Un testigo protegido fue clave para armar el rompecabezas del mecanismo que presuntamente usaron funcionarios de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), con la ayuda de particulares, para retener chances y billetes que debían ser enviados a agencias de la entidad en el interior del país. Esto, con el propósito de que si los números resultaban ganadores, pudiesen cobrar el premio a través de terceros.
Los detalles de la trama fueron develados por los fiscales Omar Jaén e Itzel Koo, en una audiencia que se celebró el pasado jueves en un Juzgado de Garantía, diligencia en la que se decretó la detención provisional de Yamilka Camarena, quien hasta hace poco era la jefa de entrega de libretas de Lotería, y de Alejandra Bonilla, quien fungía como directora provincial de la entidad.
Además, se impusieron medidas cautelares a Franklin De Gracia, exdirector de Operaciones de la LNB, y al particular Miguel Ángel Peña. Tienen prohibido salir del país sin autorización judicial, deben reportarse ante las autoridades los lunes y viernes de cada semana, y no se pueden acercar a la Lotería ni a los billeteros.
A todos se les investiga por la supuesta comisión del delito de peculado.
Según la investigación de la fiscalía, cuando tenían los premios en sus manos, los procesados se iban a celebrar a hoteles de playa. Ya se habían quedado con $25 mil, cifra que podría ser superior.
Así operaba el grupo que sustraía billetes de la Lotería
A pesar de que la Fiscalía Anticorrupción inició desde marzo de este año una investigación por presunta corrupción en el cobro de los chances y billetes premiados de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), la red de funcionarios y particulares que cobraba ilegalmente estos premios siguió operando.
Así lo detalló el fiscal Omar Jaén al momento de sustentar la imputación de cargos a cuatro de los implicados.
Según la investigación, la exjefa de entrega de libretas de la LNB, Yamilka Camarena, retenía parte del contenido de las libretas de chances y billetes que debían ser enviadas al interior del país y a Darién. Además, junto al resto del grupo, se quedaba con billetes premiados: los guardaba y luego los entregaba a terceros, quienes los hacían efectivos para luego repartir las utilidades.
Durante un allanamiento en la residencia de uno de los implicados, las autoridades encontraron documentos de la entidad, mientras que en una de las oficinas hallaron un paquete completo de chances y billetes que no fueron distribuidos.
En la investigación, que se inició a raíz de una denuncia anónima, la fiscalía le siguió los pasos al sistema usado por la LNB para la asignación de las libretas de chances y billetes e indagó sobre los controles aplicados para evitar posibles anomalías.
Allí, la fiscalía entrevistó a funcionarios de la institución, quienes relataron que Yamilka Camarena modificó el sistema de entrega de los chances y billetes, que usualmente debían entregarse en valijas selladas a las diferentes agencias de la Lotería. En las entrevistas, los funcionarios confirmaron que el sistema no guardaba los requerimientos de seguridad, pero que esas directrices se mantuvieron.
La fiscalía también detectó que libretas que debían ser entregadas en agencias de Penonomé, Santiago, Aguadulce y Darién, muchas veces no estaban completas, lo que llamó la atención de los investigadores.
El Ministerio Público también atribuye responsabilidad a la exdirectora provincial de la LNB, Alejandra Bonilla, a quien señala de ser parte de la red que extraía y retenía los chances y billetes, para luego cobrar los números premiados. En su oficina se hallaron recibos y documentos que la vinculan con irregularidades.
Según explicó el fiscal, el esquema también contaba con la colaboración de Franklin De Gracia, quien era el jefe de Operación de la entidad. Se le acusa de sustraer documentos, algunos de los cuales fueron hallados en su residencia.
Entre los miembros de la red también estaban Miguel Peña, Omar López y Antonio Peña, encargados –según la fiscalía– de cambiar los billetes y chances para luego cobrar una comisión.
