En la carta de renuncia a la Procuraduría General de la Nación, Eduardo Ulloa insinúa que deja el cargo porque el sistema de justicia es “incapaz” de dar soluciones para el bienestar de la niñez.
Sin embargo, juristas consultados sugieren que el tema va más allá del escándalo producto de los abusos detectados en albergues administrados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, asunto por el que el Ministerio Público adelanta ocho investigaciones.
Tampoco los convence el argumento de los “juicios mediáticos”, y el sacrificio familiar. Lo dice, por ejemplo, el exfiscal de Cuentas Guido Rodríguez, quien recuerda que Ulloa “conocía perfectamente el potro en donde se estaba montando”, y advierte que su “intempestiva” dimisión podría estar relacionada con algo “más grave y delicado”. Para Rodríguez, Ulloa (procurador hasta el 1 de marzo) tiene el deber “cívico y patriótico” de contar la verdad: quién lo presionó y qué lo llevó a tomar tan abrupta decisión.
El contexto
Ulloa deja el puesto con varios asuntos pendientes: la vista fiscal del caso Odebrecht, considerado el proceso de corrupción más emblemático de la era democrática, pesquisa en la que están imputados 100 personas, entre ellas, los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019), y el caso New Business, que le sigue la pista a la compra del grupo editorial Panamá América con supuestos fondos públicos, proceso en el que también se menciona a Martinelli.
Entre la gama de casos de alto perfil que están en las fiscalías también está la trama de soborno de la empresa FCC. En el Ministerio Público (MP) informaron que en diciembre pasado recibieron una asistencia judicial de Suiza, que contiene información reveladora para la investigación y que incluso tiene ramificaciones con el caso Odebrecht. En la misma se menciona a Martineli y a sus hijos Ricardo Alberto y Luis Enrique, y algunas sociedades de esta familia.
En la escena nacional se advierte que el hecho de que un procurador deje el puesto en estas circunstancias pone a la justicia en vilo y afecta la institucionalidad del país.
“Los argumentos planteados por Ulloa permiten interpretar que no pudo cumplir con las obligaciones del cargo y eso es grave”, asegura la exprocuradora Ana Matilde Gómez, quien de paso pone sobre el debate las presiones e injerencias en la justicia. “Lo que no sabemos es de quién” vienen esas presiones, dice.
Al caldeado ambiente político se agrega un elemento: el tuit de Sidney Sittón, abogado de Martinelli: “Ayer, al conversar con el Procurador Eduardo Ulloa, y conocer sus intenciones de renunciar, sentí a un hombre abrumado e impotente frente a la injerencia de Políticos de gobierno en el correcto desempeño de sus funciones. Es una persona correcta y siempre mi amigo”. Sittón escribió el mensaje a la 1:56 p.m. del pasado miércoles, casi una hora después de que el diario Panamá América, controlado por Martinelli, diera a conocer en primicia la renuncia de Ulloa.
Personas que conocen la administración de justicia por dentro, como la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Esmeralda Arosemena de Troitiño, hoy comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, manifiestan que la renuncia del procurador “tiene un importante impacto en la justicia”.
Recuerda que la fortaleza de la vida democrática y del Estado de derecho se sustentan en una institucionalidad basada en las normas, la Constitución, las leyes, la transparencia, la independencia, la autonomía, la rendición de cuentas y la imparcialidad y excelencia para asegurar igualdad y no discriminación en el acceso a la justicia.
Esa misma línea la comparte la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional. En un comunicado, la organización advierte que “el procurador de la Nación debe servir a la ciudadanía, no al poder”. También sostiene que la renuncia de Ulloa “deja más vacíos que respuestas”.
“El más alto funcionario del Ministerio Público debe poder tolerar la libertad de expresión y de prensa que es parte de la naturaleza del cargo. Si recibió presiones externas, sean mediáticas, políticas, económicas o criminales, está obligado por ley e integridad personal a informar al país y a denunciarlas. Nueve procuradores en 31 años, en lugar de los tres que debieron cumplir sus términos de 10 años, son hechos que evidencian la crisis y fragilidad de un sistema de justicia, que la sociedad ya se plantea como fallido”, dice la agrupación. Además, recuerda que la ciudadanía se enfrenta de nuevo al peligro del cáncer social de la impunidad en casos como Odebrecht, los pinchazos (caso por el que Martinelli será enjuiciado el 22 de junio), Blue Apple, FCC y a los más de 30 casos de corrupción que involucran a las administraciones 2009-2014 y 2014-2019.
Silencio
Después de que la tarde del pasado miércoles informara al país que renunciaba como procurador general de la Nación, cargo para el que fue nombrado por el presidente Laurentino Cortizo el 2 de enero de 2020, Ulloa no se ha dejado ver públicamente.
En la Procuraduría impera el código del silencio, táctica que también se instaló en la Presidencia de la República. Ayer no hubo comentarios ni pronunciamientos sobre el tema. Tampoco Consejo de Gabinete, necesario para decidir un reemplazo para Ulloa.
Por lo pronto, todo indica que Javier Caraballo, el procurador suplente, asumirá como procurador encargado, a partir del próximo lunes.
Un digno reemplazo para un puesto crucial
Eduardo Ulloa asumió el puesto el 2 de enero de 2020 para completar el mandato de 10 años de Kenia Porcell. Ese periodo vence el 31 de diciembre de 2024, es decir, que si por estos días se nombra un nuevo procurador, estará en el cargo solo por tres años y 10 meses.
Desde ya hay voces que alertan sobre la importancia de designar a una persona con altos estándares. Uno de ellos es el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, quien ayer dijo que el próximo procurador debe tener grandes cualidades. “No podemos tapar el sol con la mano, es la crisis de justicia... y saber que detrás de la justicia están los poderes económicos y otros grandes poderes que todos nosotros sabemos. Por eso creo que es la gran oportunidad para que el nuevo procurador, la misma Corte [Suprema] de Justicia, el Órgano Judicial igualmente puedan responder a las expectativas que tiene la nación frente a la justicia Panamá”, dijo.
De paso, consideró que Ulloa debe decir las “causas reales de su renuncia”.
