Entidades como la Presidencia de la República, el Ministerio de Gobierno, la Lotería Nacional y el Sistema de Protección Institucional incumplen las normas del Casco Antiguo, al instalar antenas y condensadores de acondicionadores de aire en la fachada de los edificios históricos de San Felipe.
La normativa que regula este sitio histórico prohíbe la instalación de tanques de agua, antenas, cajas de elevadores o unidades de acondicionamiento ambiental en la fachada de edificios.
Las entidades públicas y su anarquía en el Casco Antiguo
Es marzo y el inclemente sol de verano arremete con fuerza sobre el Casco Antiguo, en el corregimiento de San Felipe, donde hay una comunidad en alerta por el incumplimiento de las normas en este sitio.
Actualmente, una de las principales denuncias de los residentes del Casco Antiguo es la contaminación visual con condensadores de los acondicionadores de aire y antenas, que involucran edificios como el de la Lotería Nacional de Beneficencia, el Ministerio de Gobierno, las instalaciones del Servicio de Protección Institucional (SPI), el Palacio Municipal y hasta la Presidencia de la República.
El Decreto Ejecutivo 51 de 22 de abril de 2004, a través del cual se aprobó el manual de normas para la restauración y rehabilitación del Casco Antiguo, establece que ninguna instalación, como tanques de agua, antenas, cajas de elevadores o unidades de acondicionamiento ambiental, podrá ocupar un lugar visible desde el espacio público y preferiblemente debe ser colocada al fondo o dentro del edificio.
Este manual busca, precisamente, que los residentes y comerciantes respeten las fachadas y cubiertas visibles desde la calle, y que se mantengan libres de elementos discordantes que atenten contra los valores arquitectónicos, estéticos y patrimoniales de los inmuebles del Conjunto Monumental Histórico del Casco Antiguo.
Octavio Del Moral, presidente de la Asociación de Vecinos y Amigos del Casco Antiguo (Avaca), subrayó que la Dirección de Patrimonio Histórico está aplicando la norma muy estrictamente a los vecinos, lo cual considera que está bien; no obstante, cuestiona que no se hace lo mismo con las instituciones.
“Hay como una cultura de que el funcionario está por encima del ciudadano, cuando no debería pasar”, lamentó Del Moral.
En palabras del presidente de Avaca, la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura debe exigir a estas entidades públicas que muevan estos condensadores para que no generen una contaminación visual en la zona y, sobre todo, porque están incumpliendo las normativas del Casco.
“Los funcionarios deben estar al servicio de la ley, pero parece que aquí sólo hay ley para los comerciantes y los vecinos”, manifestó.
Además, enfatizó que dentro del Casco Antiguo se está trabajando en corregir varios problemas, como el ruido excesivo o la circulación vial, pero en el tema de los condensadores de aire no se aplica corrección alguna.
A finales de 2020, los residentes del lugar denunciaron la instalación de condensadores de aire en la parte exterior del edificio que es utilizado por el SPI. Sin embargo, tras un recorrido por el lugar —y pese a que se comprometieron a removerlos— se pudo constatar que todavía se mantienen algunas unidades en el sitio.
De la misma forma, en inmuebles como el de la sede de la Lotería Nacional también se pueden apreciar sistemas de acondicionadores de aire y antenas en su fachada, así como en el edificio del Ministerio de Gobierno, donde estos elementos discordantes están repartidos por todas las paredes exteriores del edificio.
Para los defensores del sitio histórico, esto abre las puertas para otras irregularidades.
Wilhelm Franqueza, exdirector de Patrimonio Histórico entre 2014 y 2016, señaló que en su período realizaron varios llamados de atención, ya que la mayoría de los incumplimientos eran en los edificios públicos.
Franqueza aún recuerda lo sucedido.
“A los edificios públicos se les enviaban notas y algunos no le prestaban la debida atención a la normativa. La Dirección de Patrimonio Cultural debe retomar este tema y reunirse con los representantes de las entidades. Son trabajos complejos en edificios históricos que se podrían hacer como parte del mantenimiento”, sostuvo el arquitecto.
Icomos reacciona
Silvia Arroyo, presidenta del capítulo panameño del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos de Panamá), ente asesor, reconoce que se está incumpliendo el Decreto Ejecutivo 51 e hizo un llamado a las autoridades competentes a que hagan cumplir la norma.
Según el organismo asesor de Unesco, la Dirección de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura debe hacer la debida inspección y elaborar una nota de reporte que incluya fotografías, a fin de tener las pruebas suficientes para poder sancionar. “Lo usual es que se establezca un tiempo perentorio para corregir el incumplimiento, sujeto a una multa”, indicó Arroyo.
Al respecto, Linette Montenegro, directora de Patrimonio del Ministerio de Cultura, informó que la entidad gestiona ante propietarios o poseedores de inmuebles en el centro histórico del Casco Antiguo de Panamá, sean de carácter público o privado, el envío de solicitudes para que sus edificaciones cumplan con lo normado para la puesta en valor del sitio. “Hemos llevado a cabo procesos administrativos sancionatorios contra quienes, a pesar de los primeros llamados de atención, continúan con prácticas inadecuadas”, puntualizó.
Según Montenegro, existen edificaciones donde operan algunas oficinas de gobierno central, que su propiedad es de un particular, por lo que les corresponde contactar a éstos en caso de incumplimientos a la normativa vigente en el sitio. Pero si las edificaciones que tienen elementos discordantes en fachadas se encuentran sobre fincas del Estado, procuran solicitar a la entidad poseedora del bien, la liberación de estos elementos.
“Cabe resaltar que, en algunos casos, las instituciones nos contactan con el objetivo de que se les guíe en el proceso de solicitud de aprobación en intervenciones de edificaciones históricas, en las que también comunican que incluirán en su proyecto de presupuesto las adecuaciones de estos elementos”, comunicó la funcionaria.
En ese contexto, sostuvo que han tenido acercamiento directo con el Departamento de Mantenimiento de la Presidencia, del SPI, de la Lotería y del Ministerio de Gobierno, los cuales en su mayoría han rectificado conforme al alcance del presupuesto que les otorgan para ello.
En cuanto al edificio conocido como Palacio Municipal, donde opera el Consejo Municipal, explicó que cuenta con planos aprobados en 2017, cuya intervención y restauración, por asignación de presupuesto, la han llevado por fases y no ha concluido en su totalidad.
El Decreto 51 establece sanciones económicas que van desde $5 mil hasta $150 mil por estas anomalías.
