Uno de los aforismos jurídicos más conocidos es aquel que dice: “los jueces hablan por sus fallos”. Para la Real Academia Española de la Lengua, el término “fallo” tiene varias acepciones, siendo la primera, una decisión proferida por un juez o tribunal. Otra definición señala que se trata de “un error o falta”.
El Knockout publicado por este diario ayer, domingo 29 de diciembre, en el que la periodista Flor Mizrachi entrevistó al juez décimo quinto de circuito de ramo penal Leslie Loaiza, presenta a uno de los jueces más controversiales de la justicia panameña contando su versión de sus decisiones, sus fallos en ambas acepciones de la RAE. El juez Loaiza describe un mundo de procesos penales en los que el Ministerio Público y la Controlaría General de la República, usualmente se equivocan. El juez Loaiza reconoce que él tiene su propia definición de peculado, cuando afirma que: “…yo tengo autores que dicen que para que exista malversación se refiere patrimonio económico. Los jueces somos independientes en nuestro criterio”.
El juez Loaiza sabe perfectamente que en materia penal el principio del debido proceso exige la aplicación estricta del tipo penal, tal y como está codificado. Es decir, si el artículo 338 del Código Penal reconoce una conducta como peculado, el juez Loaiza no puede cambiar la definición de peculado a su antojo, ni siquiera invocando supuestos autores que afirman los criterios que él utiliza.
En sus respuestas, el juez Loaiza evidencia el nefasto impacto que tuvo el fallo del caso Finmeccanica, cuya ponencia estuvo a cargo de la magistrada Angela Russo, que recibió el apoyo mayoritario del pleno de la Corte Suprema de Justicia y que estableció una causal nueva para anular las investigaciones del Ministerio Publico en el Sistema Inquisitivo. Esta causal es que el Ministerio Público se haya excedido del término de investigación. La mencionada causal no existe en el Código Judicial. Tanto el juez Loaiza como otros jueces y el propio Segundo Tribunal Superior de Justicia han aplicado como criterio la decisión Finmeccanica, como lo reconoce cuando manifiesta que decidió en contra del Ministerio Público cuando reconoce que “en la mayoría de los casos se pasaron del tiempo para investigar y no pidieron prórroga, así que me tocó decretar la nulidad. Y hay precedentes para hacerlo”.
Lo que es válido para el Ministerio Público no se le aplica al propio juez Loaiza. Existe una apelación del Ministerio Público desde agosto de 2018 pero el juez no ha enviado el expediente a sus superiores. Así lo explica: “es que a veces yo no me doy cuenta si mandan o no esas cosas de mi despacho”.
Para cualquier ciudadano, las declaraciones de Loaiza, aunque incómodas, pudieran pasar por irrelevantes, ya que se trata de un juez de circuito más dentro del engranaje judicial. Sin embargo, el juez Loaiza ha tenido a su cargo el 40% de los casos de corrupción de alto perfil. Por simple lógica esto no debería ser posible, ya que el primer Distrito Judicial, en el Circuito que incluye a la Ciudad de Panamá, tiene 18 jueces penales, los que deberían participar equitativamente del reparto de los casos. Sin embargo, Loaiza lo explica así: “el registro único de reparto, que queda por un parquecito, reparte aleatoriamente. Ni conozco a la gente allá”.
El propio juez Loaiza ha presentado argumentos que no le son favorables, ya que de haber efectivamente 8 jueces disponibles para el reparto, su despacho solo debería conocer 12.5% de los casos de corrupción de alto perfil. Si fueran 7 jueces, el porcentaje sería de casi 16%. En ninguno de los escenarios se justifica el 40% que él tiene.
Se deja entrever que la base de poder del juez Loaiza es su relación con el magistrado de la Corte Suprema José Ayu Prado, al reconocer que éste “me ve de confianza porque trabajó con mi hermano y fue jefe de mi mamá y compartió con mi papá cuando fue director de la PTJ”.
La entrevista de la periodista Flor Mizrachi es un despacho desde una trinchera en el frente de la guerra del Estado contra las redes de corrupción. A todas luces, el Estado va perdiendo el conflicto porque el Órgano Judicial, representado en jueces como Loaiza, actúa con otra agenda. Definitivamente que este juez habla muy alto y muy claro por sus fallos.
