Al menos 10 funcionarios del gobierno del presidente de la República, Laurentino Cortizo, deben responder a investigaciones penales, desde que inició la pandemia, en marzo de 2020.
Uno de los casos que causó mayor revuelo fue el de las irregularidades en el manejo de bolsas de alimentos del programa Panamá Solidario.
Más de 500 bolsas destinadas a personas afectadas por la Covid-19 fueron encontradas en casa de Julio Caballero, un funcionario del Ministerio de Obras Públicas (MOP), en junio pasado.
La Fiscalía Anticorrupción imputó cargos por los presuntos delitos contra la administración pública a Caballero, Rodolfo Chamorro y Julio Palacios, también del MOP, con salarios de $4 mil, $1,500 y $1,000 al mes, respectivamente. El otro involucrado es Juan Carlos Brin, coordinador de planes y programas del Ministerio de la Presidencia, con sueldo de $2 mil 200.
El Ministerio Público (MP) allanó la casa de Caballero en San Francisco y llevó a cabo una inspección ocular en el Ministerio de la Presidencia, que dirige el vicepresidente José Gabriel Carrizo, responsable de Panamá Solidario.
Actualmente, ninguno ejerce funciones públicas y tienen medidas cautelares de notificación periódica.
Abuso en albergues
Tras una serie de denuncias por presuntos abusos físicos, sexuales y psicológicos en albergues bajo responsabilidad de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), el MP acusó en mayo pasado a Michael Olson, exdirector de protección de la entidad, por presunto maltrato a menores. Su vinculación al caso se da por la labor en la Senniaf cuando la actual gobernadora de la provincia de Panamá, Carla García, ejercía como subdirectora de esta entidad. El caso data de mediados de 2020 y guarda relación con el traslado de menores de edad al Refugio Vida Libre, que atiende a adultos con adicciones a las drogas, uno de los cuales habría abusado sexualmente de un adolescente.
Cuando estalló el escándalo de la Senniaf y Cortizo nombra gobernadora a García, Olson se va con ella a la gobernación, como asesor, con un salario de 2 mil 800 dólares. El Ministerio Público le mantiene las medidas cautelares de impedimento de salida del país y notificación semanal.
Negocio de esposos
Uno de los escándalos más recientes ha sido el de Leonardo Labrador y su esposa Ana Lorena Chang, exjefe Nacional de Epidemiología y exdirectora Regional de Salud Pública, respectivamente, en el Ministerio de Salud (Minsa).
Ambos son señalados luego de que se conociera que son directivos de la sociedad A&L Medic, que bajo el nombre comercial Sermedic, hacía hisopados a los viajeros en el muelle de Amador, donde se abordan las naves con destino a las islas del golfo de Panamá.
La Fiscalía Anticorrupción tiene una semana recopilando información para sustentar la comisión de posibles delitos, como tráfico de influencias o uso de información privilegiada.
Corrupción en la ATTT
Otro caso que investigan los fiscales y que involucra a dos funcionarios es la venta de certificados de operación de taxis que otorga la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).
Se trata del exasesor legal de la ATTT, Rodolfo Mena, con salario de $3 mil. En el caso también es investigada Dionisia Moreno, de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).
En una audiencia de imputación, un tribunal de garantías ordenó la detención preventiva de ambos, así como la separación de sus cargos. El MP los vincula a la presunta comisión de los delitos de corrupción de servidores públicos. En concreto, les acusa de vender cupos entre $4 mil y $12 mil, cada uno.
Sus abogados apelaron la medida cautelar, petición que se ventilará el próximo 1 de septiembre ante el Tribunal de Apelaciones.
En julio de 2019, Rubiela Pitano, recién designada directora general de la Secretaría Nacional de Discapacidad, presentó su renuncia al cargo luego que el MP solicitara una audiencia de imputación por supuesto mal manejo de planillas del exdiputado del Partido Revolucionario Democrático, Rubén De León, entre 2016 y 2017. Este caso fue elevado a causa compleja y aún está en investigación, debido a que los tiempos judiciales se prorrogaron por la pandemia.
