La Fiscalía Especial Anticorrupción investiga dos jornadas de vacunación clandestina en las que, al menos, 32 personas fueron inoculadas con viales presuntamente contra la Covid-19, cuya convocatoria se efectuó a través de contactos en la aplicación WhatsApp.
Así lo dio a conocer la fiscal especial Ruth Morcillo durante una audiencia en la que se imputó cargos y se ordenó la detención de Matías Pérez Escudero, señalado como la persona que gestionó las convocatorias y vacunó a las 32 personas.
La primera jornada, de acuerdo con las investigaciones, se produjo el 1 junio, cuando Celine Gazal de Esses contactó a 15 personas para ser vacunadas en el apartamento 43 del edificio Pacific Point, en Punta Pacífica.
Y la segunda jornada fue el 7 de junio, cuando Denisse Vega convocó al personal de la empresas Vidatec y Cordón de Vida al edificio Coco del Mar Suites. Según la fiscal, del celular de Pérez Escudero surgieron múltiples mensajes para las vacunaciones. Además, que un auto rentado a su nombre aparece en las vistas de La Prensa del 7 de junio en Coco del Mar.
Detenido en vacunación ilegal pide protección
Matías Pérez Escudero, el único detenido por el escándalo de las vacunaciones clandestinas, solicitó ayer al Ministerio Público que se le dé protección, ya que, según dijo, ha recibido amenazas y teme por su integridad física.
Durante la audiencia celebrada ayer en la sede del Primer Distrito Judicial de Plaza Ágora, Saúl Díaz, abogado de Pérez Escudero, aseguró que su cliente está dispuesto a seguir colaborando con la fiscalía, pero que requiere de protección, porque ha recibido amenazadas en reiteradas ocasiones.
Según Díaz, su cliente le dijo que hay otras personalidades que están implicadas en este caso de la vacunación y que él necesitaría protección para seguir hablando.
Durante la audiencia, el juez de garantías Adrián Hernández decretó la detención preventiva de Pérez Escudero por considerar que los delitos por los que se le acusa -estafa, falsedad ideológica y ejercicio ilegal de la profesión- son graves.
El juez Hernández dijo que en este caso la medida de arresto es procedente, ya que, además, existe el riesgo de destrucción de pruebas.
En tanto, fuentes ligadas a la investigación precisaron que Pérez Escudero, quien se identificó como chofer de una funeraria, fue investigado con anterioridad por estafa, y participó como voluntario en la prueba de algunas vacunas.
Las fuentes también dijeron que hubo un tercer evento de vacunación el pasado 29 de abril en el PH Pacific Village, en Punta Pacífica. Pero en la audiencia de ayer este caso no se mencionó.
Sí se habló de la participación de una persona identificada solamente como Arnold en las vacunaciones de Coco del Mar y Punta Pacífica, pero no se dieron mayores detalles de su vinculación.
El juez Hernández ordenó que los vacunados identificados en estas jornadas sean sometidos a una prueba de antígeno para determinar si, en realidad, fueron inoculadas con vacunas contra la Covid-19.
En la audiencia, la fiscal Ruth Morcillo precisó las vacunas aplicadas no corresponden a ningún lote de las usadas por el Ministerio de Salud (Minsa) para sus jornadas de vacunación. Informó que se ordenó un análisis de su contenido al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a fin de determinar de qué sustancia se trata.
Sin embargo, aún no se ha acreditado que las vacunas sean falsas o que lo que se les inyectó corresponda a algo parecido a “agua con “azúcar”, como han sugerido representantes del Minsa. De lo que sí hay claros indicios es que las tarjetas de vacunación fueron alteradas.
Morcillo informó que aún está pendiente la ubicación de otras personas implicadas en estos hechos.
La fiscalía analiza agregar cargos por peculado y delitos contra la saluda pública si se logra determinar alguna alteración en las vacunas aplicadas o si corresponden a otro medicamento.
Dijo que su despacho ha trabajado más de 72 horas de forma continua en esta investigación en la que se han solicitado informes al Minsa sobre el mecanismo de vacunación.
Estas pesquisas se iniciaron luego de que el pasado 8 de junio, el diario La Prensa presentara un reportaje en el cual daba cuenta de una jornada de vacunación clandestina en el edificio Coco del Mar Suite, propiedad de Denisse Vega, quien, según fuentes judiciales, también está colaborando en la pesquisa.
En esa ocasión, al menos 17 personas fueron citadas para la vacunación contra la Covid-19, por la que debían pagar la suma de $200.
Tras la publicación, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, acudió al Ministerio Público y presentó una denuncia.
Sin embargo, hasta ahora las autoridades no han podido establecer la procedencia de las vacunas o si las inoculaciones hechas contenían una sustancia diferente al de las vacunas contra la Covid-19.
