Los diputados Abraham Martínez (San Miguelito) y Nelson Jackson (Colón) tienen entre sí varias cosas en común. Además de haber sido elegidos como diputados del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) en las elecciones de 2009, ambos renunciaron a ese colectivo para inscribirse en Cambio Democrático (CD), del gobernante, Ricardo Martinelli.
Martínez lo hizo el 30 de noviembre de 2010. Se justificó alegando que “la cúpula del PRD perdió la brújula”. Jackson, en cambio, no dio explicaciones de su inscripción en CD, el 1 de marzo de 2011. Con él brincaron 13 representantes de corregimiento de Colón.
Otra cosa que los une es su gusto por las fundaciones de interés privado: Ambos “protegen y administran” sus propiedades y bienes a través de fundaciones que son “inembargables e insecuestrables”.
Martínez, por ejemplo, constituyó la fundación Casa Martínez, mientras que Jackson, la fundación denominada 5 de Septiembre.
A través de esas fundaciones, ambos diputados compraron en “preventa” seis apartamentos con acabados de la “más alta calidad” en la Torre 100 del proyecto Condado Country Club, S.A., urbanización Condado del Rey.
Los apartamentos serán entregados en los próximos meses y costaron en su conjunto 1 millón de dólares. Su adquisición se hizo mediante abonos programados –en cheques y en efectivo– desde 2011, sin ningún tipo de financiamiento bancario.
Algunos de los abonos a sus apartamentos superan varias veces lo que ambos ganan mensualmente en la Asamblea Nacional.
Cuatro apartamentos son de Martínez y los otros dos pertenecen a su copartidario Nelson Jackson.
´CALIDAD DE VIDA´
El 11 de abril de 2011 –cinco meses después de saltar a CD–, Martínez creó la fundación privada Casa Martínez, cuyos directores son su esposa y uno sus hijos.
“Dedicarse a favorecer y lograr una mejor calidad de vida duradera para el señor Abraham Martínez, sus hijos, hijas y esposa”, es el principal objetivo de esta fundación, dice el acta de constitución, cuya copia reposa en la Notaría Pública Primera de Panamá.
Dos meses después de crear la fundación, Martínez firmó cuatro contratos de promesa de compraventa con el promotor del proyecto Condado Country Club, S.A., a fin de adquirir igual número de apartamentos.
Los contratos ascienden a un total de 712 mil 250 dólares y fueron firmados por el diputado en calidad de representante legal de la fundación Casa Martínez.
Por uno solo de los apartamentos, Martínez pagó 234 mil 350 dólares. Además, el complejo privado donde se ubica cuenta, entre otras facilidades, con garita de seguridad, áreas verdes, piscinas y gimnasio.
Este diario tuvo acceso a los contratos de promesa de compraventa y todos, en su cláusula quinta, señalan que los últimos pagos se debían realizar el 17 de diciembre de 2012; es decir, los apartamentos, en teoría, debieron haber sido cancelados hace cuatro meses.
COMPRA EN PREVENTA
En enero pasado, Martínez habló con este medio acerca de esa compra. Admitió la adquisición de los cuatros apartamentos a través de su fundación, mediante “pagos programados”.
“Tengo cinco hijos... los apartamentos fueron comprados en preventa hace más de dos años... Están en proceso de pagarse y no se compraron ahora”, aseguró.
Agregó que “los mecanismos de pago están financiados por instituciones privadas. No son pagos en efectivo, son cheques”, sostuvo.
Pero eso no es del todo cierto. Los cuatro contratos con la promotora se firmaron el 17 de junio de 2011 y no fueron gestionados a través de una entidad bancaria.
Este diario tuvo acceso a copias de los recibos de pagos que hizo Martínez. Uno de los abonos se canceló mediante un cheque de 138 mil dólares (equivalente a unas 20 veces su salario al mes).
