Más voces condenan el controversial fallo del Tribunal Electoral (TE) que dejaría impune a Ricardo Martinelli en los casos judiciales de New Business y Odebrecht.
La Alianza Ciudadana Pro Justicia, en un contundente comunicado, denunció que los magistrados Heriberto Araúz, y Alfredo Juncá, debilitaron la acción de la justicia penal permitiendo que el Tribunal Electoral se convierta “en un salvoconducto para la corrupción”.
La Alianza Ciudadana, organización civil con más 20 de años de existencia, también rechazó “toda invocación al principio de especialidad como un pretexto para evitar la acción de la justicia”, y manifestó que tal como está, el fuero electoral penal, es un blindaje “corrupto e innecesario” para la efectiva realización de procesos electorales internos de los partidos y movimientos políticos. Por el contrario, el presidente Laurentino Nito Cortizo, y el vicepresidente José Gabriel Carrizo, evitaron cuestionar el fallo, y con ambiguos discursos en los que mencionaron las palabras democracia e institucionalidad, esquivaron el asunto. Además de evitar el juzgamiento de Martinelli por los casos New Business y Odebrecht, el reciente fallo del TE tiene el efecto político de poner al expresidente en la carrera presidencial rumbo a las elecciones de 2024.
Ante el fallo del Tribunal Electoral. pic.twitter.com/uw8SbE6Qjz
— Alianza Ciudadana (@AlianzCiudadana) March 27, 2022
‘La democracia es así’; Cortizo y Carrizo evitan condenar fallo del TE
El presidente de la República, Laurentino Nito Cortizo, evitó referirse al fondo del del fallo del Tribunal Electoral (TE) que dejaría impune a Ricardo Martinelli en los casos judiciales que se le siguen, pese a que expertos en temas electorales aseguran que la sentencia de los magistrados Heriberto Araúz y Alfredo Juncá, viola las normas constitucionales, y usurpa competencias del sistema penal.
“Respeto las decisiones, la democracia es así”. “Yo no puedo entrar a calificar si es o no un blindaje, al final es una decisión que tomó el TE, yo la respeto”, con estas dos frases el mandatario esquivó tomar una posición sobre el asunto. Sus palabras surgieron ayer en el colegio José Antonio Remón Cantera a donde fue a votar en la elección del Partido Revolucionario Democrático (PRD), colectivo al que pertenece.
La anodina posición del mandatario del país generó críticas. “Si bien es cierto siempre reclamamos que el Ejecutivo se meta en las decisiones de los otros Órganos del Estado (incluyendo el Tribunal Electoral) no es menos cierto que en este caso en particular hay un componente que va mucho más allá de lo que pudiera ser una intromisión. El Presidente por lo menos debió haber lamentado que el fallo de dos magistrados del TE obstaculice el o los procesos en los que el expresidente Martinelli está involucrado. Por lo menos que quedara registrada su sanción moral a lo ocurrido. Siempre es más cómodo o conveniente guardar silencio”, aseguró por ejemplo, el analista político Edwin Cabrera.
El vicepresidente de la República, y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, imitó la posición de Cortizo. “El Gobierno ha hablado en hechos y no en palabras. Nosotros hemos sido sumamente respetuosos del fortalecimiento de las instituciones, y no es un tema que este gobierno debe seguir impulsando, sino los que vienen. Este es un sistema democrático que debemos defender. El presidente ha sido valiente con el nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El presidente ha sido valiente en fortalecer esa institucionalidad y debemos respetarla”, manifestó Carrizo en el colegio José Ramón Cantera, en medio de los comicios internos de su partido el PRD.
A favor del fuero
Ya el Ejecutivo había sentado su posición sobre el controversial fuero electoral penal que protege a directivos de partidos políticos, y candidatos, al no vetar artículos de la Ley 247 del 22 de octubre de 2021, que reformó el Código Electoral, referentes a esta protección legal que, como bien lo demostró el reciente fallo del TE, propicia la impunidad en casos ligados a corrupción. Precisamente la Alianza Ciudadana Pro Justicia, organización que aglutina a por lo menos 20 organizaciones de la sociedad civil, se refirió a ese asunto.
“El fuero penal tal y como está establecido en la legislación electoral panameña constituye un blindaje corrupto e innecesario para la efectiva realización de los procesos electorales internos de los partidos y movimientos políticos”, advirtió la organización en un duro comunicado en el que expresan su posición sobre el fallo el TE, del pasado 22 de marzo, promovido por los magistrados Araúz y Juncá, que decidió mantenerle el fuero electoral penal a Martinelli, luego de que la jueza a cargo del Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, Baloisa Marquínez, solicitara que se le levantara esta coraza legal para juzgarlo por los casos New Business y Odebrecht.
La Alianza Ciudadana Pro Justicia también rechazó “toda invocación al principio de especialidad como un pretexto para evitar la acción de la justicia”. Esto a raíz de que fallo de Araúz y Juncá usa como pretexto el principio de especialidad para evitar desaforar a Martinelli.
El magistrado Juncá, incluso se había mostrado a favor de eliminar el fuero electoral penal. “Quizá el fuero electoral no es lo que necesitamos en nuestro país, tenemos que hacer que nuestros procesos sean mucho más accesibles, que la justicia electoral sea mucho más rápida y lograr una equidad. Hay que eliminar el fuero electoral”, manifestó durante el segundo semestre de 2021, en medio de las discusiones de las reformas a la ley electoral.
El fallo de Araúz y Juncá contó con el salvamento del magistrado Eduardo Valdés, quien alegó que es improcedente para el TE entrar a analizar el fondo de la aplicación del principio de especialidad. Diversos abogados han coincidido que los magistrados se extralimitaron en sus funciones al echar mano de este principio a sabiendas de que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha reiterado que Martinelli no goza de esta garantía procesal, razón por la cual el Ministerio Público y el Órgano Judicial pueden avanzar en los procesos penales por acciones cometidas antes de su extradición en junio de 2018.
