Partidos que hacen compra masiva de votos en comunidades enteras y amenazan a sus habitantes con perder todos los apoyos sociales si un solo sufragio va a otro contendiente. Candidatos que denuncian que el crimen organizado ya les ha dicho quién será el ganador, pero que ellos deben “aparentar” estar en campaña. Mujeres indígenas usadas como “botín” electoral para sumar apoyos.
Estos son algunos de los focos rojos detectados por las 28 oenegés que participan en la Red Ciudadana de Observación Electoral, una iniciativa apadrinada por el Programa de Naciones Unidas para el desarrollo en México, que presentó ayer martes algunos resultados preliminares sobre la vigilancia que llevan a cabo del actual proceso electoral.
El trabajo de todas estas oenegés representa un esfuerzo de observación “más integral, diversificado y profundo” que nunca del antes, durante y después de los comicios del 1 de julio, indicó la coordinadora de la iniciativa, Irma Méndez. Y todo a pesar de que en este año el programa contaba con menos financiación.
La compra de votos es una práctica tradicional en México desde el siglo pasado, pero el mayor problema es que ahora “se ha elevado descomunalmente” porque se han relajado las reglas para acceder a 6 mil 434 programas sociales que están vigentes, explicó Beatriz Camacho, de Alianza Cívica Nuevo León.
Condicionar el voto de esta manera se ha convertido en una forma de relación consentida entre políticos y ciudadanía “que no tiene caminos transparentes de rendición de cuentas”, agregó.
Camacho puso como ejemplo la “compra masiva de comunidades completas” en lugares de Chiapas. “Cuando llegamos a las comunidades nos decían: ‘aquí ya nos amenazaron que si hay uno, dos o tres votos para otro candidato que no sea el partido verde o el PRI no va a haber proyectos para nosotros”, explica.
