La Fiscalía Especial Anticorrupción tiene previsto para hoy, jueves 20 de febrero, la indagatoria al exdiputado panameñista Jorge Alberto Rosas, a quien investiga como parte del caso Odebrecht, relacionado con el pago de sobornos a funcionarios para hacerse de proyectos de infraestructura pública.
La fiscal Zuleyka Moore programó inicialmente la indagatoria para el 14 de febrero; luego, la reprogramó para el 18 de febrero. En ambos casos, porque Rosas no se presentó a la diligencia.
En su lugar, el exdiputado envió a su abogado. Este alegó que antes de que se efectuara la indagatoria, la Corte Suprema de Justicia debía resolver una apelación a un amparo promovido por algunos de los imputados, contra la decisión del Primer Tribunal Superior de darle al Ministerio Público (MP) de permitir más tiempo para investigar.
La conexión de Rosas con el caso Odebrecht fue investigada inicialmente por la Corte Suprema en 2017, cuando este era diputado.
Para esa fecha, Juan Carlos Rosas O’Donnell y Rosa Mari Molino Paz, accionista mayoritario y coadministradora, respectivamente, de la firma Rosas & Rosas, señalaron a Rosas –también socio del bufete– como la persona que manejaba la relación profesional dentro de la firma con Odebrecht.
Rosas & Rosas recibió 10 pagos durante casi 5 meses –entre el 5 de julio de 2010 y el 23 de noviembre del mismo año– por un monto de, al menos, 2.1 millones de dólares, de la cuenta que la sociedad Constructora Internacional del Sur, S.A. mantenía en Credicorp Bank, dinero este que procedía de la llamada Caja 2 de Odebrecht, normalmente utilizada por la empresa brasileña para canalizar el pago de coimas en el extranjero. Esos pagos eran, según la firma, para el servicio de “consecución de fondos en efectivo para el pago de planillas especiales”.
La fiscal Moore quiere que Rosas responda preguntas que buscarían contrastar testimonios y verificar de dónde venían y para qué se usaba realmente ese dinero.
Una fuente del MP reiteró ayer que ninguno de los recursos anunciados por Rosas, a través de su defensa legal, detiene la orden de indagatoria. Eso solo lo podría hacer la orden de un juez.
El pasado 6 de enero, el Primer Tribunal Superior de Justicia dio un plazo de 5 meses y ocho días para concluir esta pesquisa, que se inició el 18 de enero de 2017. Tiene 900 tomos y está catalogado como un caso complejo de delincuencia organizada.
Para el MP, el nuevo plazo para este proceso, en el que hay 82 personas imputadas por delitos que involucran blanqueo de capitales, soborno internacional y corrupción de funcionarios, empieza a correr este mes.
La declaración de Rosas sería un capítulo más de esta trama.
