“Tengo que ser sumamente cuidadoso”. Así lo aseguró ayer el procurador de la Administración, Rigoberto González, al referirse a las dos denuncias que investiga desde el pasado 14 de noviembre contra la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, tras las filtraciones de los “Varelaleaks”.
González dijo que pidió al Ministerio Público (MP) información de la denuncia que presentó la semana pasada el expresidente de la República Juan Carlos Varela (2014-2019) ante la Fiscalía de Atención Primaria por la “violación, alteración y manipulación a la privacidad de las comunicaciones”.
El pasado 5 de noviembre, un sitio anónimo, denominado “Varelaleaks”, publicó comunicaciones privadas de Varela (mensajes de WhatsApp) entre los años 2017 y 2018, señalando que supuestamente el expresidente había extraviado su celular. Entre ellas, aparecen conversaciones de Varela con la procuradora Kenia Porcell en la que se aluden casos judiciales, entre ellos el caso Odebrecth.
González solicitó, además, el acuerdo entre la Procuraduría General de la Nación (PGN) y Odebrecht, suscrito en 2017, en el que la empresa brasileña aceptó pagar $220 millones por haber pagado sobornos en Panamá.
“Queremos tener acceso a lo que él [Varela] denunció para ver si algo de lo que están diciendo allí guarda relación con lo que se está denunciando. Y verificar qué otras medidas podemos adoptar”, explicó González, después de recordar que Varela negó haber perdido su celular.
El pasado 14 de noviembre, el procurador abrió una investigación contra Porcell por una denuncia que presentó ese mismo día el abogado Abdiel González Tejeira, quien acusa a Porcell de la presunta comisión de los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos, tráfico de influencias, corrupción y asociación ilícita.
Dos días antes –el 12 de noviembre– Porcell había anunciado al país que a partir del 1 de enero de 2020 dejará el cargo para que se “haga una investigación como corresponda”.
Porcell, sin embargo, ha dicho que tiene la conciencia tranquila, porque ha hecho su trabajo apegada a la ley.
González dijo que como parte de sus investigaciones someterá las pruebas a la validación de un juez de garantías (en este caso sería un magistrado de la Corte Suprema de Justicia) para robustecer el proceso. Esto, explicó, evitaría que en el futuro un tribunal determine que se cae el caso debido a la ilegalidad de las pruebas.
Hay que recordar que González también reabrió el pasado 14 de noviembre un proceso a Porcell, a raíz de una denuncia presentada el 19 de junio de 2017 por Donaldo Sousa Guevara, Rolando Villalaz, Miguel Antonio Bernal y otros, quienes señalan a la procuradora por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de servidores públicos por el caso Odebrecht. Este expediente fue archivado provisionalmente a través de la Resolución 17 de abril de 2018.
Pero , ¿qué tipo de diligencias hizo el procurador González y por qué se archivó este caso?
En la resolución de archivo del expediente se despejan algunas de estas incógnitas. Por ejemplo, hay una nota del 6 de junio de 2017 en la que González le pide a Rolando Rodríguez C., secretario general de la Procuraduría de la Nación, una serie de documentos e información sobre el caso Odebrecth, que incluye el estatus del caso.
Entre las respuestas se menciona la resolución 96 de 28 de diciembre de 2016, por medio de la cual se crea la Fiscalía Especial Anticorrupción de la PGN.
González concluyó que la PGN hizo lo que le correspondía y en ese momento no existían suficientes elementos de convicción para determinar alguna conducta delictiva.
“Las investigaciones relacionadas al caso Odebrecht están en ejecución, de manera que no se puede hablar de un encubrimiento o un retraso en su desarrollo; pues las mismas no han concluido”, sustentó González.
