Navegar por internet puede llevar a sitios insospechados, pero lo que tal vez nadie imaginaría es que entrar al portal del mayor contratista del Estado panameño puede conducir al casi inverosímil resultado de aterrizar en el “Código de Conducta de la Organización Odebrecht", también denominado “Tecnología Empresarial Odebrecht” (TEO), que es “la referencia ética y cultural común” aplicable a todos los trabajadores de la firma en las diferentes regiones geográficas en las que opera.
Los responsables de la empresa aparentemente no llegaron a entender la mayoría de las frases que, en lenguaje muy sencillo, están incluidas en el referido código de conducta, que desde sus primeras páginas advierte que: “La Organización espera cordialidad en el trato, confianza, respeto y una conducta digna y honesta en las relaciones entre sus integrantes, independientemente de cualquier posición jerárquica, cargo o función”.
Si dentro de ese código alguien busca dónde encajaba el “Departamento de Operaciones Estructuradas”, no encontrará nada. O el redactor olvidó darle cobertura a las actividades de dicha unidad o quien lo instituyó no tuvo mucho apego por ese conjunto de normas. Porque, interinamente, ¿a alguien le pasó algo por violar el código? Tal vez no.
El tema de las coimas sí es abordado en el documento: taxativamente prohíbe a los miembros de la empresa “financiar, costear o patrocinar, de cualquier manera, la práctica de actos ilícitos… Ofrecer, prometer, conceder, autorizar, aceptar o recibir, directa o indirectamente, cualquier tipo de ventaja, pago, obsequio o entretenimiento”, que pueda ser interpretado como “coima, soborno o pago en virtud de la infracción de cualquier ley”.
La confesión de la firma, que admitió pagar $788 millones en sobornos a funcionarios de 12 países —incluyendo Panamá—, es prueba irrefutable de que el “Código de Conducta de la Organización” es tan solo un conjunto de letra muerta.
Pero la empresa utilizó algo más que dicho código para proyectar su aparente grado de responsabilidad y compromiso con la sociedad. Al menos en Panamá, mercado al que incursionó a principios del gobierno de Martín Torrijos (2004-2009), con Lula da Silva —entonces presidente de Brasil— actuando como embajador de la marca.
“Las relaciones entre Panamá y Brasil tienen un enorme potencial, pero han estado dormidas”, dijo Torrijos en agosto de 2004, en un viaje a Río de Janeiro como presidente electo de Panamá. El periplo fue organizado con el ánimo de “relanzar” las relaciones entre ambos países, y sirvió para que Torrijos sostuviera encuentros fraternales con directivos de Odebrecht, Petrobras y Andrade Gutiérrez, empresas que ahora tienen el dudoso honor de integrar el núcleo duro del escándalo Lava Jato.
Un año después de aquel viaje a Río, Odebrecht se adjudicó el proyecto del sistema de riego Remigio Rojas, en Alanje, Chiriquí, valorado en $54 millones. Al siguiente año, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) autorizó un “acuerdo privado” entre la mexicana Pycsa —concesionaria original de la autopista Panamá-Colón— y Odebrecht, para que esta última asumiera el proyecto cuya inversión, en aquella época, fue calculada en $216 millones. De esa cantidad, el Banco Nacional de Panamá prestó $51 millones. El monto restante fue financiado por el BNP Paribas, con la República de Panamá como cogarante solidario. El proyecto terminó costando $380 millones, 75% más de lo originalmente acordado.
Odebrecht empezó a dar muestras de su apetito voraz. En 2007, el MOP decidió adjudicarle otra obra: la cinta costera, un relleno de 35 hectáreas promovido como un parque urbano, pero que a la postre resultó ser una vialidad con más cemento que área verde. ¿El costo? $189.1 millones.
Después hubo cambio de gobierno. Ricardo Martinelli se convirtió en presidente en 2009 y con él, la constructora se consagró como el contratista número uno del Gobierno panameño: se le adjudicaron la segunda y la tercera fase de la cinta costera, el proyecto de renovación urbana de Curundú, la línea 1 del Metro de Panamá, el saneamiento de la bahía, la nueva terminal del corporativizado aeropuerto de Tocumen, la ampliación del tramo carretero Santiago-Viguí… Todas obras emblemáticas de la administración Martinelli.
