Por segunda vez, la audiencia preliminar del caso de corrupción conocido como Blue Apple fue postergada.
Un diputado es declarado no culpable de un delito sexual, porque la norma procesal exige una supermayoría.
Los cabecillas de la organización criminal Bagdad se evadieron del país antes de ser capturados por la fuerza de seguridad pública.
Adolfo Chichi De Obarrio no puede ser extraditado de Italia porque Panamá no ratificó el tratado de extradición con dicho país.
Todo lo anterior parece una conspiración contra la justicia. La existencia de reglas especialísimas que solo benefician a unos cuantos, contradice el espíritu de la democracia. Los viejos códigos legales y las nuevas normas están cargadas de limitaciones que impiden una real acción favorable a los intereses públicos.
Los bancos, firmas de abogados, empresas de auditorías que participaron en la facilitación de los actos de corrupción de alto perfil en Panamá siguen abiertos y funcionando plenamente, como si se tratara de una pequeña manzana podrida y no de toda una estructura de corrupción.
El Ministerio Público (MP) está rebasado para enfrentar conductas criminales tan masivas y de alcance sistémico que solo pueden tener un nombre: delitos del poder.
El MP panameño no cuenta con el presupuesto ni con la cantidad de investigadores especializados para cumplir mínimamente con todas las expectativas de la opinión pública.
Incluso, hay delitos tan grandes que el MP queda paralizado ante los mismos, enterrado en la lama por la falta de independencia política.
El Órgano Judicial panameño es el heredero de múltiples pecados originales. Las principales normas procesales que se aplican hoy en día, y sobre todo a los casos de corrupción de alto perfil, provienen de la dictadura militar. Mientras que el Código Procesal Penal y la Ley 121 de 2013, sobre delincuencia organizada, se quedaron huérfanas ante una Corte Suprema de Justicia mezquina y un poder político arrogante, que solo asigna migajas del presupuesto a la justicia.
En el gobierno de Juan Carlos Varela se designó a dos magistrados de la Corte Suprema, Ángela Russo y Cecilio Cedalise, cuya función ha sido darle viabilidad al laberinto de hidras y quimeras que domina el palacio Gil Ponce.
De los nombrados con anterioridad a ellos, solo se puede expresar el más profundo sentimiento de frustración por su presencia en los más altos estrados judiciales.
En lo que podría ser calificado como la mayor traición a la patria en tiempos recientes, la Corte Suprema nombró de a dedo a más de 900 funcionarios judiciales para implementar el Sistema Penal Acusatorio.
Igualmente, con el pretexto de la falta de recursos, la Corte evitó hacer concursos para los cargos judiciales, lo que nos ha dejado con tantos funcionarios interinos que hasta la jueza tercera liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, encargada de decidir los procesos más importantes, es interina. Eso significa que su cargo está al arbitrio de los supremos.
Las salidas institucionales a este mar de los Sargazos requieren de grandes pactos nacionales, irreales e imposibles en la actual coyuntura, ya que sería lo mismo que pedirle a Alí Babá y los 40 ladrones que aceptaran medidas más draconianas contra el crimen.
Una solución menos traumática, pero quizás más polémica y tal vez por ello más positiva, sería la de constituir una comisión internacional para erradicar la impunidad en Panamá (CINERIP). Que se dedique los próximos 10 años a analizar cada uno de los fallos, expedientes e investigaciones de corrupción de alto perfil, las complete cuando sea posible, las critique cuando sea necesario, y examine el historial y el patrimonio de magistrados y diputados, presidentes y procuradores, para someterlos a un examen riguroso, que aquí no somos capaces hacer y que, al parecer, no nos interesa realizar.
