Diversos sectores pidieron al gobierno mayor transparencia en las contrataciones públicas, luego de que se conociera que varias instituciones, incluyendo la Presidencia de la República, negociaron compras de insumos médicos por montos por encima del precio usual.
Jorge Juan de la Guardia, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, dijo que preocupa que “el esfuerzo titánico realizado en el combate contra la COVID- 19 se ponga en entredicho, y la confianza ciudadana en esa lucha se vea quebrantada por procesos de adquisición cuestionados por falta de transparencia”.
A su vez, el Movimiento Independiente por Panamá (Movin), planteó que las compras de insumos y equipos médicos pagadas con fondos públicos deben ser publicadas en una página web, que además tenga un formato de datos abiertos.
Anette Planells, de Movin, señaló, además, que se deben aplicar sanciones más enérgicas a las personas que cometan delitos contra la administración pública en medio de la emergencia.
Planells hizo alusión al hecho de que en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional (AN) se aprobó un proyecto que reformaría el Código Penal para, entre otras cosas, aumentar las penas para quien sustraiga o malverse -de cualquier forma- dinero, valores o bienes del Estado.
Hay que recordar que desde finales de marzo pasado, los 13 capítulos latinoamericanos de Transparencia Internacional, se refirieron a la necesidad de fortalecer la fiscalización en las compras para la Covid-19. Recomendaron cinco líneas estratégicas: máxima apertura en la información (incluidos datos abiertos), activación de mecanismos pro-competencia, fiscalización en tiempo real, identificación plena de los recursos utilizados y su destino en un solo sitio, y amplia rendición de cuentas públicas sobre los recursos utilizados y su destino.
Esas advertencias se convirtieron en realidad. Por estos días se han reportado varios casos de compras relacionadas con la pandemia que han generado cuestionamientos. Una de ellas fue la intención de la Presidencia de comprar, de forma directa, 100 ventiladores AHP-300, a un costo de $48 mil 950 cada uno cuando lo usual es que estos equipos cuesten cerca de $6 mil .
Luego de una serie de críticas y de la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción, la Presidencia, a través del viceministro, Juan Carlos Muñoz, informó el pasado viernes que el proveedor desistió del contrato, debido a la alta demanda mundial de estos equipos. No había terminado Muñoz de hablar cuando ya varios proveedores se ofrecían para quedarse con el contrato.
El Ejecutivo, a su vez, invitó a todo ciudadano que pudiera comprar 100 ventiladores a menos de $50 mil por unidad y tenerlos en Panamá en menos de 10 días, que le avisara.
También este fin de semana el Ministerio Público anunció la apertura de una investigación por la compra de 7 mil mascarillas a un costo de $2.50 cada una por parte de la AN. Además, investiga un contrato entre la Caja de Seguro Social y un proveedor por la suma de $168 millones para la distribución de medicamentos.
La lista de compras que genera inquietud no termina ahí. Ayer este diario reportó que mascarillas tipo N95 o KN95, que se consiguen en el mercado en menos de $2 la unidad, fueron contratadas por el Hospital Santo Tomás y el Instituto de Mercadeo Agropecuario a $8 y $6 la unidad, respectivamente.
Al referirse al caso de los ventiladores, la Contraloría señaló que el proceso será auditado. Se pedirá el costo de producción y de venta de esos ventiladores y los mecanismos de exportación para garantizar que se pague “un precio justo y razonable”.
En tanto, ayer, en su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, hizo un llamado al Ministerio Público, a la Contraloría e, incluso, al Órgano Judicial a actuar para garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos.
Dijo que “las instituciones de control tienen que actuar y no ocultar”.
Horas después de este mensaje, Cortizo confirmó la renuncia de Muñoz, la cara visible de la polémica compra.
