Mientras la mayoría de los panameños celebraban las fiestas patrias en noviembre pasado, tres miembros de la junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) tomaban un vuelo a México.
Oficialmente, el motivo del viaje era conocer el sistema de almacenamiento y distribución de medicamentos en instituciones de salud pública en el país azteca. El viaje no habría tenido mayor trascendencia, de no ser porque un mes después la CSS iniciaría un proceso de licitación para, precisamente, otorgar a una empresa privada el almacenamiento y distribución de medicamentos a pacientes de la institución.
La delegación estuvo conformada por el presidente de la junta directiva de la CSS, Miguel Ángel Edwards; la representante de la Asociación de Enfermeras, Esmeralda Bachanan; y el delegado suplente de los servidores públicos, José Alba. La Prensa se puso en contacto con este último para preguntarle detalles de su visita.
El viaje de estos directivos fue del 2 al 4 de noviembre de 2019 y, según Alba, la idea de viajar a México no fue de ellos: los tres fueron “designados” por el resto de la junta directiva de la CSS. “Nos preguntaron si estábamos dispuestos a viajar y aceptamos”, aseguró el directivo.
El costo del viaje fue sufragado por “el gobierno mexicano”, afirmó Alba. Corrió con todos los gastos, “hasta donde nos dijeron a nosotros”, acotó el funcionario.
¿Y por qué el gobierno de México iba a sufragar ese viaje? Alba aseguró desconocer el motivo. “Eh... todo eso está en la junta directiva. Hasta allá no le puedo decir”, dijo.
Tampoco dio muchos detalles del viaje, que fue preparado para conocer un sistema que probablemente sería desarrollado en Panamá por una empresa que eventualmente sería elegida en licitación para tal fin.
Para empezar, Alba no recordaba los nombres de los centros hospitalarios que visitaron. Tampoco pudo recordar los nombres de los funcionarios que los acompañaron, salvo que eran autoridades del equivalente en Panamá de la CSS en México. De lo que sí pudo acordarse es de los estados a los fueron: Guanajuato y Jalisco y, en este último, específicamente a la ciudad de Guadalajara.
La Prensa preguntó a Alba si en ese viaje habían tenido contacto con los proveedores de los servicios de las entidades de salud mexicana. “Ahora sí me la puso dura. Si usted me pregunta, a nosotros nos hicieron las explicaciones de cómo eran los sistemas, pero de quiénes eran esas empresas... no le podría decir algo que no sé”, respondió.
Alba dijo que la delegación entregó un informe de todo el periplo a la junta directiva. Así, sus miembros pudieron contemplar “las bondades que se podían hacer” con este proyecto, indicó.
La Prensa le solicitó una copia del informe, pero dijo que no guardaba copia. También afirmó que no tenía a mano los folletos informativos que recibieron durante su visita, aunque prometió hacerlo próximamente. Cosa que no ha ocurrido.
La Prensa intentó entrevistar también a los otros dos viajeros. Por un lado, el presidente de la directiva de la CSS, Miguel Ángel Edwards, nunca respondió las llamadas de este medio, mientras que Bachanan se comprometió a hablar con La Prensa, pero, después de su promesa, ignoró las llamadas y mensajes que le hizo este medio.
¿Coincidencias?
Probablemente, el viaje a México de los directivos de la CSS haya sido decisivo para concretar un próximo acto público. Solo 20 días después del retorno de los viajeros, el director de la CSS, Enrique Lau Cortés, pidió a la directiva –y así lo aprobó– autorización para cargar al presupuesto de 2020 la suma de 50 millones de dólares, a fin de convocar la licitación para actualizar, implementar e integrar los procesos de almacenamiento, distribución y dispensación final de medicamentos a nivel nacional. Y menos de dos semanas después –el 6 de diciembre de 2019–, la CSS lanzó su licitación.
Eventualmente, el consorcio denominado Salud en Control –integrado por la panameña PMG Logistics Corp. y la mexicana Intercontinental de Medicamentos, S.A de C.V.– fue beneficiada con este contrato, aunque en el camino una iniciativa, también de Lau Cortés –y aprobada por la junta directiva pocas semanas antes de la presentación de las propuestas– modificó el monto del contrato. Así, pasó de 50 millones de dólares a 200 millones de dólares, con una vigencia de cuatro años.
