La Fiscalía Primera de Drogas solicitó ayer que se imponga medida de detención provisional a 56 de los 57 investigados por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita debido a sus supuestos nexos con una red criminal asociada con el Clan del Golfo y que operaba en las costas de la provincia de Colón, Panamá y Coclé.
Uno de los imputados, Xavier Bartuano, se acogió a un acuerdo de pena de 68 meses de prisión por el delito de asociación ilícita. A Bartuano se le señalaba como parte de la estructura logística de la red criminal.
Durante el quinto día de audiencia, el fiscal Joseph Díaz aseguró que la medida de detención solicitada a la jueza de garantías Teodolinda Cardoze es procedente, porque se trata de delitos graves y todos los imputados, según advirtió, revisten un alto grado de peligrosidad para la comunidad.
El fiscal reveló ayer que la red manejaba un grupo numeroso de testaferros liderado por una abogada, quien era la encargada de gestionar la creación de sociedades anónimas para la adquisición de propiedades con las que se legitimaba el dinero procedente del narcotráfico.
Relató que la abogada creaba las sociedades, luego compraba las propiedades que, más tarde, eran traspasadas a otros miembros de la banda, a fin de simular una supuesta venta.
Según la fiscalía, este modus operandi se extendía a la compra de vehículos de lujo, valorados en $60 mil, $80 mil y hasta $132 mil, que luego eran usados por Jorge Luis General –presunto líder– y otros miembros de la red para desplazarse a diferentes punto del país.
Los testaferros, entre ellos una funcionaria del Ministerio de Educación, pusieron sus nombres a disposición de la red para la adquisición de una finca valorada en un millón de dólares ubicada en Río Hato, y otra en Montelimar, en La Chorrera, valorada en $335 mil.
Un informe financiero realizado por la Policía Nacional reveló que los testaferros usaban cheques de gerencia y en otras ocasiones tarjetas de crédito para los pagos, pero nunca ocupaban las propiedades, como es el caso de un apartamento en el PH Astoria de El Cangrejo, que está registrado a nombre de una sociedad, pero en realidad era ocupado por General.
Un informe de seguimiento de la Policía detalla que ese apartamento también era usado por los cabecillas del grupo para hacer reuniones de coordinación.
Las investigaciones también revelan que la empresa Magna Pesca era usada como pantalla para la legitimación de dinero procedente de las actividades ilícitas.
Asimismo, la fiscalía confirmó que miembros de la red viajaron a Colombia para reunirse con miembros del Clan del Golfo.
Durante la audiencia trascendió que el Clan del Golfo tiene una disputa de territorio con una pandilla liderada por alias Marshall, detenido en Punta Coco, por lo que se presume que un atentado sufrido por General guarda relación con esta rivalidad.
Por su parte, los abogados defensores alegaron que la fiscalía ha presentado una serie de evidencias sobre la compra de propiedades sin haberlas corroborado en el Registro Público y el Ministerio de Economía y Finanzas, ya que esas propiedades fueron adquiridas entre los años 2015 y 2016, mucho antes de haberse iniciado las investigaciones.
También alegaron que diligencias de vigilancia y seguimiento hechas por la Policía hablan de reuniones, pero no aportan ningún detalle sobre el contenido de las conversaciones, algunas de las cuales eran de carácter familiar.