Otros depósitos se hicieron hasta por 59 mil dólares, pero –a diferencia del pago anterior– no se precisa que haya sido mediante cheque (ver facsímiles).
Solo en dos meses (junio y julio de 2011), Martínez hizo abonos por la suma de 284 mil 348 dólares, según los documentos.
El diputado sugirió que tiene cómo justificar esa compra: Dijo tener tres empresas: Hacienda Trinidad Hermanos, S.A. (dedicada a la actividad agrícola); Ros & Am, S.A. e Italian Design And Technology, S.A.
Esta última –agregó– se dedica a importar muebles, y que él es accionista junto con el empresario italiano Francesco Hipólito. Pero no precisó dónde se encuentra ubicado el negocio.
A través de la fundación, Martínez también compró a finales de 2012 una finca en Isla Grande, Colón, la cual limita al sur con la costa. Martínez pagó 20 mil dólares por esa propiedad.
JACKSON Y SUS BIENES
El 4 de julio de 2011, el diputado Jackson firmó dos contratos –en representación de la fundación 5 de Septiembre– para comprar dos apartamentos ubicados en el mismo proyecto Condado Country Club, valorados en 293 mil dólares.
En solo dos meses (septiembre y octubre de 2011), Nelson Jackson abonó un total de 98 mil 597 dólares –el equivalente a más de un año de su salario en la Asamblea– según los recibos de pago a los que tuvo acceso este diario.
Este medio contactó a Jackson, pero se negó a hablar. “Después hablamos... Voy para una reunión. No sé qué fundación es esa”, aseguró al ser abordado en los predios del pleno legislativo.
Tras la breve declaración, el diputado colonense conversó varios minutos con su colega Miguel Alemán (PRD) y luego se retiró.
La fundación 5 de Septiembre la constituyó Jackson el 25 de julio de 2007 y él mismo la preside.
En tanto, su esposa, Yuri Brown de Jackson, es la vicepresidenta. Además, ella también aparece en la planilla de la Asamblea Nacional como promotora comunal, con un salario mensual de mil 950 dólares.
´LA FINCA DE ABRAHAM´
En el corregimiento de La Trinidad, distrito de Capira, se construye un proyecto agroturístico rodeado de un alto muro de concreto, cuya gran extensión evidencia las dimensiones del terreno e impide ver sus amplias zonas verdes y otras facilidades.
La finca está ubicada sobre una colina, a 25 minutos en automóvil desde la carretera Interamericana, entrando por La Arenosa. Desde noviembre pasado, cuando se registraron las inundaciones en el sector oeste de la capital, este proyecto ha sido tema de conversación entre diputados oficialistas.
La razón de ello es que un canal de televisión local mostró vistas aéreas del lugar durante la cobertura de las inundaciones, ignorando que su dueño es Abraham Martínez.
DIPUTADO CONFIRMA
En enero pasado, La Prensa abordó a Martínez sobre las “partidas circuitales” y los 2.7 millones de dólares que le transfirió el Ejecutivo, al poco tiempo de haber renunciado al PRD.
En la entrevista –en la que dijo que lo único que recibió fue un “trato igualitario” a los oficialistas– también respondió preguntas sobre su proyecto y que varios de sus colegas –fuera de grabación– describen como un minihotel, cuyo dueño es él.
“¿Hotel? Es una barbaridad... ¿Quieres ir? Te llevo cuando tú quieras”, reaccionó con una sonrisa de incomodidad. “Cuando quieras te llevo”, insistió.
Se trata –explicó– de un proyecto para hacer agroturismo y que implica construir siete habitaciones con una alberca en el medio.
“Tengo una empresa dedicada a la actividad agrícola... La ganadería tiene sus altas y sus bajas, y una forma de buscar otras fuentes de ingresos alternativos es el agroturismo”, sostuvo.
A pesar de que Martínez reconoció ser quien desarrolla el citado proyecto, semanas después se distanció no solo de esta obra, sino de los cuatro apartamentos que compró a través de su fundación (Ver: Martínez cambia su versión...).
