La audiencia preliminar del caso conocido como Panamá Papers entró en su recta final, luego de que la fiscal especializada contra la Delincuencia Organizada, Isis Soto, solicitara el llamamiento a juicio de 32 personas por presunto blanqueo de capitales.
En su alegato, la fiscal Soto planteó que la investigación surgida a raíz de las publicaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en 2016, tiene dos vertientes: una encaminada a esclarecer la compra por parte de ciudadanos de bienes inmuebles en Panamá con dinero ilícito y otra relacionada a la firma Mossack Fonseca, que habría facilitado la creación de estructuras jurídicas (sociedades anónimas), a fin de presuntamente mover fondos para el pago de sobornos.
La fiscal alegó que existen evidencias de las irregularidades cometidas por miembros de la firma de abogados, que usaron a terceros para la creación de las sociedades.
Las afirmaciones de la fiscal fueron objetadas por varios de los abogados defensores, que iniciaron sus alegatos en el día de ayer.
Samuel Quintero, abogado de María Luján González, alegó que a su cliente, quien era parte de Mossack Fonseca, se le han formulado cargos tan solo por haber enviado un correo electrónico.
Quintero denunció que el Ministerio Público le formuló cargos a Luján sin detallar cuál es la conducta específica de la que se le acusa.
Mientras que Ángel Álvarez, abogado de Zacgary Ludgren, alegó que a su cliente se le han hecho cargos sin evidencias que lo vinculen a supuesto blanqueo de capitales.
A Ludgren, quien también es investigado en Argentina, está ligado al escándalo de Panamá Papers a través de la adquisición de una serie de bienes inmuebles, con dinero supuestamente ilícito.
Mientras que Javier Quintero, abogado de María P. Díaz, también señaló que los cargos son infundados.
Quintero detalló que en este caso se han hecho acusaciones de blanqueo de capitales, pero la fiscalía no menciona cuál es el delito precedente del cual supuestamente se habrían generado los fondos.
De la misma forma se expresó el defensor público Fernando Peñuela, representante de Enrique Blacsley, Alejandro Carroziro y Christoph Zollinger. Alegó queno hay evidencias contra sus clientes.
Durante la audiencia, la jueza tercera liquidadora Baloisa Marquínez acogió una solicitud de prescripción penal a favor de nueve personas, mientras que otras a favor de siete investigados fueron negadas.
La fase de alegatos se reanudará el próximo martes.