A través de una interceptación telefónica debidamente autorizada, la fiscalía estableció que una de las implicadas se comunicó con personal que trabaja en la Lotería para que no diera detalles a las autoridades sobre el sistema de entrega de los billetes ni tampoco entregara documentación.
Otra de las evidencias que tiene el Ministerio Público es la declaración de un testigo protegido, quien entregó detalles sobre cómo operaba la red.
En hoteles de playa
Evidencias ubicadas por la fiscalía permiten establecer que tras el cobro de los chances y billetes premiados, los miembros de la red viajaban a hoteles de playa para festejar.
Lo hacían después de la celebración de los sorteos, por lo que se presume que parte del dinero obtenido de los chances y billetes era usado en asuntos de placer y diversión.
De acuerdo con el fiscal, la red sustrajo, al menos, $25 mil en billetes y chances premiados. En algunas ocasiones, las ganancias podían oscilar entre mil dólares y mil 800 dólares por sorteo.
Los cargos
Todos estos detalles salieron a relucir en una audiencia celebrada el pasado jueves, en la que un juzgado de garantías legalizó la detención preventiva de Yamilka Camarena y Alejandra Bonilla, quienes también fueron destituidas de la LNB.
La jueza de garantías Luzmila Jaramillo también aplicó medidas cautelares a Franklin De Gracia y Miguel Peña. Deben notificarse los días lunes y viernes de cada semana, tienen prohibido salir del país sin autorización judicial y no pueden acercarse a las oficinas de la Lotería ni a los billeteros.
Para el Ministerio Público, esto no es suficiente y por ello la fiscal Itzel Koo apeló las medidas cautelares aplicadas a De Gracia y Peña, por considerar que pueden eludir la acción de la justicia y porque existe el riesgo de destrucción de pruebas.
Koo alegó que se trata “de un delito grave” que tiene una pena de prisión superior a cuatro años, por lo que la medida cautelar recomendable es la detención preventiva. La fiscal no descartó la vinculación de otras personas a esta red.
La defensa
El abogado Ángel Álvarez, representante legal de Alejandra Bonilla, alegó que las evidencias aportadas por el Ministerio Público no son suficientes y que la cuantía del dinero supuestamente sustraído no es una cantidad alta.
Álvarez también argumentó que la fiscalía no sustentó el hecho de “si realmente existió una afectación a los fondos” de la Lotería.
“Creo que se ha levantado una alta expectativa sobre un proceso en el que no hay grandes sumas de dinero y en el que todos los investigados han estado presentes en el proceso desde el inicio”, dijo.
Recalcó que la decisión de la jueza de imponer medidas cautelares distintas a la detención preventiva a dos de los imputados, deja claro que no existe una firmeza en las evidencias. Añadió que se trata de funcionarios de mandos medios que no tenían poder de decisión en la institución.
Nadia Castillo, abogada de Yamilka Camarena, objetó la detención preventiva aplicada a su cliente y estimó que en este caso la medida más cónsona era la notificación periódica. Recordó que su clienta ya no es funcionaria de la Lotería, por lo que no hay riesgo de destrucción de pruebas.
La jueza Caballero concedió un término de seis meses a la fiscalía para concluir las investigaciones y presentar sus evidencias.
Por otro lado, el abogado Ernesto Cedeño pidió al Ministerio Público que solicite a la Contraloría General de la República auditar el manejo de los sorteos ordinarios y extraordinarios, a fin de establecer si existe alguna lesión patrimonial en perjuicio del Estado, y utilizarla como evidencia en las investigaciones que se adelantan sobre esta irregularidades en los sorteos de la LNB.
La Lotería está administrada por figuras del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), partido que está presidido por el diputado Francisco Pancho Alemán.
La directora de la entidad es Gloriela Del Río, quien no ha dado la cara luego de que el propio procurador de la Nación (encargado), Javier Caraballo, diera a conocer las anomalías el pasado miércoles.
Alemán dijo que el Molirena “rechaza cualquier acto de corrupción”.
