La estrategia del consorcio español Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) para rescindir el contrato para la construcción de la Ciudad de la Salud con la Caja de Seguro Social (CSS) se basó en aplicar la cláusula 26.3, sobre terminación por “causa de fuerza mayor o caso fortuito”.
Dicha cláusula del contrato, firmado en 2012, establece que, en caso de suspensión del trabajo por causa de fuerza mayor o caso fortuito, por un período superior a 180 días calendario o si la suma de varios períodos de suspensión alcanza los 180 días, el contratista tendrá derecho a la resolución del contrato. Además podrá percibir la totalidad de los costos incurridos hasta ese momento.
FCC le planteó a la CSS, a través de una nota el pasado 25 de agosto, que los trabajos estuvieron suspendidos 183 días calendario, de los cuales 30 corresponden a la huelga del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), entre el 18 de abril y el 18 de mayo de 2018; y se refirieron a otros 153 días calendario debido a la suspensión que hubo en la industria de la construcción entre marzo y agosto de este año por causa de la pandemia.
Frente a las pretensiones de la empresa española, la CSS respondió que en la adenda seis del contrato, que extendió la entrega de la obra hasta el 6 de mayo de 2021, se reconocieron 30 días más a la empresa por la huelga del Suntracs y otros 45 días para la “reactivación de los procesos constructivos”.
Para el exdirector de la CSS Rolando Villalaz, este contrato resultó muy desventajoso para la entidad, y preocupa que toda esta controversia termine costando muchos millones de dólares más a los asegurados.
Por otra parte, el Tribunal Internacional de Arbitraje tenía hasta ayer para emitir una decisión sobre la intención de FCC de secuestrar la fianza del proyecto Ciudad de la Salud. El director de la CSS, Enrique Lau Cortes, dijo que desconocían el fallo.
Los argumentos de FCC para anular el contrato con la CSS
El pasado 26 de agosto, el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, informó que el consorcio español Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) dio por terminado el contrato que mantiene con la entidad por la construcción de la Ciudad de la Salud.
El anuncio generó desconcierto y malestar entre trabajadores, empresarios, asegurados y jubilados, quienes instaron a las autoridades de la CSS a exigirle a la empresa española – investigada por el supuesto pago de coimas en Panamá– que cumpliera con lo pactado desde el año 2012, cuando se le adjudicó la obra por un valor incial de $587 millones.
Pero ¿cuáles fueron los argumentos de FCC para retirarse de la obra? Este medio tuvo acceso a una nota en la que la CSS le responde a la empresa española frente a sus pretensiones de dejar sin efecto el contrato. En el escrito se refleja la estrategia de la empresa española para no continuar con el multimillonario proyecto.
El documento lleva la firma del director de la CSS y va dirigido a Gerardo Lugo Mendoza, ingeniero de Construcciones Hospitalarias, la subsidiaria de de FCC que construye la obra.
Según la nota, FCC se acogió a la cláusula “26.3” del contrato firmado entre ambas partes en 2012, la cual establece que “en caso de suspensión del trabajo por causa mayor o caso fortuito por un período superior a 180 días calendario (o si la suma de varios períodos de suspensión alcanza los 180 días), el contratista tendrá derecho a la resolución del contrato y a percibir la totalidad de los costos incurridos hasta el momento de la resolución”.
La empresa considera que los trabajos estuvieron suspendidos 183 días calendarios, de los cuales, 30 días corresponden a la huelga del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares, entre el 18 de abril y el 18 de mayo de 2018. A eso le sumó otros 153 días calendarios relacionados con la suspensión de labores de la industria de la construcción por la pandemia, entre los meses de marzo y agosto.
El pasado 7 de septiembre, como parte de la reapertura de las actividades económicas en el país, la industria de la construcción se reactivó.
Argumentos de la CSS
Ante los planteamientos de FCC, la CSS le respondió que su pretensión no se ajustaba a dicha cláusula y que carecía de sustento técnico.
Por ejemplo, indican que en el cronograma del informe que se utilizó para sustentar la adenda 6 del contrato, que extendió la entrega de la obra hasta el 6 de mayo de 2021, se reconocieron 30 días a la empresa por la huelga del Suntracs.
Junto a esos 30 días, la CSS le otorgó otros 45 días calendario para reactivar los procesos contructivos, el reingreso de los subcontratistas a la obra, los trabajos de limpieza y el acondicionamiento por la falta de actividad durante los términos de la huelga.