Este medio visitó el lugar y conversó con los lugareños. “Mi hermano trabaja allí y eso es de Abraham...”, afirmó una joven mientras caminaba, refiriéndose al proyecto.
´arreglo de pago´
En el Municipio de Capira, la persona que tramitó el permiso de construcción provisional del proyecto fue Hildaura Vergara Jiménez.
“Ella [Hildaura] tramitó los permisos y nos dijo que era la tía del diputado Abraham Martínez, y que venía de parte de él”, informó el alcalde de Capira, Iván Saurí. Además, dijo que los documentos que reposan en su entidad dan cuenta de que este proyecto está sobre tierras nacionales.
Saurí también reveló que la construcción está en “arreglo de pago” porque hubo un tiempo en que su propietario dejó de pagar los respectivos impuestos.
En tanto, información del Registro Público dice que en el corregimiento de La Trinidad –donde se ubica el proyecto– la esposa del diputado Martínez (Alina Pupo de Martínez) compró en 2006 una finca de 21 hectáreas y, a su vez, celebró contratos de préstamos agropecuarios con el Banco Nacional de Panamá (BNP).
SIN ESTUDIO AMBIENTAL
Por tratarse de una finca agroturística, en la que se realizarían trabajos de remoción de tierra, se necesita un estudio de impacto ambiental (EIA).
El artículo 16 del Decreto Ejecutivo 123 de 2009, por el cual se reglamenta el capítulo II de la Ley 41 General del Ambiente, señala que “las cabañas, hostales, hoteles y residenciales turísticos” requieren de un EIA.
Tras una consulta de este diario, a fin de certificar la existencia o no de un EIA, Giselle Rivas, funcionaria de la Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá oeste, inspeccionó el proyecto.
Rivas explicó que uno de los trabajadores –José Celestino Herrera– le informó que se trataba de una casa y que el dueño es el diputado Martínez, quien visita el lugar los fines de semana, tal como lo constató este medio en enero pasado.
LAS HIPOTECAS
En el primer contacto con este diario, el diputado aseguró que actualmente tiene cuatro hipotecas con el Banco Nacional de Panamá (BNP) para financiar su actividad agrícola.
Sin embargo, según el Registro Público, Martínez tiene tres fincas hipotecadas con el BNP, todas ubicadas en el distrito de Capira.
“Mi casa, donde vivo, está hipotecada, y está en garantía para los préstamos de mis propiedades... Soy un empresario que ha puesto en riesgo todo”, apuntó.
Martínez mantiene contratos de préstamos agropecuarios garantizados con hipotecas sobre bienes inmuebles en los que su esposa aparece como garante.
El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Miguel Fanovich (Molirena), arremetió ayer contra el empresario y fundador del diario La Prensa, I. Roberto Eisenmann Jr., durante el período de incidencias en el pleno legislativo.
Fanovich reaccionó tras la publicación en este medio de una investigación periodística que reveló que tanto él como Jonathan Aguilar, un joven que pretende ser representante de corregimiento de David (Chiriquí) por el Molirena –y que cuenta con el apoyo de Fanovich– hacen proselitismo político entregando lámparas solares de mano del Programa de Ayuda Nacional (PAN), compradas con recursos del Estado.
“Mi casa es la misma que hace 30 años; mis cuentas bancarias no han crecido; no soy un Al Capone ni un evasor de impuestos, como muchos que se han enriquecido y que gracias a ellos tenemos la mala distribución de las riquezas, como ese Eisenmann, que hizo Coronado y que hace poco está acusado hasta en la DGI (Dirección General de Ingresos) por cobrar por un supuesto cuido de caballos y ni siquiera pagó los impuestos”, dijo en tono airado Fanovich.
