La escandalosa reunión de los diputados del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) en un restaurante, en pleno confinamiento, no solo salpica al Legislativo.
Importantes figuras del Ejecutivo vinculadas al manejo de la crisis sanitaria por la Covid-19 también tendrían responsabilidades en la violación de disposiciones de la cuarentena.
En la Parrillada Jimmy’s, lugar donde se celebró el encuentro la tarde del jueves 18 de junio, también estaba la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata, quien funge como primera vicepresidenta del PRD.
Zapata, junto a sus colegas la ministra de Salud, Rosario Turner, tercera subsecretaria de ese partido, y la ministra consejera en temas sanitarios, Eyra Ruiz, segunda subsecretaria del PRD, así como otros miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) –máximo organismo del PRD–, invitaron a la reunión.
A través de la resolución 2, del pasado 9 de junio, el CEN citó a la bancada legislativa al edificio Evergreen, ubicado en la Calle 74, del corregimiento de San Francisco. Aunque en el documento no se menciona el nombre de un sitio específico, en ese edificio opera un conocido restaurante que suele recibir a figuras del PRD, sobre todo a diputados.
¿Pueden las ministras citar a una reunión en un restaurante, en medio de la pandemia? ¿Están violando normas que ellas mismas impulsaron? Turner y Zapata han articulado estrategias sanitarias para contener la crisis desde sus puestos en el Ejecutivo.
Turner, junto al presidente Laurentino Nito Cortizo, firmó el Decreto Ejecutivo No. 500 del 19 de marzo de 2020, que ordenó el cierre temporal de varias actividades comerciales, incluyendo a los restaurantes. Allí se estableció que solo podrán despachar entregas a domicilio u órdenes para llevar; los clientes no pueden consumir los alimentos dentro de los locales.
Zapata, como jefa del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, prohibió la celebración de reuniones laborales con la participación presencial de más de 10 personas. En la reunión en Jimmy’s hubo más de 30 diputados, así como otros miembros del partido y personal del restaurante. Aunque los diputados han argumentado que ellos están autorizados para reunirse y desempeñar sus funciones, esa justificación pierde peso a la luz del decreto que prohíbe a los restaurantes abrir sus puertas.
De hecho, la Asociación de Restaurantes de Bares y Discotecas de Panamá (Arbyd) y la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá (ARAP) recriminaron el hecho en sendos comunicados.
La Arbyd se mostró indignada al argumentar que “un tradicional restaurante con conocidos vínculos a un partido político” se burló de un país entero al abrir sus puertas en “franco irrespeto” a las normas sanitarias.
La ARAP exigió “igualdad de condiciones”, y recordó que los funcionarios públicos deben dar “ejemplo a la ciudadanía”.
Mientras, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura exigió respeto para los ciudadanos. “Esto es una burla para quienes han cumplido con la cuarentena, el distanciamiento social y todas las demás medidas exigidas por las autoridades de salud”, aseguró Jean-Pierre Leignadier, presidente del gremio.
Sin explicación
Turner, a diferencia de Zapata, no asistió al encuentro. Aún así fue objeto de cuestionamientos ciudadanos, sobre todo porque es la ministra que lidera el manejo de la crisis sanitaria. Este medio consultó a su despacho sobre el particular, y manifestaron lo siguiente: “la ministra firmó como miembro del CEN, pero la decisión de reunirse allí [Jimmy’s] fue de los diputados”.
Desde la oficina de Zapata informaron que quien se iba a pronunciar sobre el tema era el partido.
Una disculpa
En efecto, el PRD se pronunció en un comunicado, en el que argumentó que la bancada no quiso reunirse en sus oficinas en la Asamblea Nacional “por tratarse de una actividad partidaria”. Sin embargo, la oficina de la bancada, en múltiples ocasiones, ha acogido reuniones en las que no solo participan los diputados, sino el secretario general del partido, Pedro Miguel González.
También adujeron que no la hicieron en el edificio del PRD (en Avenida México), debido a que está en remodelación y no cuenta con “espacio suficiente para realizar una reunión de este tipo cumpliendo con las normas sanitarias”.
De paso, pidieron disculpas a la ciudadanía y a la familia Koumanis, propietaria de Parrillada Jimmy’s. Georgia Koumanis, hija del fundador del restaurante (ya fallecido) es la esposa de Rolando Mirones, exministro de Seguridad del gobierno de Cortizo.
Aunque ayer el reclamo aún apuntaba a los diputados, las ministras también centraron la controversia.
En Twitter, algunos hasta pedían la renucia de Zapata. “Ministra @dorizapata espero que recuerde las palabras del presidente, ‘Nadie en mi gobierno está por encima de la ley, absolutamente nadie’. Su conducta de participar en una reunión en contra de normas sanitarias vigentes es estar encima de la ley. Espero renuncie”, escribió Juan Williams en esa red social.
No se sabe si lo ha hecho en privado, pero en público, el presidente Cortizo no ha dicho una sola palabra del comportamiento de sus ministras ni de la actuación de su partido.
Multas
El Minsa dio a conocer que a través de resoluciones había multado al PRD y a Parillada Jimmy’s con $50 mil cada uno. (Ver noticia relacionada).
En conjunto, es la misma cantidad que el Minsa impuso a los responsables de una boda que se celebró en un edificio en Paitilla, en marzo, por violar el Código Sanitario.
El Minsa no dijo nada de la participación de Zapata en el cónclave perredista. Tampoco se hizo alguna referencia a que Turner, curiosamente la jefa de la cartera que impuso las multas, fue una de las que convocó a la cita. Aunque algunos opinan que Turner, Zapata y Ruiz, como ciudadanas tienen derecho a ejercer sus derechos políticos, otros recuedan su papel de autoridades de la primera de línea de combate del virus. Sobre todo porque el Gobierno de Cortizo ha sido implacable al momento de cuestionar a los ciudadanos que no se quedan en casa en momentos de confinamiento.
¿Es legal?
Con la noticia de la multa de $50 mil al PRD, surgió otro debate. ¿Tiene sustento legal esta sanción? José Luis Paniza, estudiante de derecho y miembro del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, considera que la multa viola el Código Electoral, y por tanto es “ilegal”.
“La multa debe ser impuesta a quienes participaron de la reunión, y no al partido político como persona jurídica. En ese sentido, en la tarde de hoy [ayer] elevé de manera virtual una consulta ante la Procuraduría de la Administración para dar trámite al caso”, añadió.
Paniza sustenta que la ley no faculta al partido para pagar esa multa.
Anoche, el Tribunal Electoral advirtió que el PRD no puede cancelar la multa con fondos del subsidio electoral.
