Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, capturados ayer en Guatemala a solicitud de Estados Unidos (EU), enfrentan cargos por presunta conspiración para lavar dinero en una corte en Nueva York y ahora enfrentan su posible extradición a ese país.
Los dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal habrían participado como “intermediarios” en pagos de sobornos por $28 millones, “bajo la dirección de Odebrecht”. Los dineros habrían beneficiado a un servidor público panameño, cuyo nombre no está anotado de momento en la acusación estadounidense, pero que es descrito como “un oficial con un altísimo cargo en el gobierno panameño” entre 2009 y 2014 -periodo que corresponde al mandato presidencial de Martinelli Berrocal- y, además, “familiar cercano” de los dos acusados.
En Panamá, el expresidente y sus dos hijos son requeridos para indagatoria por la Fiscalía Especial Anticorrupción, que desde el 2017 investiga los sobornos que Odebrecht pagó en el país.
La acusación en Estados Unidos fue presentada el 20 de junio pasado al juez Robert M.Levy, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, por el agente especial Michael Lewandowski, del Federal Bureau of Investigation (FBI), quien solicitó mantener sellados, “hasta segunda orden”, todos los documentos ligados a este caso, porque contenían detalles de “investigaciones criminales en curso, desconocidos para algunos de los investigados”. El agente advirtió al juez que “no todos los acusados serían detenidos al mismo tiempo” y que los dos hijos del expresidente se encontraban en ese momento en libertad. No obstante, la información sí fue compartida parcialmente con algunas agencias extranjeras e Interpol, y el Departamento de Justicia estadounidense reconoció ayer la ayuda significativa de las autoridades de Guatemala y El Salvador.
Finalmente, la acusación se conoció anoche, horas después de la captura de Ricardo Alberto y Luis Enrique en el aeropuerto internacional de La Aurora, en Guatemala, en momentos en que se disponían a abordar un vuelo privado a Panamá.
Cada uno enfrenta un cargo de conspiración para lavar dinero, según informó anoche el Departamento de Justicia estadounidense, en un comunicado. Los pagos -según consta en la acusación de Lewandowski- habrían ocurrido entre agosto de 2009 -un mes después de la toma de posesión de Martinelli Berrocal como gobernante- y enero de 2014, y se habrían canalizado a través del manejo de cuentas bancarias “secretas” a nombre de sociedades fantasma (en inglés denominadas “shell companies”) en jurisdicciones extranjeras.
Lea aquí la acusación presentada en la Corte del Distrito Este de Nueva York
“Estas cuentas bancarias secretas fueron utilizadas para recibir, transferir y entregar pagos de sobornos”, señaló el Departamento de Justicia.
La acusación también menciona la apertura de cuentas bancarias en Suiza entre 2009 y 2012, “con el propósito de recibir y posteriormente transferir y entregar pagos de sobornos de Odebrecht en beneficio del funcionario de gobierno de Panamá”.
Los acusados sirvieron como firmantes en algunas de las cuentas bancarias, y personalmente enviaron transferencias a través de esta “estructura”, diseñada para ocultar los presuntos sobornos, según las autoridades estadounidenses. La mayoría de estas transacciones se realizaron en moneda y a través de bancos estadounidenses.
Lea aquí la traducción de la nota del Departamento de Justicia de Estados Unidos
De los $28 millones pagados en sobornos; $19 millones fueron transferidos utilizando cuentas en bancos corresponsales en Estados Unidos, dos de ellos en Nueva York.
El 21 de diciembre de 2016, Odebrecht alcanzó un acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, en el que reconocía el pago de $700 millones en sobornos; de esa cantidad, al menos $59 millones fueron pagados en Panamá entre 2010 y 2014, a cambio de la concesión de contratos de infraestructura pública.
En Guatemala
Anoche, Ricardo Alberto y Luis Enrique fueron conducidos ante un juzgado en Guatemala, donde serían informados formalmente sobre la solicitud de extradición de Estados Unidos. Ambos fueron capturados cerca de las 11:30 a.m. de este lunes, en el aeropuerto La Aurora, en momentos en que se disponían a abordar un vuelo privado con destino a Panamá. El avión que esperaban no es otro que la nave con matrícula N799RM, propiedad de Martinelli Berrocal, y que llegó a Guatemala ayer mismo, a la 1:12 p.m. El avión regresó a Albrook el mismo día, a las 5:04 p.m., solo con el piloto y sin pasajeros.