Agregó que eso sí debe ser sometido a una auditoría. “Eso llevó a la cárcel a Al Capone. Nuevos Vitos Corleones [sic] tenemos en este país, que utilizan los medios de comunicación para destruir la honra de los panameños. Hemos visto cómo han atacado al señor Presidente [Ricardo Martinelli], pero ellos no son quiénes para tirar la primera piedra, porque tienen la viga en el ojo, comen jamón, comen filete, pero no quieren que le den al pueblo algo”.
Expresó que gracias “a los Eisenmann y los abusos de los malos empresarios”, Panamá tiene un crecimiento económico [pero] una mala distribución de la riqueza.
Fanovich reconoció que sí entregó paneles solares a una iglesia evangélica y que no puede negar que fue una solicitud que le hicieron. “Nosotros hacemos el trabajo para atender las necesidades básicas y prioritarias de las comunidades. Yo soy transparente, señor presidente, yo me someto a una auditoría pública...”, dijo. Aseguró que hay políticos de otros partidos que lo están atacando y que se beneficiaron de consulados, engañaron a su pueblo, utilizaron varias partidas y no quieren que sean investigados. “Están atacando a gente honesta y trabajadora con mentiras que no tienen un sustento de una prueba sumaria...”. Por su parte, Eisenmann manifestó que le tiene sin cuidado lo que hayan dicho de él, porque el problema está en lo que hacen los diputados con los fondos del Estado. “Me tiene sin cuidado lo que el diputado haya dicho de mí [...] nadie puede acusarme de haber dejado de pagar impuestos. En estos momentos, jurídicamente, esos casos están bajo ataque por parte nuestra. Además, no se ha dado ninguna decisión jurídica de los estamentos del sector judicial”, dijo.
Autor: Gustavo Aparicio O.
Dos semanas después de dar una entrevista a La Prensa en la que ofreció repetidamente hacer un recorrido con este medio a su finca para “echar por tierra” las versiones que dan cuenta de que se construye un “minihotel” en Capira, el diputado oficialista Abraham Martínez cambió su versión.
“No es de mi interés discutir mi vida con usted ni con el diario La Prensa. Si tiene pruebas de su aseveración de esas propiedades que usted me adscribe [sic] como mías, preséntelas”, advirtió Martínez en un correo electrónico.
“Puedo decirle que me es un tanto risible, por decir lo mejor en sentido del humor, su absurda pregunta que mereció las absurdas repuestas que le di [sic]. Usted se comportó de manera irreverente, ofensiva e irrespetuosa dentro de los valores de conducta ética y profesionalismo que yo tengo, que salta a la vista que usted no conoce”, sostuvo.
A su vez, indicó que “no recibirá de mí ninguna respuesta a través de otra entrevista” y acusó a La Prensa de mentir para lograr la entrevista.
“Lo invito que presente la denuncia en las instancias legales de investigación que correspondan. Por mi parte, tomaré las providencia que su publicación amerite para salvaguardar mi honor, moralidad y la de mi familia”, concluyó el diputado “tránsfuga”.
La Fiscalía Primera Anticorrupción solicitó al Órgano Judicial una prórroga para continuar con la investigación que se le sigue al hoy exdirector del Programa Ayuda Nacional (PAN) Giacomo Tamburrelli por delitos contra la administración pública, tras supuestos malos manejos administrativos.
El Ministerio Público informó que la solicitud fue realizada a finales de marzo por la fiscal Rosa Elvira de Contreras, debido a que se venció el término para investigar y en el expediente quedan diligencias pendientes. La fiscalía ya inspeccionó una carretera construida con recursos del PAN en Los Santos durante la gestión de Tamburrelli, entre julio de 2009 y agosto de 2012, y que solo habría beneficiado a su suegro.
Sin embargo, la fiscalía espera el informe de la Contraloría General sobre los contratos de las obras aprobadas en la administración de Tamburrelli, para comparar los números de estos acuerdos con una serie de pruebas anexadas a la denuncia interpuesta en octubre de 2012 por el diputado panameñista Grimaldo Córdoba.
Elio Núñez
