Más de la mitad de los casos que investigó el Ministerio Público (MP) en los últimos cinco años, relacionados con supuesta malversación de fondos públicos a través del extinto Programa de Ayuda Nacional, (PAN) han tenido un final accidentado.
Las pesquisas han sido desestimadas en el Órgano Judicial, a través de sobreseimientos definitivos o provisionales, o con la anulación del expediente.
Hasta ahora, solo se ha logrado condena en un solo proceso. Se trata de la investigación de menor cuantía de todos los casos del PAN: la de la compra de llantas para la institución ($110 mil 948), expediente donde el Juzgado Decimoquinto Penal, a cargo de Leslie Loaiza, determinó que se había cometido corrupción, por lo que condenó a tres de los implicados.
Distinta suerte han tenido casos como los de la compra de alimentos deshidratados ($44.9 millones), instrumentos musicales ($7 millones), mochilas ($14.2 millones), bolsas navideñas ($5.1 millones), bolsas de comida ($33.2 millones) y alquiler de helicópteros ($10.1 millones). Los detalles de los expedientes están consignados en el documento: “Cinco años de lucha contra el crimen organizado (2015-2019)”, dado a conocer el viernes pasado por el Ministerio Público.
El desenlace de los casos del PAN: ¿impunidad o justicia?
En los últimos cinco años, desfilaron por el Ministerio Público exministros, comerciantes y exfuncionarios de todos los rangos. Tenían que responder ante las fiscalías anticorrupción, que investigaban casos por posible malversación de dinero público, estafa, falsificación de documentos o blanqueo de capitales, en transacciones que se hicieron durante la administración gubernamental 2009-2014, con fondos del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN).
Los principales capítulos de los casos del PAN se escribieron cuando Rafael Guardia Jaén tenía el control de la institución. Sin embargo, también hubo pesquisas vinculadas a la gestión de Giacomo Tamburrelli en esa institución, que debido a los escándalos mutó en la Dirección de Asistencia Social.
Hombre clave
Un informe que divulgó el Ministerio Público sobre los cinco años de gestión de la procuradora Kenia Porcell, quien deja el cargo el próximo 31 de diciembre, da cuenta de que esa institución investigó 14 casos relacionados con el PAN; ocho de ellos han sido desestimados, ya sea a través de sobreseimientos provisionales o definitivos, o por la nulidad del expediente.
La principal fuente de información de las fiscalías anticorrupción para ubicar a los supuestos responsables fue precisamente Guardia Jaén, quien confesó, paso a paso, las tácticas usadas por varios comerciantes para esquivar procesos, amañar licitaciones y vender productos al Estado con supuestos sobreprecios.
Todo con el aval del propio Guardia Jaén, y la bendición del Palacio de Las Garzas. Comerciantes veteranos y novatos, al igual que exfuncionarios, ganaron millones a costa del PAN. Era el gobierno de Ricardo Martinelli. Indagatorias, órdenes de arresto, confesiones y detenciones, marcaban la agenda pública de aquellos días.
El perdedor
El estatus actual de estos casos indica que el gran perdedor de la batalla es el Ministerio Público (MP). De los 14 procesos vinculados al PAN, solo ha habido una condena. Se trata de un caso que involucró una posible lesión al Estado por $100 mil 948 por la compra irregular de llantas. En este proceso se investigó a un hijo de Guardia Jaén. (Ver infografía).
Distintos juzgados, principalmente el Decimoquinto Penal, a cargo de Leslie Loaiza, han dictado sobreseimiento provisional y definitivo en los procesos por supuestas irregularidades en la compra de comida deshidratada, instrumentos musicales, mochilas y bolsas navideñas, el que implica al político de Cambio Democrático Heriberto Yunito Vega y uno de blaqueo de capitales producto de las transacciones supuestamente ilícitas que se hicieron en la entidad.
Mientras que se revocó la indagatoria de los investigados en el supuesto sobrecosto de alquiler de helicópteros, y se decretó la nulidad de parte del expediente que se seguía por la compra de bolsas de alimentos.
El caso relacionado con la pérdida de una máquina que se adquirió a través del PAN para supuestamente espiar comunicaciones de ciudadanos, espera fecha de audiencia. De acuerdo con el Ministerio Público, la tecnología se compró durante el periodo en que Giacomo Tamburrelli dirigía la entidad.
En tanto, el proceso vinculado a posibles anomalías en la construcción de la carretera de Cañazas, en la provincia de Veraguas, no ha podido avanzar por falta de una auditoría de la Contraloría. De este caso hay pocos datos en el informe que suministró el Ministerio Público.
Espera fecha de audiencia la investigación por la compra de granos y, en espera de sentencia, está la causa por el programa Piso y Techo.
La audiencia por el segundo contrato de los alimentos deshidratados (por $14.5 millones) se realizará en marzo de 2020.
Los exministros Federico Pepe Suárez (Obras Públicas), Guillermo Ferrufino (Desarrollo Social) y Lucy Molinar (Educación), al igual que Guardia Jaén y Tamburrelli, además de una larga lista de comerciantes son mencionados en algunas de esas pesquisas.
Blanqueo
El documento del MP registra un caso del que se ha contado poco: el que busca determinar si Guardia Jaén y otro grupo de personas cometió blanqueo de capitales a través del supuesto dinero ilícito que manejó mientras estuvo al frente del PAN.
Todo comenzó con una llamada anónima que recibió el Ministerio Público, donde alguien alertó que Guardia Jaén tenía $42 millones en un banco en Suiza, $17 millones en Gran Caimán, $80 millones en Miami y una mansión en Coral Gables, Miami, valorada en $4 millones.
La fiscalía a cargo de la pesquisa le siguió la pista a las cuentas con la ayuda de la Unidad de Análisis Financiero. El documento no establece cuál fue la suerte de esta investigación, solo dice que “el fiscal anunció escrito de anuncio de apelación fechado 29-7-2019”. Sin embargo, de acuerdo a noticias publicadas por este medio, el Juzgado Decimoquinto a cargo de Loaiza, decretó el sobreseimiento de los investigados.
