La exguerrilla FARC reconoció ante la justicia de paz su responsabilidad en varios de los crímenes que han estremecido Colombia, entre ellos el magnicidio del excandidato presidencial Álvaro Gómez, perpetrado por sicarios en Bogotá en 1995.
En un comunicado difundido ayer, el tribunal que investiga los peores delitos cometidos durante el conflicto informó que recibió una carta de los antiguos rebeldes en la que ofrecen “aportar verdad, esclarecer los hechos ocurridos y asumir tempranamente la responsabilidad” en seis sonados casos.
Entre ellos, el magnicidio de Gómez y los asesinatos del general retirado del ejército Fernando Landázabal, en 1998; del exconsejero de paz Jesús Antonio Bejarano, en 1999, y del diputado anticomunista Pablo Emilio Guarín, en 1987.
También admitieron su participación en los crímenes de José Fedor Rey (2002) y Hernando Pizarro (1995), quienes comandaron una disidencia de las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Ambos estuvieron implicados en la masacre de Tacueyó, en la que murieron decenas de guerrilleros que fueron torturados antes para que reconocieran su supuesta traición.
El anuncio de la exguerrilla sobre el magnicidio de Gómez causó sorpresa en un país que por muchos años creyó que detrás del ataque contra uno de los principales dirigentes conservadores del siglo XX, estuvieron políticos rivales aliados con militares y narcotraficantes.
La justicia declaró el caso como “crimen de lesa humanidad” para evitar que prescribiera la pesquisa hasta dar con los responsables.
Gómez cayó baleado por sicarios que dispararon contra su vehículo a la salida de la universidad donde dictaba clases, en Bogotá.
El jueves, la exsenadora Piedad Córdoba lanzó una advertencia en torno al asesinato del excandidato.
Córdoba, quien participó activamente en el proceso de paz con las FARC, anticipó que sabía quién había matado a Álvaro Gómez y ofreció dar su versión ante la Comisión de la Verdad, un órgano extrajudicial que fue creado como parte de los acuerdos con los rebeldes.
La exguerrilla, sin embargo, pareció anticiparse a la revelación en la explosiva carta que le envió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el 30 de septiembre.
La misiva está firmada por los excomandantes rebeldes Julián Gallo, Pastor Alape y Pablo Catatumbo, según el comunicado difundido.
Gallo y Catatumbo representan a la antigua guerrilla en el Congreso, en escaños que asumieron como parte de los acuerdos de 2016.
La que fuera la organización rebelde más poderosa de América dejó las armas y aceptó someterse a la JEP, a cambio de ejercer la política.
Los comandantes que confiesen sus crímenes y reparen a sus víctimas recibirán penas alternativas a la prisión. Si incumplen con sus compromisos se exponen a penas de hasta 20 años de cárcel.
El conflicto deja más de nueve millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados, quienes componen el mayor número de afectados por la guerra.