Hasta el cierre de esta edición, los dos hermanos Martinelli Linares se encontraban ante el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal Narco Actividad y Delitos Contra el Ambiente.
Se desconoce cuándo llegaron a Guatemala, pero un vocero de la Policía de ese país dijo que los hermanos estaban bajo “vigilancia y seguimiento” desde el pasado 30 de junio. Según el diario La República, ingresaron al país con pasaporte ordinario y de manera “irregular”, sin precisar si fue por cielo, mar o tierra. “Los sujetos violaron las restricciones de ingreso”, según autoridades citadas por el diario guatemalteco.
Hace dos semanas, Luis Enrique -que se fue de Panamá el 16 de octubre de 2015- había solicitado ingresar por Albrook o Río Hato, junto a su esposa y dos hijas. Como la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) prohibió los vuelos de pasajeros, como parte de las medidas de contención de la pandemia del coronavirus, el ingreso al país solo podía ser a través de un vuelo humanitario, con previa autorización gubernamental. La AAC sugirió que que la aeronave N799RM realizara ese vuelo humanitario el 6 de julio (es decir, ayer). El trayecto original sería Albrook-Honduras-Albrook. Así incluso se lo informaron al procurador de la Nación, Eduardo Ulloa, el pasado viernes 3 de julio.
Pero ese mismo día, se le informó al director de la Policía Nacional Civil de Guatemala sobre la solicitud de detención, con fines de extradición, de Estados Unidos, donde los hermanos se habían instalado los últimos cinco años.
El 20 de noviembre de 2018 fueron detenidos en Coral Gables, Miami, Florida, porque -aunque habían ingresado legalmente al país- ya no tenía visa vigente. Después de dos semanas en un albergue migratorio, un juez de esa jurisdicción les otorgó una fianza de excarcelación a cada uno, por $1 millón. El caso fue declarado confidencial y se desconoce finalmente cómo fue resuelto el asunto, pero los hermanos ni fueron deportados ni fueron extraditados a Panamá, pese a ser requeridos para que respondieran en dos investigaciones por presunto blanqueo de capitales, ligados a sobornos pagados por contratistas del Estado: Odebrecht y Blue Apple.
Ricardo Alberto, de 40 años de edad, y Luis Enrique, de 38, portaban cartillas que los acreditaban como miembros del Parlamento Centroamericano (Parlacen), cuya sede está en Guatemala, y dijeron tener nacionalidad italiana-panameña. También llevaban cuatro celulares y una gran cantidad de dinero en efectivo en dólares, euros y otras monedas. Indicaron ser diputados suplentes del Parlacen y mostraron una cartillas diplomáticas de ese organismo, con fecha del 25 de julio de 2019. Mientras los agentes contaban el dinero, los hermanos conversaban con su abogado Juan Pablo Gutiérrez. Todo lo que llevaban, fue decomisado.
De haber llegado a Panamá, la extradición a Estados Unidos jamás se habría llevado a cabo, ya que la Constitución prohíbe que el país entregue a sus nacionales.
En Panamá, Ricardo Alberto y Luis Enrique son requeridos como imputados en los casos Odebrecht y Blue Apple, ambas investigaciones relacionadas al pago de sobornos de contratistas del Estado, durante el mandato de su padre. El expresidente también es investigado por las coimas de Odebrecht, pero no ha sido indagado porque presentó una incapacidad y una recusación contra las fiscales que llevan la causa.
Lea aquí: Martinelli no acude a citación por caso Odebrecht; su abogado dice que se extendió su incapacidad
El Segundo Tribunal Superior de Justicia concedió fianzas para evitar la detención de los hermanos Martinelli Linares, en suelo panameño. Por Odebrecht, la fianza es de $2 millones cada uno; por Blue Apple, es de $5 millones.
Luis Eduardo Camacho, vocero del exmandatario, dijo que la familia confía en que se resuelva la “situación jurídica” de los dos hermanos en Guatemala, para que puedan continuar su viaje a Panamá.
En tanto, Carlos Outten, diputado del Parlacen, reclamó que se respete la “inmunidad” de la que -según él- goza su suplente, Ricardo Martinelli. Luis Enrique es suplente de Héctor Valderrama. Se desconoce cómo o cuándo tomaron posesión de dichos cargos. Glenda Sánchez, del diario La República, informó en Radio Panamá que la Policía Nacional del Centro Antipandillas confirmó que esos documentos “no eran verídicos”.
