Luego de hacer campaña para el actual presidente de la República en redes sociales, influenciadores con cientos de miles de seguidores ocupan cargos públicos en distintas entidades.
‘Influencers’ en la política, una posible arma de doble filo
De competencias físicas en televisoras locales a funcionarios del gobierno. El fenómeno de los “influenciadores” (o influencers) que reciben contratos del Estado sigue causando cuestionamientos en duros términos a un gobierno golpeado por una planilla en crecimiento, incluso, en medio de la pandemia de la Covid-19, que ha impactado negativamente la economía nacional.
Sin embargo, la práctica de contratar a los influenciadores no es un invento panameño ni del gobierno de Laurentino Cortizo, aunque sí hay singularidades en el caso de Panamá. Durante la pasada campaña electoral, Cortizo estuvo acompañado en eventos masivos -como los carnavales y el cierre de campaña- de caras conocidas de la televisión panameña.
Jóvenes que participan en programas de gran audiencia en los canales nacionales acompañaron a Cortizo, posando con él en fotos con fines electorales, que luego estos compartían con sus miles de seguidores en sus cuentas personales de redes sociales. Durante los eventos, muchas veces estaban en tarima, dirigiéndose y animando al público, incluso, participaban de los videos promocionales que publicaba Cortizo en sus redes personales.
La “influencia” obtenida en el mundo de las redes, gracias a las decenas o cientos de miles de seguidores en redes -como Instagram o Twitter- se usó para hacer campaña política, movilizar a seguidores y presentarles sugerencias de voto. En varias de las publicaciones se usaban hashtags, como “Gancho al 1” (la casilla de Cortizo en la papeleta de votación), y “Uniendo Fuerzas”.
“Este 5 me levantaré tempraNITO para ejercer mi derecho. Panameño que me lees, vota a conciencia, vota por Panamá”, es el pie de foto de una publicación fechada el 2 de mayo de 2019, de Denisse Becerra, ex concursante de Calle 7, quien tiene 426 mil seguidores en Instagram.
Becerra, desde noviembre de 2019, labora como asistente administrativa en la Autoridad de la Pequeña y Mediana Empresas (Ampyme), con un salario de $1,500. Su caso está lejos de ser el único.
Dos parejas que salieron del mundo de los juegos televisivos están nombradas en la planilla del Estado. Se trata de Ana Paula de León y su pareja, Adrián Pérez, quienes acumularon miles de seguidores mientras participaban en varias de las temporadas de Calle 7, el programa de competencias físicas de TVN. Esta pareja está nombrada en la Asamblea Nacional (AN).
Ambos están contratados desde julio de 2019 -mes en el que tomó posesión el gobierno del PRD- en la planilla 002 de la AN. Pérez, con salario de $2 mil mensuales, y De León, de $1,800, como personal transitorio de diputado, aunque en el portal habilitado por la Contraloría aparecen nombrados en una de las comisiones de trabajo del Legislativo, sin precisar en cuál. Desde que fueron contratados, en suma, han recibido más de $37 mil dólares entre los dos.
De León y su pareja hicieron campaña para Cortizo en 2019. El 2 de mayo de ese año, después del cierre de campaña del PRD en la Vía España y dos días antes de los comicios, De León publicó una foto con su pareja. Usaban gorras de “Nito” y mostraban el uno con el dedo, presumiblemente refiriéndose a la casilla 1 de la papeleta de votación.
“Que lindo fue ver a tanta gente apoyando a @nitocortizo todos juntos por un solo propósito, que es ver un mejor Panamá lleno de oportunidades y sueños”, postearon en su cuenta.
Pérez no solo le hizo campaña a Cortizo con varias menciones, sino también al entonces candidato a diputado Roberto Ábrego (PRD), pues es votante en La Chorrera, en el circuito electoral de Ábrego. “Él será nuestra voz en la Asamblea”, publicitó Pérez en el pie de foto de uno de los mensajes a sus seguidores.
Caso similar es el de Delany Precilla y su pareja Paul McDonald, quienes han sido centro de controversias. Ambos participaron en el programa televisivo “Esto es Guerra”. Precilla labora en SerTV como presentadora. Precisamente, en la última semana ha publicado fotos desde la sala de producción del canal estatal de televisión.
Sin embargo, aparece en la planilla de la Presidencia como “asesor de comunicaciones”, con salario de $4 mil mensuales. Precilla, como presentadora, gana el mismo sueldo que la directora general del canal, Giselle González.
Además, su padre, Rodolfo Precilla, es el actual representante del corregimiento de Caimitillo, en Panamá Norte. Durante la campaña del año pasado, Precilla caminó con él por el corregimiento y éste fue electo el 5 de mayo por el Molirena.
McDonald -la pareja de Delany Precilla- no aparece en ninguna planilla gubernamental. No obstante, hay registro en el portal de seguimiento de pagos de la Contraloría de contratos refrendados por servicios profesionales en el Ministerio de Seguridad.
En diciembre de 2019 se refrendó un pago de $15 mil 867 a nombre de McDonald por un “contrato por servicios especiales”, entre julio y diciembre de ese año. Luego, en mayo de este año, se refrendó otro pago por el mismo monto. Según el documento de Contraloría, McDonald es asistente ejecutivo “con funciones en materia de imagen”. Brinda servicios para la Secretaría Nacional para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, bajo la gestión de Jorge Chambonet, quien ha promocionado las actividades de la Secretaría con la presencia del vicepresidente José Gaby Carrizo.
Vivir de Instagram y redes similares es un fenómeno del Siglo XXI cada vez más común. En Panamá, por ejemplo, se ve a personas con grandes cantidades de seguidores publicar patrocinios, amparados bajo convenios con empresas y marcas. Entre más interacción y retroalimentación tengan las páginas con los seguidores, más atractivo es para una marca o empresa “pautar” con ellos.
Muchas veces, el sistema de pago es a través de canje por servicios sin costo para el beneficiario o, en otros casos, el patrocinio incluye un pago por publicación.
Práctica mundial
En otros lugares del mundo, algunos gobiernos han optado por usar a los “influenciadores” para impulsar proyectos y campañas, que incluyen otros temas, como la salud. En Australia, por ejemplo, las autoridades sanitarias de ese país pagaron a “influenciadoras” en Instagram para que promocionaran una campaña para motivar a las mujeres a hacer ejercicio. En los pies de foto, las personas agregaban los sitios web gubernamentales.
Se calcula que se destinaron más de $300 mil a campañas de ese tipo. Incluso, esta práctica se criticó en ese país, pues era difícil para las entidades gubernamentales medir la eficacia de las campañas.
Un caso similar se dio en Indonesia, caso que fue criticado por organizaciones anticorrupción de ese país. En vez de tratarse de una campaña específica, el gobierno hacía pagos a “influenciadores” para que sutilmente promocionaran decisiones gubernamentales.
En Panamá, sin embargo, no se ven publicaciones posteriores a las elecciones, aunque muchos de los que trabajaron para hacer campaña política a través de sus miles de seguidores, aparecieron contratados como personal fijo o transitorio en distintas instituciones estatales, algunos con elevados salarios, sin que mediara una campaña para promocionar, sino como servidores públicos, en ocasiones, con tareas fuera de su área de experiencia.
