El proyecto de ley 632, que fija medidas en relación con el tránsito, egreso e ingreso al territorio nacional de dinero, valores, piedras o metales preciosos y documentos negociables a través de los controles aduaneros ubicados en las fronteras, aeropuertos, puertos y zonas francas, cuando estos superen los $10 mil, espera primer debate en la Asamblea Nacional (AN).
El tema estaba ayer en la agenda de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, que preside el perredista Víctor Castillo, pero a última hora la sesión fue cancelada.
Se argumentó que varios de los diputados de la comisión estaban en una reunión de bancada.
La iniciativa de ley fue presentada por el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, el 28 de abril de 2021. En la exposición de motivos del proyecto, Alexander admite que “es una realidad que las autoridades aduaneras han comprobado un aumento significativo en la cantidad de valores que entran al territorio nacional”. Agrega que, incluso cuando estos valores son declarados, no son debidamente justificados como de procedencia lícita.
El propósito
Con esta ley se busca dotar a la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) de la competencia y los mecanismos correspondientes para la verificación aduanera inmediata y coordinada de los orígenes de dichos fondos y, en caso de que estos sean ilícitos, impedir que ingresen en la economía nacional.
Así lo explicó la titular de la ANA, Tayra Barsallo, cuando se presentó el documento. Agregó que mucho dinero entra al país en efectivo o en oro y que a pesar de verse sospechoso, Aduanas no cuenta con las competencias legales para tomar acción.
La iniciativa de ley también responde a una recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la cual indica que los países deberán contar con medidas para detectar el transporte físico transfronterizo de dinero e instrumentos negociables. Además, recomienda que las autoridades competentes cuenten con la autoridad legal para detener o restringir la introducción de dinero o valores sobre los que se sospecha una relación con el financiamiento de actividades criminales.
El proyecto de ley es corto. Tiene un total de 11 artículos, que contemplan temas como la responsabilidad del viajero, nacional o extranjero, que ingrese al país por estos puertos de entrada, así como las competencias de la ANA y el alcance de sus funciones.
El artículo ocho, particularmente, plantea los criterios de evaluación que deberán aplicar los encargados en aduanas para buscar “limitar la discrecionalidad del funcionario”, con la intención de “preservar la legalidad del proceso”.
Entre esos criterios, se contempla conocer la propiedad de los fondos, el origen o naturaleza del dinero y su destino final, así como el tipo de moneda.
El proyecto de ley incluye los documentos de soporte que deberá presentar el viajero.
La iniciativa plantea que en caso de que el viajero no pueda proveer esa información de forma satisfactoria, la ANA podrá retener los fondos durante un plazo máximo de 15 días, tiempo durante el cual las autoridades competentes efectuarán las investigaciones correspondientes.
Además, uno de los artículos plantea que la ANA deberá reglamentar la ley una vez esta sea aprobada y firmada como ley de la República.
Oportunidad
La iniciativa interpuesta por Alexander es otro componente que ha presentado la actual administración en en materia de esfuerzos contra el crimen organizado.
Precisamente, la Comisión de Gobierno inició la semana pasada el primer debate del proyecto de ley 625 sobre extinción de dominio.
Ambos proyectos fueron presentados por el Ejecutivo cerca de las mismas fechas el año pasado. Ahora corresponde a la Asamblea, órgano que preside el diputado oficialista Crispiano Adames, darles trámite y debate.
En el caso del proyecto de ley 625, este fue enviado a una subcomisión para su análisis y discusión. A la fecha, dicha subcomisión no se ha reunido ni se ha determinado el plazo que tendrán sus miembros para trabajar y devolver el proyecto a primer debate.
