El consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que construyó el tercer juego de esclusas, presentó el pasado 15 de octubre una demanda consolidada del arbitraje de perturbaciones, mediante la cual reclama el pago aproximado de $3 mil 586 millones.
Adicionalmente, el consorcio en el cual participa Sacyr, Webuild (antes Impregilo) y Jan De Nul, reclama intereses, costos y gastos legales del proceso arbitral, y 744 días de extensión en la ejecución de las obras.
Además de este reclamo, que recoge todo lo que el contratista cree que debía añadir; en otro reclamo, el consorcio pidió a un tribunal la anulación de los laudos que favorecieron a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en el arbitraje de concreto, agregados, laboratorios y fallas.
En septiembre de 2020, la ACP informó que GUPC y sus accionistas, excepto CUSA, habían presentado cinco arbitrajes bajo el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional, en Miami.
De estos, tres se habían decidido a favor del Canal: el arbitraje de la ataguía del Pacífico; el arbitraje de los anticipos; y el arbitraje del concreto, agregados, laboratorios y fallas. Están en proceso dos: el de compuertas y el de perturbaciones.
Para hacerle frente a estos reclamos, la ACP mantiene en ejecución contratos de servicios legales y de apoyo técnico. El contrato con CH2M Hill Panamá S. de R.L., por $13.4 millones, vence el 16 de agosto de 2022; mientras que el contrato de asesoría jurídica con Vinson & Elkins RLLP, por $82.5 millones, concluye el 19 de diciembre de 2021.
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