El año 2014 trajo al gobierno de Juan Carlos Varela y también más contratos para Odebrecht: la segunda línea del Metro, la renovación urbana de Colón y el alcantarillado de la ciudad capital, impulsado por el alcalde José Blandón, copartidario de Varela. En total, en 10 años Odebrecht acumuló proyectos que sumaban poco más de $9 mil 200 millones.
El infortunio llegó el 19 de junio de 2015. Ese día, Marcelo Odebrecht —que dos meses antes estuvo en Panamá en el cónclave de empresarios que se reunió paralelo a la Cumbre de las Américas en Atlapa— fue detenido e imputado como parte del Lava Jato. Marcelo, que era el CEO de la compañía, fue finalmente condenado a casi 20 años de prisión por sobornos, crimen organizado y lavado de dinero.
Marcelo es uno de los 77 ejecutivos de la firma que se acogió a un programa de delación premiada, que implica una reducción de la condena si colaboran con la investigación. En documentos divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos consta que $59 millones en coimas fueron a parar a los bolsillos de funcionarios panameños entre los años 2010 a 2014.
Expiación o compra de conciencias
El escándalo Lava Jato coincidió con la época dorada de las redes sociales y el periodismo investigativo. Y hay material para todos: desde detalles escabrosos hasta el indictment de la fiscalía de Nueva York.
En Panamá, Odebrecht hizo un esfuerzo para que su nombre quedara asociado a algo más que a todo aquello que no se debe hacer en los actos de contratación pública. Promovió ligas deportivas, premios de prensa, restauración de templos y programas de voluntariado.
Para el quinto centenario de la creación de la diócesis de Santa María la Antigua en 2013, quiso construir una estatua gigantesca de la Virgen en Amador. La iniciativa fue interpretada como un derroche de recursos que en nada comulgan con los planteamientos de sencillez y humildad que pregona a diario el papa Francisco. También se escuchó el reclamo de los urbanistas: ¿cómo encaja una estatua colosal en la estética de un área como la calzada de Amador?
Odebrecht salió ganando al desistir de la efigie, a la vista de lo ocurrido en Perú, donde la réplica de 21 metros del Cristo Redentor que regaló al gobierno de Alan García en 2011 amaneció vandalizada, con frases que decían: “Odebrecht, fuera del país”, “Alan culpable” y “¡No robarás!”. Nadie se ha atribuido la autoría del acto.
La empresa debe tener algún afán por congraciarse con la Iglesia, porque asumió la restauración de la parroquia San Francisco de Asís en San Felipe. El arzobispo José Domingo Ulloa agradeció el gesto con un “acta de consagración”, emitida en marzo de 2016.
Odebrecht también patrocinó la liga profesional de baloncesto, un torneo de voleibol –copa “No al embarazo en el adolescente”– en la cinta costera, el maratón “Challenge Odebrecht”, una pista de patinaje, las regatas de cayucos y el campeonato de futsal “Copa Odebrecht”, que se celebró en el complejo de la Asociación de Colaboradores de la Contraloría, en vía Transístmica.
También vistió de celeste la fuente Anayansi en la cinta costera en el mes de la lucha contra el cáncer de mama y de próstata, y en el Día del voluntariado sembró plantones en áreas desprovistas.
Igualmente, promovió un programa de huerto escolar en el colegio Pino del Cobre en Veraguas y una brigada “cazamosquitos”, y donó libros, sillas y mesas a la biblioteca de la escuela Manuel Amador Guerrero.
Ha otorgado el “Premio Odebrecht rana dorada”, que reconoce iniciativas comunitarias en temas ambientales, y el “Premio Odebrecht para el desarrollo sostenible”, un concurso que busca que los estudiantes y sus profesores muestren su ingenio con proyectos que fomentan el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente.
Que el “código de ética de la organización” prohibiera ofrecer obsequios, beneficios, “inclusive el pago de viajes a los agentes públicos y privados o a sus familiares, con el propósito de influir en sus decisiones”, no fue impedimento para invitar a un grupo de comunicadores a conocer sus proyectos en Brasil. Tampoco para llevar a los hijos del presidente de Panamá –Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares–, un ministro –Federico Suárez, del MOP–, dos diputados –José Luis Varela y Adolfo Valderrama– y funcionarios –como el secretario presidencial Adolfo De Obarrio– al Mundial de Fútbol de Sudáfrica en el año 2010.
