La Fiscalía Especial Anticorrupción recibió información clave, producto de una asistencia judicial solicitada a Suiza y que guarda relación con las investigaciones por presunto pago de sobornos en el proyecto corredor vía Brasil Tramo II, adjudicado en 2011 a la empresa española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).
Por el momento, la fiscalía adelanta el análisis de la información bancaria sobre cuentas y sociedades utilizadas en un esquema de presuntos sobornos a funcionarios por parte de FCC, a fin de obtener contratos millonarios.
La documentación detalla la trazabilidad del dinero depositado en la sociedad Arados del Plata, S.A., que se encuentra a nombre del abogado Mauricio Cort, utilizada como vehículo para dirigir los supuestos sobornos de FCC a los beneficiarios finales.
Otras asistencias
El Ministerio Público (MP) espera, además, asistencias judiciales de Costa Rica, España y Países Bajos.
La asistencia que se giró a España tiene como propósito recibir los descargos de un excolaborador de FCC, quien ha sido vinculado al proceso.
Mientras que las asistencias hechas a los otros países tienen que ver con la información de cuentas bancarias de sociedades constituidas, presuntamente para blanquear el dinero procedente del pago de los sobornos.
Los imputados
La investigación –a cargo de la fiscal Ruth Morcillo–, se inició el 19 de mayo de 2017, a raíz de una auditoría que hizo la Contraloría General de la República, que detectó posibles sobrecostos por $41.7 millones. La obra fue licitada por $174.5 millones, pero terminó costando $216.2 millones.
A la fecha, la fiscalía mantiene a 14 personas investigadas. De estas, 13 enfrentan cargos por la presunta comisión de delitos contra la administración pública.
Entre estos se encuentran Héctor Castillo, María Elena González, León Emilio Halphen y Juan Manuel Vásquez, quienes conformaban la comisión evaluadora encargada de analizar las propuestas que se dieron para este proyecto en 2011, cuando el Ministerio de Obras Públicas (MOP) era dirigido por Federico José Pepe Suárez, también acusado en este caso.
Cort, figura clave
El abogado Cort es acusado por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales. Fuentes del MP informaron que con dicha asistencia judicial se confirma la vinculación de Cort en el proceso, además de que, luego que se haga el análisis sobre la trazabilidad de los pagos de coimas, se podrá determinar quiénes son los beneficiarios finales. Esta información permitiría ampliar la lista de imputados.
Hay que recordar que Julio Casla y Eugenio Del Barrio –colaboradores de FCC– confesaron a la fiscalía que se pactaron coimas equivalentes al 10% de los contratos adjudicados por el MOP en el período 2009-2014, para obras del reordenamiento vial en la ciudad de Panamá. Buena parte de estas coimas llegaron a pagarse, según los testigos.
Según las pesquisas, Cort era el enlace entre los beneficiarios finales y FCC. Por este caso, Cort se mantiene bajo detención preventiva en la cárcel El Renacer. En otros procesos en los que es investigado, como Blue Apple y Patrimonio Histórico, fue beneficiado por fianzas de excarcelación.
En las pesquisas por las coimas de Odebrecht, Cort consiguió un acuerdo de pena de 48 meses de prisión el 29 de noviembre de 2018.