La CSS afirma que por el impacto de la huelga del Suntracs en el proyecto Ciudad de la Salud, la institución le reconoció en la adenda de tiempo número 6 unos 75 días calendario a FCC, por lo que la pretensión de la empresa no se ajusta a la invocación de término de contrato por “causa de fuerza mayor” o “caso fortuito”.
“Por lo anterior expuesto, la pretensión carece de sustentación técnica y no se ajusta a la cláusula invocada”, señala la nota de la CSS.
Además de esto, el director de la entidad le remitió a FCC la Resolución No.822, de 28 de agosto de 2020, por medio de la cual el Ministerio de Salud autoriza la reactivación del proyecto. Esto, con la finalidad de llevar a cabo trabajos que ayudarán en la adecuación de salas y espacios en la Ciudad de la Salud, de manera que se puedan atender allí pacientes afectados por el nuevo coronavirus.
El mes pasado, tanto la CSS como el Minsa llevaron a cabo un recorrido por la Ciudad de la Salud, durante el cual informaron al país que habilitarían espacios en este proyecto para recibir a pacientes contagiados con la Covid-19 y que requieren de hospitalización.
El pulseo
Lejos de cumplir con la adecuación de salas y espacios hospitalarios en la Ciudad de la Salud, FCC optó por medir fuerzas con la actual administración del Seguro Social, al presentar dos reclamos en el Tribunal Internacional de Arbitraje.
La primera demanda de FCC tiene que ver con un proceso de emergencia que, en el fondo, busca secuestrar la fianza de la obra, de manera que la CSS no la pueda reclamar, como lo establece el contrato firmado en 2012 entre ambas partes.
La fecha límite para que el Tribunal de Arbitraje se pronunciara al respecto era este martes. Se le consultó al director de la CSS si ayer hubo algún pronunciamiento por parte del tribunal internacional en cuanto a la fianza y respondió que no.
En la segunda demanda presentada ante el citado Tribunal, FCC reclama a la CSS $125 millones en concepto de vigencia extendida, es decir, por el tiempo que la obra estuvo detenida entre 2015 y 2019.
Este nuevo reclamo está siendo evaluado aún por la Dirección de Legal de la CSS, para presentar su defensa ante el tribunal.
La obra tiene un 65% de avance. De ese total, 40% se dio entre 2012 y 2014, y el restante 25%, entre 2014 y hasta la fecha. Se han pagado al contratista $335.7 millones del monto pactado tras una reformal contrato para pagar por avance de obra en vez de financiar la obra y pagar a su entrega (llave en mano). Se calcula que la obra terminará costando unos $800 millones.
El director de la CSS manifestó que la última adenda de tiempo establecía que el proyecto debía ser entregado en mayo de 2021, pero no será así. Por esa razón, la obra requerirá fondos adicionales y más adendas de tiempo para permitir su culminación.
Desventajas
Para el exdirector de la CSS, Rolando Villalaz, este contrato resultó muy desventajoso para la entidad y muestra de ello es lo que se está viviendo en este conflicto.
“Me preocupa que toda esta controversia vaya a paralizar más de lo que está detenida esta obra”, puntualizó.
De acuerdo con Villalaz, hay muchos costos que se están acumulando y, de seguir así, la CSS tendrá que destinar más recursos a la obra.
Las autoridades de la CSS vienen planteando que el equipamiento médico de la Ciudad de la Salud, el cual corresponde 75% a la entidad y que no está previsto en el contrato, elevará el costo final del proyecto hospitalario.
“Efectivamente, este contrato se firmó en circunstancias ventajosas para la empresa y no para la CSS. Recordemos que se firmó en 2012, cuando había una euforia de millones de dólares que ahora nos están pasando factura”, apuntó Villalaz.
Enma Pinzón, presidenta de la Fundación de Artritis Reumatoide de Panamá, dijo que los pacientes que se atienden en la CSS están ansiosos de que la Ciudad de la Salud esté lista para que ayude a solventar sus necesidades de atención, sobre todo ahora que el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid está lleno debido a la crisis sanitaria.
“Esperamos que el gobierno se asesore muy bien para que esta empresa, que pasó dinero debajo de la mesa para esa obra, no siga sacando dinero a Panamá, y que contraten una empresa seria para que termine esta obra tan esperada por los pacientes”, concluyó Pinzón.
