Con un pleno vacío y en medio de reuniones políticas, la Asamblea Nacional retomó ayer la discusión del proyecto de ley 10, que reforma la Ley 22 de Contrataciones Públicas que impulsa el gobierno de Laurentino Nito Cortizo.
Que las empresas acusadas de delitos de corrupción, entre otras, puedan contratar con el Estado fue uno de los temas que marcó la retórica del debate.
Los diputados panameñistas Luis Ernesto Carles y Hugo Méndez introdujeron el asunto al inicio de la discusión. Cuestionaron una modificación que se pretendía hacer al artículo 19 de la Ley 22 de 2006, referente a la incapacidad legal para contratar con el Estado.
“Las empresas que han cometido algún delito no deben seguir licitando con el Estado; no deben”, advirtió Méndez.
El pasado jueves, en medio del debate, el perredista Benicio Robinson impulsó una modificación al numeral 9 del artículo 19, para que empresas que hayan hecho acuerdos de colaboración judicial o de pena puedan contratar con el Estado.
La propuesta del perredista planteaba que podrán contratar con el Estado “quienes realicen, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, acuerdos de colaboración judicial o acuerdos de pena, en donde reconocen la comisión de delitos contra la administración pública, delitos contra la seguridad colectiva, delitos contra el patrimonio económico y delitos contra la fe pública”.
Otro que hizo uso de la palabra fue el perredista Julio Mendoza: “No estoy de acuerdo con las empresas corruptas. Esta es una decisión unipersonal de este diputado. Les pido a mis compañeros de la bancada que, por favor, no le den la oportunidad a empresas que ya le han robado a muchos jóvenes que no pudieron ir a la universidad”, dijo.
Mendoza fue interrumpido por el diputado Ricardo Torres para que se leyera una nueva modificación al artículo 19 y se retirara la propuesta de Robinson.
La iniciativa busca inhabilitar para contratar con el Estado a las empresas que pacten acuerdos de colaboración judicial o acuerdos de pena en los que reconozcan la comisión de delitos contra la administración pública, contra la seguridad colectiva, contra el patrimonio económico y contra la fe pública.ca. El cambio también fue impulsado por el propio Robinson y su copartidaria Kayra Harding.
Los cambios en este sentido se debaten en medio de las investigaciones que desarrolla la Fiscalía Especial Anticorrupción por los sobornos que pagó Odebrecht en Panamá, empresa que durante tres gobiernos ganó contratos por más de $9 mil millones. Sin embargo, no es la única confesa de pagar sobornos. También lo hicieron Meco, FCC, Bagatrac, Concepto y Espacio, Grupo Corporativo GS, REC, y Rodsa.
Reuniones
Las intervenciones de Méndez y Carles se dieron sin que la oficialista bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y la de Cambio Democrático (CD) estuvieran en el pleno. Los del PRD se encontraban reunidos a pocos pasos del pleno, específicamente en el salón Chanchoré. Mientras que los de CD estaban en otro salón.
Raphael Fuentes, director de Contrataciones Públicas, explicó que la Dirección de Contrataciones Públicas realizó una encuesta para saber cuántas empresas en Panamá contratan con el Estado. Contó que la investigación arrojó que de alrededor de 80 mil empresas, sólo el 2% pactan negocios con el Gobierno.
Los perredista Roberto Ábrego y Crispiano Adames defendieron el proyecto 10 e indicaron que va mucho más allá de eliminar que las empresas corruptas liciten con el Estado. Por ejemplo, Adames indicó que con esta norma se permite que haya un observatorio digital en el que los ciudadanos podrán estar pendientes de los procesos y así denunciar si existen irregularidades.
La reforma a la ley de contrataciones públicas es una de las promesas del gobierno del presidente Laurentino Nito Cortizo.