Dentro de la investigación que adelanta la Fiscalía Especial Anticorrupción por presunto pago de coimas para obtener contratos públicos en el caso del Tramo II Corredor Vía Brasil por parte de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) se suman ahora los miembros de la comisión evaluadora que que preparaba los informes que servían de base para otorgar las licitaciones.
Fuentes judiciales informaron que entre los investigados están Juan Manuel Vásquez, María Eugenia González, León Emilio Halphen y Héctor Castillo, quienes integraron la comisión que dio los puntajes.
En este caso, también está imputado Federico Pepe Suárez, quien en 2011, cuando se dio el contrato, era ministro de Obras Públicas.
La fiscal a cargo, Ruth Morcillo, que inició las pesquisas el 19 de mayo de 2017 tras, un informe de auditoría de la Contraloría General de la República que detectó $41.7 millones en sobreprecios, cuenta con testimonios que apuntarían a que el papel de la comisión evaluadora era de mero trámite. Según esta información, las propias empresas se reunían para repartirse las obras públicas.
Investigan a miembros de comisión evaluadora de proyectos millonarios
Héctor Castillo, María Elena González, León Emilio Halphen y Juan Manuel Vásquez son investigados por la presunta comisión del delito de peculado en uno de los casos de presunto pagos de sobornos en Panamá por parte de la constructora Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).
Los cuatro están relacionadas al proceso por presuntas irregularidades en el ‘Estudio Diseño, Construcción y Financiamiento Obras del Corredor Vía Brasil Tramo II’ que adelanta la Fiscalía Especial Anticorrupción, ya que formaban parte de la comisión evaluadora encargada de analizar las propuestas que se dieron para este proyecto en 2011, cuando el Ministerio de Obras Públicas (MOP) era dirigido por Federico Pepe Suárez, también imputado en este caso.
Hay que recordar que Eugenio Del Barrio y Julio Casla, colaboradores de FCC, confesaron a la fiscalía que se pagó coimas sobre la base del 10% de los contratos adjudicados por el MOP durante el período 2009-2014 para obras del reordenamiento vial en la ciudad de Panamá.
Según sus testimonios, su entonces jefe inmediato Avelino Acero se reunió con Suárez, quien les habría dicho que para que el Estado pagara deudas de proyectos anteriores al período 2009-2014 debían “pagar una coima del 10%” y ese mismo porcentaje sería aplicado a nuevos proyectos. Según esta versión, esta práctica también se habría hecho con empresas grandes, como Odebrecht y el consorcio Ica-Meco.
Estas constructoras se habrían reunido en las oficinas de Odebrecht, ubicadas en el edificio de Torres de las Américas, para repartirse las obras del reordenamiento vial así: FCC, vía Brasil, tramo I y II; el consorcio Ica-Meco, los trabajos en la avenida Domingo Díaz; y Odebrecht, con el proyecto del Patrimonio Histórico de la Ciudad de Panamá.
En la reunión se le habría dicho a los representantes de cada empresa la cifra que debían poner en la oferta de las licitaciones para que todos llevaran números similares, además del 10% de pago de la presunta coima.
Ante esto, la comisión evaluadora del MOP, sería un asunto de mero trámite, según los elementos que maneja el Ministerio Público.
Diligencias
Dentro del expediente, a cargo de la fiscal Ruth Morcillo, se encuentran, al menos, 14 declaraciones bajo gravedad de juramento de funcionarios y ex funcionarios del MOP, Ministerio de Economía y Finanzas y Contraloría General de la República, así como una declaración jurada rendida por un colaborador de una entidad bancaria.
La fiscal Morcillo también ha girado cinco asistencias judiciales: dos a la Confederación de Suiza y el resto a Costa Rica, España y Países Bajos. La respuesta está pendiente de las autoridades de cada país.
La asistencia que se giró a España tiene como propósito recibir los descargos de un excolaborador de la empresa constructora FCC, quien ha sido vinculado al proceso.
Las diligencias a los otros países tienen que ver con solicitudes de información de cuentas bancarias de sociedades constituidas, presuntamente, para blanquear el dinero.
El Ministerio Público de Panamá también ha enviado una asistencia judicial para recibir los descargos de Javier López, como representante legal de FCC en España.
La obra del Tramo II del corredor vía Brasil consistió en la transformación de los cruces semaforizados a un nivel, en cruces no semaforizados a dos niveles, mediante la construcción de un paso inferior y una rotonda en la superficie.
Sobre este proyecto, una auditoría de la Contraloría General de la República detectó un presunto sobreprecio de 41.7 millones de dólares cuando el precio final del proyecto tuvo un valor de $216.3 y el precio razonable, señalado en el informe de la Contraloría, debió ser de $174.5
