Un cambio efectuado en marzo de 2021 a la Ley 66 de 2015 de descentralización, dio luz verde a los gobiernos locales para que en 2022 puedan seguir usando fondos del Impuesto Único sobre Bienes Inmuebles (IBI) originalmente destinados a obras comunitarias, para gastos de administración.
Se trata de la Ley 202 de 19 de marzo de 2021, publicada en la Gaceta Oficial 29246. Esa modificación fue impulsada por el diputado perredista y exrepresentante de corregimiento, Jairo Bolota Salazar. La norma en cuestión dice que durante la vigencia fiscal del año 2021, los municipios podrán destinar el 100% de los saldos remanentes, tanto de funcionamiento como de inversión, que reciban en concepto del impuesto de inmuebles, incluyendo todos los saldos no comprometidos en los años fiscales 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, para gastos de funcionamiento municipal.
Añade que si finalizada la vigencia fiscal de 2021 existieran remanentes de funcionamiento de las vigencias fiscales señaladas en el párrafo anterior, los gobiernos locales podrán utilizarlos para financiar partidas de funcionamiento de la vigencia fiscal 2022.
Ejecutivo y Legislativo avalaron a ediles y alcaldes uso de fondos
En medio de la pandemia por la Covid-19 se ha modificado, al menos dos veces, la Ley 66 de 2015 que, a su vez, modifica la Ley 37 de 2009, la cual descentraliza la administración pública, para permitir que los gobiernos locales puedan usar fondos del Impuesto Único sobre Bienes Inmuebles (originalmente destinados a obras comunitarias) para gastos de funcionamiento.
Todo esto contó con el aval del Ejecutivo y del Legislativo, el silencio de la Contraloría y el lobby de los propias autoridades locales.
El más reciente cambio se concretó en marzo del 2021, cuando la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley que establece que el monto asignado en concepto del impuesto de inmueble a los gobiernos locales podrá destinarse en un máximo de 10% a gastos de funcionamiento del municipio, pero en los municipios semiurbanos y rurales la cifra podrá aumentar hasta un máximo de 25%.
También señala que “durante la vigencia fiscal del año 2021 los municipios podrán destinar el 100% de los saldos remanentes, tanto de funcionamiento como de inversión, que reciban en concepto del impuesto de inmuebles, incluyendo todos los saldos no comprometidos en los años fiscales 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, para gastos de funcionamiento municipal”.
Esa norma también establece que si finalizada la vigencia fiscal de 2021 existieran remanentes de funcionamiento de las vigencias fiscales señaladas en el párrafo anterior, los gobiernos locales podrán utilizarlos para financiar partidas de funcionamiento de la vigencia fiscal 2022.
El proyecto fue presentado por el exconcejal colonense y actual diputado Jairo Bolota Salazar y sancionado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, a través de la Ley 202 de 19 de marzo de 2021 (Gaceta Oficial 29246).
Ya en 2020, casi al inicio de la pandemia, Salazar, a la sazón presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea, había logrado pasar la Ley 155 del 15 de mayo de 2020 (Gaceta Oficial 2902), donde se dice casi lo mismo.
Al aumento de las planillas de los municipios también se le dio sustento legal en la última reforma. Se determinó que por la condición de la emergencia decretada por el Gobierno nacional mediante Resolución del Gabinete 11 de 13 de marzo de 2020, los municipios podrán contratar personal transitorio, previo acuerdo municipal.
Esto, según la ley, permitirá a los municipios contratar mano de obra para realizar labores específicas que mitiguen los problemas y situaciones de urgencia durante y después del periodo de emergencia, bajo una remuneración que no exceda el salario mínimo establecido por ley.
Pese a la existencia de estas normas, las autoridades locales han insistido en que no se usan fondos de la descentralización en funcionamiento. El último pronunciamiento al respecto lo hizo Francisco Vigil, administrador de la Autoridad de Descentralización, el 20 de enero pasado, tras reunirse con el contralor Gerardo Solís. “Tampoco es correcto decir que los recursos de la descentralización se están usando en esas movilizaciones y otros gastos”, dijo Vigil, quien se jactó de conocer el tema debido a que fue alcalde de David por 15 años.
Estas afirmaciones, sin embargo, no están respaldadas con informes de gastos de los gobiernos locales.
