Dos escándalos ocurridos este fin de semana golpean directamente la gestión de gobierno del presidente Laurentino Cortizo en temas cruciales: la ética y lucha contra la corrupción y la batalla contra la pandemia de la Covid-19.
Este sábado 15 de agosto se hizo público que el jefe de personal del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, José Ruiloba, con un salario de $5 mil, amenazó a funcionarios con tomar acciones si no daban “like” en sus redes sociales a publicaciones del ministro Rogelio Paredes y del presidente Cortizo.
Más tarde, se difundieron imágenes de un vehículo oficial asignado al asesor de la Autoridad de Aseo, Pedro Ortiz, con un salario de $3 mil, que llevaba invitados a una fiesta organizada en su residencia en Dorado Lakes en plena cuarentena.
“Si el Ejecutivo no toma una decisión firme con estos dos funcionarios este ambiente de crispación y de malestar va a seguir aumentando”, señaló el analista Edwin Cabrera, quien recordó los compromisos del Ejecutivo en materia de corrupción y sanidad.
MP acumula investigaciones relacionadas con la pandemia
El Ministerio Público (MP) adelanta más de una docena de investigaciones por la posible comisión de delitos contra la administración pública, relacionadas con presuntas irregularidades en contratos, sobrecostos y el uso de bonos estatales durante la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la Covid-19, así como por la presunta comisión del delito de propagar una enfermedad contagiosa.
A esto se suma el anuncio, ayer domingo, de una investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción por la supuesta comisión del delito de peculado de uso en perjuicio de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), luego de que se publicaran en redes sociales y medios de comunicación imágenes de un vehículo oficial que se utilizó el sábado 15 de agosto para transportar a los invitados de una fiesta, en medio de la cuarentena.
Investigaciones por doquier
Entre las investigaciones que adelanta el MP figuran la construcción del hospital modular, posible sobreprecio en compra de ventiladores y gel alcoholado, una licitación millonaria en la Caja de Seguro Social, extravío de mascarillas en el Hospital Santo Tomás, un saqueo a una tienda en Curundú, una boda en Paitillla y una fiesta en Patio Pinel.
Además, en el MP reposan varias denuncias contra figuras de la cúpula del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) por haber hecho una reunión con la bancada del Legislativo en una parrillada, en abierto desafío a las decisiones de las autoridades sanitarias que establecieron el cierre de restaurantes y la prohibición de reuniones de más de diez personas. Incluso, ese encuentro contó con la participación de la actual ministra de Trabajo y Desarrollo Social, Doris Zapata, en su condición de primera vicepresidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRD.
En el caso de la boda de Patilla y la reunión en la parrillada ya el Ministerio de Salud (Minsa) impuso una sanción de 50 mil dólares a cada uno de las que la organizaron.
Parillada en Dorado Lakes durante cuarentena
La nueva investigación del MP implicaría a un activista de este partido, Pedro Ortiz, quien aparece en la planilla de la AAUD como asesor con un salario de 3 mil dólares. El vehículo que se usó para transportar a los invitados a la parrillada está asignado a Ortiz para asuntos oficiales. Además, la residencia donde se organizaba la fiesta en la urbanización Dorado Lakes está alquilada por él.
El funcionario reconoció la celebración de la fiesta, sin embargo, intentó negar que él se encontrara en el lugar, lo cual fue desmentido por sus vecinos y fotografías que muestran a una persona con rasgos físicos muy similares a él en el convite. Sus propios vecinos, que sonaron pailas y pidieron una sanción ejemplar, fueron los que alertaron a los medios de comunicación y de paso a las autoridades de esta irregularidad.
Ortiz dijo en su cuenta de Twitter que merecía “asumir con responsabilidad” los hechos. El día anterior había criticado -también en Twitter- a los organizadores de una protesta en Calle 50, en contra del confinamiento. Aquella protesta terminó con siete manifestantes detenidos (algunos agredidos) y conducidos donde un juez de paz, que les puso una multa de $2 mil a cada uno. La sanción está en apelación.
Promesas de sanciones
La AAUD, que dirige Pedro Castillo, emitió un comunicado la noche del sábado en el que rechaza el mal uso de bienes del Estado y las acciones que contraríen los lineamientos de las autoridades en la lucha contra la Covid-19.
