El proyecto de recuperación de espacios públicos y playas de Bella Vista y Calidonia queda suspendido, hasta tanto se cumpla con el proceso de participación ciudadana que establece la Ley de Descentralización.
Esto luego que el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial confirmó la sentencia del 11 de marzo de 2020, emitida por el Juzgado Cuarto Civil del Primer Circuito Judicial, que concedió un amparo de garantías contra el proyecto de playas que impulsa el alcalde del distrito de Panamá, José Luis Fábrega, por unos $120 millones.
El amparo fue promovido en marzo por el excandidato presidencial independiente Ricardo Lombana y la abogada Martita Cornejo Robles. En el mismo detallan que el Acuerdo 243 aprobado por el Consejo Municipal de Panamá asignó $30 millones al proyecto de recuperación de playas y que, siendo fondos que provienen de la descentralización, debieron ser consultados con las comunidades del distrito.
Según el Primer Tribunal Superior para la elaboración del Plan Anual de Obras e Inversiones de los municipios deben identificarse las necesidades de la comunidad, un proceso que debe llevarse a cabo utilizando mecanismos de participación.
“No habiendo satisfecho este requisito previo para la aprobación de la línea censurada [presupuesto] evidentemente se incumplió con el procedimiento establecido en la Ley 66 de 29 de octubre de 2015 [Descentralización] y por tanto se vulneró el principio del debido proceso que es recogido en el artículo 32 de la Constitución”, argumenta la sentencia del 28 de agosto.
Para Cornejo Robles, con esta decisión la justicia escuchó el clamor del pueblo que exige un gobierno participativo. Además, dijo que esto sienta un precedente para otros proyectos en el país, que se quieran hacer sin consulta de la población.
Mientras que el Consejo Municipal informó que analizará la sentencia.
Como ‘victoria ciudadana’ califican sentencia de Tribunal
Como una “victoria ciudadana” fue calificada la decisión del Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, de confirmar la sentencia del 11 de marzo de 2020 emitida por el Juzgado Cuarto Civil, que concedió un amparo de garantías contra el proyecto de playas de la Alcaldía de Panamá.
Para la abogada Martita Cornejo Robles, quien promovió el amparo junto al excandidato presidencial independiente, Ricardo Lombana, además de una victoria ciudadana con esta sentencia se sienta un precedente contra próximos proyectos que se quieran emprender sin consultar con las comunidades y el pueblo.
“La justicia panameña escuchó el clamor del pueblo por un gobierno participativo, lo cual está ya establecido en la Ley de Descentralización, pero que los alcaldes y representantes de corregimientos ignoran. Un gobierno participativo es aquel que toma en cuenta la voz y el voto de sus ciudadanos, siendo esa la esencia de la Ley de Descentralización”, manifestó la abogada.
El proceso
El pasado mes de marzo, Lombana y Cornejo Robles impulsaron un amparo de garantías constitucionales contra el Acuerdo 243 del Consejo Municipal que aprobó el presupuesto del Municipio de Panamá, específicamente en lo concerniente al proyecto de recuperación de playas.
En dicho amparo, que fue admitido por el Juzgado Cuarto de lo Civil, se detalla que el Acuerdo 243 asignó $30 millones al proyecto de recuperación de playas y que, siendo fondos que provienen de la descentralización, debieron consultar a las comunidades que conforman el distrito.
El Consejo Municipal respondió a la acción interpuesta en julio pasado, presentando un recurso de apelación para que se revocara la sentencia del Juzgado Cuarto Civil del Primer Distrito Judicial. Además de pedir que se revocara el fallo, el gobierno local solicitó que se mantuviera el presupuesto de $30 millones asignado a la obra para 2020.
No obstante, el pasado 28 de agosto el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial confirmó la sentencia del 11 de marzo de 2020, emitida por el Juzgado Cuarto Civil.
Con eso queda en pie la suspensión de dicho proyecto hasta tanto se cumpla con el proceso de participación ciudadana que establece la Ley de Descentralización.
De acuerdo con el Primer Tribunal Superior, para la elaboración del Plan Anual de Obras e Inversiones de los municipios deben identificarse las necesidades de la comunidad, un proceso que debe llevarse a cabo utilizando mecanismos de participación.
“No habiendo satisfecho este requisito previo para la aprobación de la línea censurada [presupuesto] evidentemente se incumplió con el procedimiento establecido en la Ley 66 de 29 de octubre de 2015 [Descentralización] y por tanto se vulneró el principio del debido proceso que es recogido en el artículo 32 de la Constitución”, argumenta la sentencia del 28 de agosto.
Consulta ciudadana
Al respecto, Lombana subrayó que la participación ciudadana no es opcional, no es un favor ni una concesión que se le hace a la ciudadanía. “Es mandatoria y ni el Consejo Municipal ni la Alcaldía de Panamá le pueden pasar por encima y hacer lo que quieran con los fondos públicos. “El Tribunal Superior así lo confirma”, acotó.
Según Lombana se tiene que respetar la ley y respetar a los ciudadanos. “Los fondos públicos no son de la Alcaldía ni del Concejo, son de la gente. Y me alegra que el Tribunal haya confirmado lo que ya se dijo en primera instancia. Tiene que haber participación ciudadana”, puntualizó Lombana.
María Chávez, presidenta de la Red Ciudadana Urbana de Panamá, indicó que es “positivo” lo decidido por el Primer Tribunal Superior y sugirió a la Alcaldía de Panamá que desista de este proyecto y destine los $120 millones a educación, salud y espacios públicos para los contribuyentes del distrito capital.
Ediles evaluarán
El Consejo Municipal de Panamá, donde se reúnen todos los representantes de corregimiento del distrito de Panamá, informó que evaluará la sentencia y que en los próximos días emitirá una posición.
De hecho, fueron los ediles capitalinos los que aprobaron el Acuerdo que concede los $30 millones iniciales, para el cuestionado proyecto de playas.
El proyecto de recuperación de playas tendrá un costo aproximado de $120 millones. En 2020 comenzaría su primera fase y contemplaría inicialmente un gasto de $30 millones.
Hasta el momento, la obra, que va desde el río Matasnillo hasta el Mercado del Marisco, en la bahía de Panamá, está en fase de evaluación del estudio de impacto ambiental.
Fábrega ha dicho que la obra va más allá de recuperar una playa e implica recuperar espacios públicos entre Bella Vista y Calidonia.
