El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) dejó sin efecto la concesión del proyecto minero Molejón, otorgada a la empresa Petaquilla Gold, traspasó al Estado esas tierras y convirtió en reserva las 644.9 hectáreas relacionadas con esta mina.
En una resolución publicada en Gaceta Oficial, la entidad plantea que luego de un tiempo otorgado a la empresa para subsanar “incumplimientos” en el proyecto, constataron que se mantienen faltas como omisión en el pago de cánones, regalías y cuota obrero-patronal, al igual que abandono de las operaciones y falta de adopción de medidas de protección al medioambiente.
Isaías Ramos, biólogo del Centro de Incidencia Ambiental, subrayó que este proyecto cesó operaciones en 2014 y actualmente las tinas de relave y otras infraestructuras se encuentran sin el manejo adecuado, en una zona que recibe gran cantidad de lluvia, lo que podría ocasionar un grave daño ecológico.
El Estado tuvo que destinar unos $2 millones, en 2016, para evitar el colapso de estas tinas, aunque para mitigar el impacto ambiental en la zona se calculó que se necesitarán $30 millones.
Jorge Obón, uno de los voceros de Petaquilla Gold, manifestó que mientras la empresa y sus accionistas no hayan agotado la vía legal, malamente alguien, como pareciera se pretende por algunos políticos en el poder, puede apoderarse de la concesión a ella otorgada en buena lid.
Molejón, ejemplo de un fallido proyecto minero
Para el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), el proyecto minero Molejón, concesionado a la empresa Petaquilla Gold, es el mejor ejemplo de que la minería metálica no es sostenible en el país.
Isaías Ramos, biólogo de esta organización, recordó que el proyecto —operativo desde 2011— cesó operaciones en 2014, desatendiendo el cumplimiento de sus obligaciones de manejo ambiental en toda la zona.
“Ante la situación crítica del talud de las tinas de relave y otras, que suponían un grave peligro para el ambiente y la salud humana, el Estado asumió una serie de trabajos en 2016 por millones de dólares”, manifestó.
Las declaraciones de Ramos se dan luego que el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) publicara este jueves en Gaceta Oficial la resolución No. 19 de julio de 2015, por medio de la cual se deja sin efecto la concesión, se traspasa al Estado esas tierras y se convierte en zona de reserva las 644.9 hectáreas relacionadas con esta mina.
En los considerandos de la resolución, el MICI precisó que luego de un tiempo otorgado a la empresa para subsanar “incumplimientos sustanciales” en el proyecto, constataron que se mantienen a la fecha faltas como omisión en el pago de cánones, de regalías y de la cuota obrero-patronal, al igual que abandono de las operaciones y falta de adopción de medidas de protección al medioambiente.
En palabras del biólogo Ramos, quien ha seguido de cerca el tema, todavía se desconoce el desenlace del proceso administrativo seguido por el Ministerio de Ambiente para sancionar a la empresa y recuperar el dinero.
Sobre la resolución, el ecologista explicó que fue emitida en 2015 para cancelar la concesión por este y muchos otros incumplimientos del contrato. No obstante, la resolución fue objeto de un amparo de garantías, que eventualmente fue desestimado por la Corte Suprema de Justicia.
“Es importante tener en cuenta que la Ley 9 de 1997, que aprobó el contrato del proyecto minero de Molejón y de otros proyectos de extracción como el actualmente conocido Cobre Panamá, fue declarada inconstitucional desde 2018, por haberse pactado al margen de la Constitución y la ley”, manifestó.
Añadió que una de sus mayores preocupaciones es que actualmente las tinas de relave y otras infraestructuras del proyecto Molejón no reciben el manejo adecuado en una zona sobre la que cae gran cantidad de lluvia, exponiéndola a daños y afectaciones, así como generando potenciales impactos al ambiente y las comunidades del área.
El manejo de las tinas y la mina abandonada tuvieron que ser asumidas en 2016 por el Ministerio de Ambiente, cuando tuvo que destinar cerca de $2 millones para bombear el agua que se acumula en las tinas por las lluvias, fortalecer los taludes, hacer limpieza de los suelos con hidrocarburos y dar mantenimiento a ciertos espacios de la zona.
El gobierno pasado calculo que para recuperar el espacio natural en Petaquilla y sanear el área por completo, se requiere un estimado de $30 millones.
Félix Wing, exsecretario del Ministerio de Ambiente, indicó que el de Molejón es un proyecto minero fallido porque, por un lado, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el estudio de impacto ambiental y, por el otro, también se declaró inconstitucional el contrato de concesión.
“Ellos [la minera] tenían tinas de relave llenas de agua que en cualquier momento podían desbordarse y por eso se hizo la intervención en la zona durante la administración pasada”, aseguró el exfuncionario.
Empresa se defiende
Jorge Obón, vocero de Petaquilla Gold, sostuvo que la resolución del MICI viola “flagrantemente” la Constitución y la normativa que prohíbe la expropiación de algún bien sin indemnización. Además, dijo que tales resoluciones violentan pactos y convenios internacionales con Estados Unidos, Alemania, España y Canadá, de protección a inversiones extranjeras.
“Mientras Petaquilla Gold y sus accionistas no hayan agotado la vía legal, malamente alguien, como pareciera se pretende por algunos políticos en el poder, puede apoderarse de la concesión a ella otorgada en buena lid”, advirtió.
Obón mencionó que presentaron un recurso de nulidad contra las “actuaciones ilegales”, es decir, las resoluciones del MICI —emitidas en el marco de este proceso—, en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia el 1 de septiembre de 2020, el cual fue admitido y actualmente está en etapa de práctica de pruebas. Igualmente presentaron un recurso de inconstitucionalidad, el 5 de mayo de 2021, ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia, el cual está pendiente de admisión.
“No creo que el presidente [Laurentino Cortizo], en búsqueda de inversiones extranjeras para salir de la crisis económica, quiera darle a países como Estados Unidos de América, Alemania, España y Canadá un mensaje de que en Panamá no se respetan las inversiones extranjeras y se carece de seguridad jurídica”, agregó.
Al respecto, el Ministerio de Ambiente informó que de momento la mina está abandonada y que las tinas están a su máximo nivel. No obstante, detallaron que los últimos análisis de agua, de 2019, no presentan niveles de cianuro ni otros elementos contaminantes.
De acuerdo con el ministerio, coordinan con otras entidades el manejo de materiales y desechos peligrosos que aún se encuentran en la bodega y laboratorio de la mina y que deben ser tratados para descontaminar la zona.
El área del proyecto y sus instalaciones son custodiados por la Policía Nacional.
