerbar ni crear condiciones de desasosiego que solamente aumentan el nivel de desesperanza”. Pero advirtió que “la Asamblea no condicionará ni declinará ni renunciará a su rol constitucional de reestructurar las leyes...”.
Si bien los diputados tienen ese rol, no es menos cierto que la sociedad panameña ha perdido confianza en su labor –y prueba de ello está en todos los diálogos de grandes reformas que se desarrollan fuera de su seno–, dado que no legislan para el país, sino para sí mismos y para los intereses de su partido, lo cual deslegitima cualquier reforma que aprueben en esa dirección. El país no merece pasar por estos momentos de aciago político y los diputados deben mayor respeto a la institucionalidad y a la democracia.
Por ello cabe recordarle al Órgano Legislativo que la alegada soberanía que reclaman los diputados para aprobar sus pretendidas reformas a los procesos electorales no es asunto que le atañe a solo un pequeño puñado de políticos. En este tema, el soberano es el pueblo panameño, que exige decencia, igualdad de condiciones, transparencia y respeto a la voluntad popular. No renunciaremos a nuestra soberanía en asuntos que conciernen a la institucionalidad electoral y a la democracia. Queda en manos del diputado Adames definir si la Asamblea estará a la altura de las circunstancias.
