El gobierno transitorio de Bolivia presentará una demanda ante un tribunal de La Haya contra Evo Morales por “crímenes de lesa humanidad” cometidos durante la crisis política y social que sacudió el país, anunció ayer el ministro de Gobierno (Interor), Arturo Murillo, sin precisar en qué corte lo hará.
“Luego de la querella por delitos de sedición y terrorismo [que tramita la fiscalía boliviana], en los próximos días se presentará otra demanda, por crímenes de lesa humanidad en La Haya”, dijo Murillo a la radio oficial Patria Nueva.
La Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, es el órgano judicial independiente con competencia para juzgar a individuos acusados de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Arturo Murillo, ministro de Gobierno (Interior)
“Recomendamos a aquellos extranjeros que están llegando [...] a tratar de incendiar el país, que anden con cuidado. Los estamos mirando, los estamos siguiendo ”.
Morales, quien dimitió el pasado 10 de noviembre, tras perder el apoyo de las Fuerzas Armadas y en medio de una convulsión social, es investigado por un audio en el que una voz –que el gobierno asegura es del exmandatario– llama a cercar las ciudades y cortar el suministro de combustible y alimentos.
El exmandatario, que gobernó el país durante casi 14 años, “debe responder ante la justicia por lo que ha hecho y está haciendo, además de sus cómplices que tienen participación en los luctuosos hechos que vivieron los bolivianos”, agregó Murillo.
Bolivia se vio sacudida por violentas manifestaciones que dejaron al menos 33 muertos tras las elecciones del 20 de octubre que dieron como ganador a Morales y que luego fueron anuladas, por las “graves” irregularidades que reportó una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que efectuó una auditoría del proceso.
Morales, ahora asilado en México, denunció el miércoles que Interpol lo estaba buscando en América del Sur, “por delitos que no existen”.
El fiscal de La Paz, William Alave, confirmó luego que Interpol “ha activado esta notificación azul, lo que significa que esta persona está siendo investigada”. Sin embargo, el fiscal general, Juan Lanchipa, lo desmintió.
Mientras, Murillo se hizo eco de protestas públicas de sectores de derecha sobre la presencia en el país de un grupo de activistas de derechos humanos que llegó el jueves, encabezado por el argentino Juan Grabois, referente de los movimientos sociales de su país. “Que anden con cuidado”, advirtió.
