Hospital modular ha atendido a 1,739 personas en 18 meses

Un total de mil 739 pacientes con la enfermedad Covid-19 ingresaron al Hospital Integrado Panamá Solidario —conocido como hospital modular—, ubicado en Albrook, corregimiento de Ancón, entre el 11 de junio de 2020 y el 13 de diciembre de 2021.

Así lo indica un informe del Hospital Integrado Panamá Solidario proporcionado por el Ministerio de Salud (Minsa) en el que se detalla que, en 18 meses de atención el 79.41% de los pacientes (mil 381) se recuperó y un 15.30% falleció (266). Actualmente hay 12 personas hospitalizadas.

El documento especifica que del total de pacientes atendidos, la mayoría (mil 141) son asegurados y el resto (598), no asegurados.

Este hospital cuenta con 100 camas, divididas en 80 de sala y 20 para cuidados intensivos; también dispone de tomografía y radiología convencional para darle el seguimiento a los pacientes que lo ameriten.

En medio de cuestionamientos, el 16 de abril de 2020 el Minsa recibió las llaves de este hospital, construido en un mes por la sociedad SmartBrix Centroamérica, con la que el Ministerio de Obras Públicas pactó un contrato de $6.9 millones. Sin embargo, el contrato del Hospital Integrado Panamá Solidario fue aprobado en septiembre, cinco meses después, tras concluir un supuesto periodo de consulta ciudadana sobre la obra —que no lo establece la ley—, propuesto y desarrollado por la Contraloría General de la República.

El refrendo se dio a pesar de que el análisis de los montos por parte de la propia Contraloría detectó un posible sobrecosto de más de medio millón de dólares, y de que organizaciones de la sociedad cuestionaron el proceso y pidieron a la entidad no avalar el contrato.

Además, la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación por posible delito contra la administración pública en el proceso de contratación del hospital modular por $6.9 millones. En julio pasado, la fiscal Anilú Batista ordenó archivar provisionalmente este caso, tras concluir que no se configuraron los delitos de peculado y fraude en contrataciones del Estado.