La empresa Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (FCC) supuestamente pagó coimas sobre la base del 10% de los contratos adjudicados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) durante el período 2009-2014 para obras del reordenamiento vial en la ciudad de Panamá.
Los detalles fueron contados a la Fiscalía Especial Anticorrupción por Julio Casla y Eugenio Del Barrio, colaboradores de FCC.
Bajo juramento, ambos declararon al Ministerio Público que su jefe inmediato Avelino Acero se reunió con el entonces titular del MOP, Federico Pepe Suárez, quien les habría dicho que para que el Estado pagara deudas de proyectos anteriores al período 2009-2014 debían “pagar una coima del 10%” y ese mismo porcentaje sería aplicado a nuevos proyectos.
Los colaboradores de FCC también señalaron que esto también se hizo para las empresas grandes, como Odebrecht y el consorcio Ica-Meco.
Estas constructoras se reunieron en las oficinas de Odebrecht, ubicadas en el edificio de Torres de las Américas, para repartirse las obras del reordenamiento vial así: FCC, con vía Brasil, tramo I y II; el consorcio Ica-Meco, los trabajos en la avenida Domingo Díaz; y Odebrecht, con el proyecto del Patrimonio Histórico de la Ciudad de Panamá.
En la reunión se le habría dicho a los representantes de cada empresa la cifra que debían poner en la oferta de las licitaciones para que todos llevaran números similares, además del 10% de pago de la presunta coima.
Según estos testimonios, uno de los interlocutores entre FCC y Suárez era el abogado Mauricio Cort, señalado por la fiscalía como la persona que gestionaba, recibía y transfería los fondos ilegales.
Este medio llamó a Suárez para conocer su versión, pero se negó a dar una respuesta al periodista.
Otro testigo Ho señala al intermediario
En el expediente del caso destaca el testimonio de Carlos Ho, exdirector de Proyectos Especiales del MOP, quien señaló que vio a Mauricio Cort varias veces en las oficinas del MOP, “y que la empresa Odebrecht realizó pagos a él por servicios ofrecidos”.
En Panamá le exigieron coimas, admite FCC
Las revelaciones de colaboradores de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas S.A., (FCC) a la Fiscalía Especial Anticorrupción dejaron al descubierto el presunto pago de coimas para hacerse de contratos de proyectos viales durante el período 2009-2014.
Julio Casla y Eugenio Del Barrio, ambos colaboradores del grupo FCC, relatan en una declaración jurada que su jefe inmediato, Avelino Acero, se reunió con el entonces ministro de Obras Públicas, Federico Pepe Suárez, quien les habría comunicado que para que el Estado le pagara deudas de proyectos anteriores al quinquenio 2009-2014, se debía “pagar una coima del 10%” del valor de las deudas.
Casla detalló que esto “abarcaba todas las facturas pendientes de pago, así como todas las adendas y/o cualquier dinero de obras del Estado de Panamá, no se incluye las obras del Canal de Panamá, que se debieran a la empresa... FCC debía entregar una cantidad del 10% del valor de la deuda, esto también hacía referencia, lógicamente, a obras o deudas que se venían de contratos anteriores de otras administraciones, pero que al estar en ejecución y no finalizadas y por tanto quedaban unidades pendientes de pagos, también debían pagar este porcentaje del 10%”.
Agregó que fue una imposición que se les transmitió y que, de no acceder a ella, no cobrarían lo que les adeudaban y se les dificultaría la tramitación de todos los expedientes y, a la postre, no podrían volver a trabajar en Panamá.
Ambos colaboradores coincidieron en que ese mismo porcentaje sería aplicado a nuevos proyectos que se adjudicaría a empresas grandes, como Odebrecht e Ica-Meco.
Casla y Del Barrio también señalaron en sus descargos que Heitor Acevedo, de Odebrecht, los reunió en las oficinas de la constructora, en el edificio Torre de las Américas. Allí también participaron Alfredo Guzmán y Denis Monge, de Ica-Meco.
En la reunión “se habló de los proyectos de reordenamiento vial y que estos se repartirían en el caso de vía Brasil I y II a FCC; Domingo Díaz, a Ica-Meco, y al grupo Odebrecht, CBPO Enheharia LTD (filial de Odebrecht), Patrimonio Histórico ”.
Calsa declaró a la fiscalía que en el encuentro se les comunicó la cifra que debían poner en la oferta económica para que todos llevaran números similares. Además del 10% de pago sobre los proyectos que se adjudicarían, que serían los supuestos “pagos ilegales”.
“En el caso de los tramos vía Brasil, no recuerdo si el I o II, había que subir otros 5 más 7, es decir, 12 millones de dólares más la oferta por indicación del mismo Federico José Suárez”, dijo Casla.
El intermediario
De Barrio y Casla afirmaron que recibieron como directriz hacer los pagos a través de la cuenta de Arados de Plata, S.A., y la persona designada como interlocutor entre el ministro Suárez y ellos fue el abogado Mauricio Cort.
Explicaron que en varias ocasiones se reunieron con Mauricio Cort en sus oficinas ubicadas en Panamá, donde se verificaban los montos que debían depositarse, así como la firma de contratos ficticios que buscaban justificar estos pagos; “además de que confirman que existió [sic] sobrecostos de proyectos de reordenamiento en la ciudad de Panamá, ya que debía incorporarse el pago de las coimas”.
A ello se suma el testimonio de Carlos Ho, director de Proyectos Especiales del MOP en aquel entonces, quien, en su indagatoria, señaló que observó a Cort varias veces en las oficinas del MOP, “y que la empresa Odebrecht realizó pagos a él por servicios ofrecidos”.
Los detalles de las declaraciones de los colaboradores de FCC son expuestos en un fallo del 10 de diciembre de 2019, en el que la Corte Suprema de Justicia declaró legal la detención preventiva de Cort. Ello, luego de que la defensa legal de este presentara un habeas corpus.
Fuentes judiciales informaron que el nuevo abogado de Cort es Alfredo Vallarino, quien además forma parte del equipo legal del exmandatario Ricardo Martinelli (2009-2014).
Cort se encuentra detenido desde agosto del año pasado por el caso de la obra Patrimonio Histórico de la Ciudad de Panamá. También se le investiga por el caso de presuntos sobreprecios en la obra de la vía Brasil y un tercer caso, denominado Blue Apple.