El comunicado promete investigaciones internas para ubicar al o los responsables y solicita a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) proceder “con rigor”. No habla de destituciones.
De hecho, la Antai también reaccionó mediante comunicado señalando que aplicará medidas si se comprueba que había funcionarios haciendo fiestas en cuarentena y utilizando bienes del Estado.
También la Dirección de Fiscalización de la Contraloría General de la República anunció el inicio de una investigación por mal uso de vehículos del Estado.
Al ser consultado sobre el tema, el director regional metropolitana de Salud Israel Cedeño, dijo ayer que la sanción máxima que puede imponer esta dependencia es de $5 mil.
Es el mismo monto que se le impuso al alcalde capitalino, José Luis Fábrega, por violar la cuarentena al pasearse por una playa en un un fin de semana de cuarentena total. Este último también es investigado por el Ministerio Público por este caso.
‘Like al jefe’... de lo contrario...
El caso de la parrillada en Dorado Lakes estuvo precedido por otro escándalo que también afecta directamente al Ejecutivo.
El sábado circuló un audio del jefe de recursos humanos del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) en el que amenazó con tomar acciones contra los funcionarios que en sus redes sociales no dieran “like” a las publicaciones del ministro Rogelio Paredes o del presidente de la República, Laurentino Cortizo.
Se trata de José Ruiloba, quien, de acuerdo con la planilla de la Contraloría, figura como jefe de personal del Miviot, cargo en el que devenga $5 mil.
Ruiloba dijo en esa nota de voz dirigida a un chat de funcionarios y activistas del PRD: “en este grupo hay 161 personas, de las cuales el 90% trabaja en el Miviot, no es posible, que el ministro, el señor ministro, que es jefe de todos nosotros, sube una publicación y solamente 20 o 30 personas de este grupo, que trabaja en el ministerio y tienen Instagram, ni siquiera pueden darle un like al jefe”.
Remataba: “quiero que sepan que vamos a estar midiendo cada una de estas cosas, y se tomarán las respectivas acciones. La verdad no me gusta amenazar a nadie, pero se los digo con toda la claridad del mundo, hoy 12 de agosto, para que tomen conciencia y se pongan pilas”.
Ruiloba, al igual que Ortiz, se vio obligado a reconocer los hechos que ya eran públicos.
Tanto el ministro Paredes como la Antai prometieron una investigación contra este funcionario, que es sobrino del diputado del PRD, Raúl Pineda. Ya Paredes ha adelantado que ve difícil que él pueda sancionar a alguien por publicar en su cuenta personal lo que piensa.
¿Se sienten impunes?
No obstante, el abogado Ernesto Cedeño recuerda que Paredes puede echar mano del artículo 24 del Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos que establece que no se puede adoptar represalias o ejercer coerción contra funcionarios u otras personas, salvo que estas se enmarquen dentro del estricto ejercicio del cargo.
Además, el artículo 44 de dicho código señala que el servidor público que viole estas disposiciones será sancionado administrativamente con amonestación verbal, amonestación escrita, suspensión del cargo o destitución.
Según Cedeño los funcionarios actúan así porque creen que la política los apadrina frente a la justicia.
“Se ha perdido el respeto a la sociedad, a los valores, principios, normas jurídicas y lo que está prevaleciendo, de una manera bien férrea, es el poder político que está por encima de la ley y del poder judicial, que en medio de la pandemia es ciego, sordo y mudo”, reiteró.
Por su parte, el analista y comunicador social Edwin Cabrera considera que lo ocurrido este fin de semana con dos altos funcionarios describe no solo lo que ocurre dentro de la sociedad, sino en el seno del propio Gobierno.
“Un funcionario que amenaza a sus compañeros con represalias si no dan likes y otro que utilizaba recursos del Estado en días y horas prohibidas para hacer fiestas, denota que ambos se sienten con la suficiente fuerza, y por qué no decirlo, hasta con inmunidad, porque saben que no les va pasar nada”, resume.
Cabrera opina que el Ejecutivo debe tomar una decisión firme para mandar un mensaje claro al país que, tal y como lo ha dicho Cortizo, en su gobierno está prohibido robar, mentir y traicionar.