La competencia se centró en dos consorcios, cada uno integrado por una empresa mexicana –Intercontinental de Medicamentos y Distribuidora Disur–, cuyos antecedentes, ventilados en medios de comunicación mexicanos, son tan controvertidos como escandalosos. Ambas empresas con indicios de corrupción, aunque ello no impidió que participaran en la licitación de la CSS.
El consorcio ganador ofreció 168 millones de dólares, propuesta que no tuvo competencia, puesto que esta fue descalificada por incumplir el pliego de cargos.
El consorcio ganador –Salud en Control– presentó en el proceso de licitación varias cartas de recomendación de instituciones a las que presta sus servicios en el área de su experiencia, es decir, en la distribución y dispensación de medicamentos. Específicamente, las recomendaciones vinieron a favor de la empresa Intercontinental de Medicamentos, firmadas por funcionarios de instituciones de salud pública de México.
Una de esas recomendaciones fue expedida por el Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato (México). Este estado fue uno de los dos destinos visitados por los miembros de la directiva de la CSS en noviembre de 2019, un mes antes de la convocatoria de la licitación.
La carta de recomendación decía que Intercontinental de Medicamentos había prestado satisfactoriamente sus servicios en la ejecución de varios contratos –todos en períodos consecutivos– entre 2014 y 2020, consistentes en “el servicio integral de abasto, distribución, dispensación y administración de medicamentos e insumos médico quirúrgicos que incluyen la operación de farmacias, farmacia automatizada…”, etc.
Intercontinental de Medicamentos también envió a la comisión evaluadora de la licitación documentos que reflejaban su estatus fiscal en México. Para ello, presentó una constancia fiscal, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de ese país. Este documento, así como varios más, contiene datos de la ubicación de la sede de Intercontinental de Medicamentos. Y destaca que se encuentra, precisamente, en Guadalajara, estado de Jalisco.
Es decir, se encuentra en la segunda locación visitada por los miembros de la junta directiva de la CSS.
En pocas palabras, los directivos de la CSS fueron de visita a un lugar donde Intercontinental de Medicamentos tiene en ejecución uno de sus contratos para distribuir medicinas en una entidad de salud pública (Guanajuato), y a otro donde se encuentra localizada la sede de la empresa que ganó la licitación (Guadalajara). Y menos de tres semanas después del viaje, la directiva de la CSS aprobó el dinero para convocar a una licitación por estos mismos servicios, en la que participaría Intercontinental de Medicamentos.
Defensa
José Alba, quien es suplente de Roberto Valencia en la junta directiva de la CSS, afirmó que no está de acuerdo con que se continúe con esta licitación, ya que los fondos de la CSS son finitos.
El directivo arremetió contra las empresas que se oponen a la contratación de Intercontinental de Medicamentos, cuyos nombres no mencionó.
“Aquí, hay un problema político y de dos empresas que se están peleando quién gana la licitación. Ya hemos tenido experiencia con el Hospital del Niño”, dijo.
Asimismo, confirmó que los miembros de la directiva de la CSS se enteraron de que la adjudicación del acto público había sido suspendida el fin de semana pasado durante la conferencia de prensa diaria que ofrece el Ministerio de Salud y la CSS sobre los casos del nuevo coronavirus en Panamá.
Alba indicó que lo que más lo llenó de sorpresa fue que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, colgó en su cuenta de Twitter que había instruido a la CSS para suspender la contratación. “¿La CSS es autónoma o pertenece al Gobierno Nacional? ¿Cómo es que el Presidente da la orden de suspender el acto?”, cuestionó.
Lau Cortés defendió la adjudicación millonaria el pasado sábado 11 de marzo en una conferencia de prensa, indicando que es “conveniente y beneficiosa para los asegurados”. Pero, simultáneamente, Cortizo anunciaba que había dado instrucciones para suspender la licitación.
Ha “quedado evidenciado que existen algunas fuerzas económicas, políticas y comerciales que pretenden mantener el status quo y que NO les conviene que se implante un sistema que baje los precios a la institución, disminuya las pérdidas por medicinas vencidas o dañadas y el asegurado deje de pagar 400 millones [de dólares] al año de su bolsillo”, sostuvo la CSS en un comunicado divulgado para informar de la suspensión de la contratación.
Si, en efecto, tal planteamiento es cierto, el director de la CSS tiene muchas más explicaciones que dar sobre la suspensión de esta licitación, más allá de haber alegado que este momento –cuando Panamá sufre la crisis provocada por la pandemia del nuevo coronavirus– es inconveniente.
